La Cámara alta absolvió al juez Rodríguez

Al Kassar: el magistrado fue el que le otorgó la ciudadanía al sirio; reclamaron la suspensión del juez Trovato; rectificaron un proyecto que repudiaba la persecución a medios de prensa.
Graciela Guadalupe
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3 de octubre de 1996  

El Senado absolvió al juez federal de Mendoza Gerardo Walter Rodríguez y rectificó un proyecto que había sido aprobado por unanimidad, para repudiar la "persecución y censura" a algunos medios de prensa entrerrianos. La resolución en favor de Rodríguez se produjo, pues no se obtuvieron los dos tercios de los votos para destituirlo en el juicio político que se le siguió por mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.

Los cargos contra el juez, que fueron votados nominalmente por los legisladores, fueron falta de idoneidad ética y técnico-jurídica, haber juzgado sin evaluar las constancias y dictado sentencias incongruentes, haber aplicado parcialmente la ley y sentenciado sobre hechos inexistentes o falsos.

También se lo acusaba de violar las reglas de la ética manifestada en la celeridad con que actuó y en la sospecha de influencia moral y posiblemente material, en virtud de que las personas involucradas en esas causas eran amigas suyas. Prevaricato, falsedad ideológica y cohecho pasivo fueron otros de los cargos.

Pero la causa más resonante que lo tuvo como protagonista fue la concesión de la ciudadanía argentina al sirio Monzer Al Kassar.

La absolución de Rodríguez es la segunda de la historia parlamentaria argentina. La primera recayó en otro mendocino, en 1868, el juez de sección Juan Palma, quien había sido acusado de mal desempeño y delito en el ejercicio de sus funciones y crímenes comunes.

Por la absolución en los ocho cargos que se le imputaban votaron el jefe del bloque del PJ, Augusto Alasino, y sus pares partidarios Bauzá, Bittel, Cabana, Costanzo, De la Rosa, Humada, Mac Karthy, Maranguello, Martínez Almudevar, Massat, Maya, Miranda, Pardo, Peña de López, Quinzio, Del Valle Rivas, Sala, Tell, Vaca, Vaquir, Villaverde, Yoma y Zalazar; y Almirón (Fuerza Republicana), Avelín (Cruzada Renovadora), Solana (Movimiento Popular Neuquino) y Ulloa (Partido Renovador Salteño).

Por otra parte, votaron afirmativamente en todos los cargos los legisladores Bravo (bloquista sanjuanino) y Gagliardi (radical rionegrino).

Descontadas las ausencias de los senadores del PJ Branda, Cantarero, De la Sota, Figueroa, Menem, Oudín, Preto y Reutemann; de los radicales Losada, Maglietti y Salum y del popular neuquino Sapag, el resto votó negativamente por algunos cargos y afirmativamente en otros.

También el Senado escuchó ayer la acusación de la comisión integrada por los diputados César Arias (PJ), Gastón Mercado Luna (UCR) y Nicolás Garay (liberal) respecto del juez Francisco Trovato, a quien se acusa de mal desempeño en sus funciones y posible comisión de delito.

Dicha comisión reclamó que se suspenda al magistrado en sus funciones hasta tanto se emita la correspondiente sentencia.

Rectificación

Con el aval del PJ, de Fuerza Republicana, del bloquismo sanjuanino y de los movimientos Popular Fueguino y Popular Neuquino, el Senado se rectificó anoche de un proyecto que había sido aprobado por unanimidad para repudiar la "persecución y censura a los medios de prensa en la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos". De ese modo, el cuerpo se desdijo de la firme reprobación que había emitido a fines de agosto último sobre la base de una iniciativa del liberal correntino Juan Ramón Aguirre Lanari, fundada "en condenas previas de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), de la Asociación de Diarios de Entre Ríos (ADE) y de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)" respecto de "la sistemática persecución contra los periodistas y directivos del diario La Calle, de la TV por cable Río Cable Visión y de la televisora rural Radiodifusora Concepción" de parte del intendente peronista Luis Enrique Bermúdez.

Hielos:cuatro senadores apoyan el acuerdo

Documento: Cafiero, De la Rosa, Gioja y Sala difundieron un texto que insta a ratificar en el Parlamento la línea poligonal

"La ratificación del acuerdo de 1991, con un protocolo adicional, es territorialmente aceptable, racionalmente patriótica y políticamente prudente." La definición corresponde a cuatro senadores peronistas y hace referencia al tratado suscripto en 1991 por los presidentes Menem y Aylwin por el litigio sobre hielos continentales. Se trata de los legisladores Antonio Cafiero (Buenos Aires), Carlos de la Rosa (Mendoza), José Luis Gioja (San Juan) y Osvaldo Sala (Chubut).

Ese párrafo conforma el cuadernillo "Hielos continentales, ¿aprobación, rechazo o superación?", que fue distribuido anteanoche durante una reunión del bloque mayoritario de la Cámara alta.

Mensajes cifrados

Dicha presentación fue interpretada por fuentes parlamentarias consultadas por La Nación como "un gesto político" hacia Chile, producido casi simultáneamente con el ingreso formal de ese país en el Mercosur y con declaraciones públicas del canciller chileno, José Miguel Insulza, realizadas en Washington a La Nación, en el sentido de que había hablado con su par argentino, Guido Di Tella, sobre la posibilidad de que ambos parlamentos, independientemente de los gobiernos, emitieran señales en ese sentido. En sus respuestas a LaNacion, Insulza admitió también que la última cartografía chilena, mantenida en reserva hasta ahora, coincide casi totalmente con los mapas argentinos. Esa respuesta es analizada, políticamente, como un mensaje por elevación a los propios parlamentarios chilenos que se sintetizaría en estos términos: más vale ratificar el acuerdo Menem-Aylwin porque la comprobación geográfica favorece la postura tradicional argentina.

El documento establece que un protocolo adicional "abarcaría todo lo que se ha hecho -el acuerdo y las críticas al acuerdo- y superaría la presente instancia, constituyéndose en una solución que, sin atarse a principios paralizantes, racionalizando las pasiones y teniendo en cuenta todos y cada uno de los datos de la múltiple, compleja y cambiante realidad, lograría un acuerdo sin pretensiones maximalistas ni rígidos maniqueísmos y resolvería del mejor modo posible un problema de Estado". Más allá del documento, no había hasta ayer otro pronunciamiento de origen parlamentario. Por caso, en las comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa de la Cámara baja se informó a La Nación que el tema sigue en estudio, pero sin resolución inmediata.

Los cuatro senadores que suscriben el documento de marras sostienen además que no sería conveniente someter el litigio a un arbitraje.

Reacción de Kirchner

Cuando el texto fue presentado en el bloque peronista, la senadora Cristina Fernández de Kirchner opinó en términos duros: "Un protocolo no puede arreglar el tema de que estamos cediendo a Chile 1057 kilómetros cuadrados. Tengan la valentía de admitir que lo que se quiere es ceder definitivamente esas tierras. La Cancillería no puede defender el mal acuerdo de 1991, por eso pide al Congreso que ponga la cara. Propiciar que debe agregarse un protocolo adicional es admitir que algo malo tuvo el acuerdo original. De lo contrario, esto no sería necesario. Y esto no tiene nada que ver con la integración entre los dos países".

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