La baja de la edad de imputabilidad divide posturas en el Congreso

El Gobierno confirmó ayer su intención de impulsar cambios en el Código Penal para bajar a 15 años la edad de imputabilidad para delitos graves e instaló, en un Congreso cerrado por el receso estival y en el inicio de un año electoral, un tema que siempre fue un parteaguas entre oficialismo y oposición.

De hecho, el Senado aprobó durante la primera presidencia de Cristina Kirchner, en 2009, un régimen penal juvenil para menores de entre 14 y 16 años. Sin embargo, aquel proyecto nunca salió de la Cámara de Diputados por la resistencia del propio kirchnerismo, que jugarón así a contramano de la postura de los senadores, que habían apoyado la iniciativa.

Ahora, la anunciada propuesta de la administración de Mauricio Macri vuelve a dividir opiniones entre los que creen necesario adecuar la legislación y que consideran que ayudará a combatir la inseguridad y aquellos que la ven como una medida punitiva impulsada por el Gobierno como el inicio de su campaña electoral y para distraer la atención de otros problemas, como la situación económica.

"Es un tema que siempre estuvo en la agenda del Gobierno, no sé por qué se demoró tanto", afirmó el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (Pro-Capital), en diálogo con la nacion, mostrando su respaldo a la iniciativa.

En la misma línea se manifestó el diputado Luis Petri (UCR-Mendoza). "Tenemos un régimen de responsabilidad penal juvenil que data de 1980 y que es necesario reformularlo", afirmó. El mendocino también avaló la creación de una cámara judicial especializada en delitos graves cometidos por menores, que también propondría el Gobierno, al afirmar que es necesario "establecer jueces especializados" en la materia.

Las voces a favor no sólo se escucharon en el oficialismo. El presidente del bloque de diputados del peronismo no kirchnerista, Pablo Kosiner (Salta-Alternativa Federal), consideró "importante debatir un nuevo sistema penal juvenil". "La responsabilidad penal de los menores es un tema que debemos modernizar, no podemos seguir con un sistema totalmente obsoleto", afirmó.

Sin embargo, Kosiner mostró su discordancia sobre la oportunidad de la propuesta. "El tema de seguridad no es lo ideal tratarlo en un año electoral", aseguró el salteño en declaraciones radiales, tras lo cual destacó que el de la seguridad es una cuestión que "está al tope de la expectativas de los argentinos", por lo que, concluyó, "año electoral o no, hay que discutirlo".

Otro opositor a favor de la baja de edad de imputabilidad es el líder del bloque peronista del Senado, Miguel Pichetto (Río Negro). De hecho, el senador protagonizó en el verano del año pasado una promocionada reunión con el ministro de Justicia, Germán Garavano, en el que se habló del tema.

No obstante, y como lo hiciera en 2009 cuando la Cámara alta aprobó el proyecto que finalmente fracasó en Diputados, Pichetto apuesta por la sanción de un régimen penal juvenil integral.

El resto del arco opositor, y en particular el kirchnerismo, se manifestó en contra de la propuesta que impulsará el Gobierno, tal cual lo confirmó ayer la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich,

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La diputada Nilda Garré (FPV-Buenos Aires) calificó de "marketinera" la propuesta del Gobierno.

"Se quiere sobredimensionar el problema de la inseguridad; esto no es negar que existe, es grave y hay que darle solución; pero no se resuelve con medidas efectistas ni marketineras", aseguró la ex ministra de Defensa, quien consideró la iniciativa como parte del "proceso de bolsonarización del discurso" del Gobierno, en alusión al flamante presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

También se manifestó en contra el diputado Felipe Solá (Red por Argentina-Buenos Aires), quien consideró que un gobierno que impulsa la baja de edad de imputabilidad "pierde autoridad moral para hablar de la adolescencia", al tiempo que deja de lado su responsabilidad sobre la educación de ese sector etario de la sociedad.

"El Gobierno sabe que ha aumentado la inseguridad de una manera importante, pero no se publican los datos de muertes violentas por cada 100 mil habitantes por año, que es la forma estándar en el mundo de medir la inseguridad", se quejó el diputado filokirchnerista.

Desde el mismo espacio, el diputado Leonardo Grosso criticó la visión punitiva, en vez de apostar por la prevención, que en materia de seguridad tiene el Poder Ejecutivo. "La política de Macri y Bullrich es meterlos presos antes que preocuparse por su alimentación y porque tengan una niñez digna", sentenció el legislador que integra el Movimiento Evita.

Por último, desde la izquierda se vinculó la propuesta con una derechización del Gobierno de cara a las elecciones presidenciales de este año.

"Es el lanzamiento de una campaña electoral a lo Bolsonaro", aseguró el ex dipuitado Néstor Pitrola, quien relacionó la iniciativa con "la introducción de las armas Taser y la medida de la deportación de mil extranjeros".