La cadena nacional, una herramienta de campaña

Por José CrettazEspecial para lanacion.com
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21 de junio de 2011  • 21:47

La presidenta Cristina Kirchner decidió usar la cadena nacional para anunciar su nueva candidatura presidencial. Para cumplir con las formalidades, se anunciaron algunas medidas de gobierno, como la licitación de nuevas frecuencias y el plan TV para todos, mediante el cual se venderán televisores con créditos subsidiados.

De la etapa democrática iniciada en 1983, la administración Kirchner ha sido la más afecta al uso de la cadena nacional, que obliga a los medios privados a retransmitir el canal oficial. Hasta la ley de medios sólo los canales abiertos (que usan espectro radioeléctico) estaban obligados. Ahora, la obligación también alcanza a canales periodísticos y de noticias. Durante el anuncio presidencial, doce de los 15 primeros canales de la televisión paga en Capital Federal (todos los abiertos y las señales periodísticas) retransmitieron la televisación oficial.

Según la ley de servicios de comunicación audiovisual, "el poder ejecutivo nacional o los poderes ejecutivos provinciales podrán, en situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional, disponer la integración de la cadena de radiodifusión nacional o provincial, según el caso, que será obligatoria para todos los licencitarios". Esa disposición está en el artículo 75, el único que se refiere a la cadena nacional en la nueva ley que regula los medios audiovisuales.

En el decreto 1225 que reglamentó la ley, se agregó el siguiente detalle: "Considéranse incluidos en la obligación de difusión de la cadena nacional a las señales nacionales inscriptas como de género Periodísticas/Noticias, en los Registros regulados por la presente reglamentación. La transmisión de la cadenas nacionales, provinciales o municipales deberá ser realizada en forma íntegra, sin alteraciones, cortes, sobreimpresos u otros agregados".

Las nuevas disposiciones legales vigentes en materia de radiodifusión garantizan al Gobierno la retransmisión de sus mensajes, pero no prevé garantías contra eventuales excesos.

La ley de reforma política aprobada en diciembre de 2009, poco después de la derrota del oficialismo en las legislativas de octubre, prohibió a los partidos políticos hacer publicidad por su cuenta en radio y televisión y los obligó a utilizar los tiempos asignados por esa norma. El decreto 445 de este año reglamentó ese punto y agregó precisiones: los servicios de comunicación audiovisual deberán ceder "el diez por ciento de doce horas de programación" entre las 7 y la 1, para la difusión de anuncios electorales durante los períodos de campaña de cara a las elecciones primarias y las naciones. La mitad de esos minutos se distribuirá en forma igualitaria (y se sortearán los horarios de emisión) y la otra mitad se asignará en proporción a la cantidad de votos que cada fuerza sacó en las legislativas de 2009.

Las fuerzas opositoras cuestionaron esta disposición precisamente porque mientras el Gobierno tendrá acceso a la cadena nacional (y la abundante pauta oficial y los espacios publicitarios del Fútbol para Todos), ellas sólo dispondrán del tiempo asignado por la nueva ley electoral.

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