La Cámara Federal denunció a la UIF

Acusó al organismo del Gobierno que investiga el lavado de dinero de una falta ética por "tergiversar" un fallo
Paz Rodríguez Niell
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7 de diciembre de 2011  

La Cámara Federal denunció ayer a la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo del Gobierno que persigue el lavado de dinero, por una presunta "falta ética" en su actuación en la causa que investiga el desvío de fondos públicos administrados por la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero sostuvieron que la UIF "tergiversó diametralmente" un fallo de ellos en este expediente: el que dispuso que el juez Norberto Oyarbide fundara mejor por qué no levantaba los embargos que había dictado sobre las cuentas de una serie de acusados.

La UIF pidió la nulidad de aquel fallo de la Cámara; según los camaristas, en un escrito reñido con la ética firmado por el presidente de la unidad, José Sbatella, y el abogado patrocinante Claudio Castelli. Por eso, el tribunal dispuso notificar de lo ocurrido al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (que controla el desempeño de los abogados) y al ministro de Justicia, Julio Alak, de quien depende la UIF, según informaron fuentes del caso.

El planteo de Sbatella había caído muy mal en la Cámara. Los jueces lo interpretaron como un apoyo inesperado a Oyarbide, a quien ellos cuestionaron en durísimos términos por el "errado direccionamiento" y el "desorden" de su investigación. Ese fue el fallo que la UIF pidió anular.

En diálogo con LA NACION, Sbatella dijo anoche que no había sido notificado aún de la última decisión de la Cámara, pero que la intención de su organismo había sido evitar que desaparecieran los fondos que se presume provienen de un delito. "Nuestra experiencia indica que cuando se levanta el embargo, el dinero desaparece y cuando llega la sentencia ya no podemos recuperar los fondos", afirmó.

Para los camaristas, este argumento no tiene fundamento. No existe el daño que invoca la UIF porque el tribunal no levantó los embargos: lo que hizo fue ordenar que Oyarbide fundamentara por qué se negaba a liberar las cuentas. Mientras tanto, los embargos siguen vigentes.

Además, los jueces afirmaron que no estaban obligados a escuchar a la UIF antes de firmar su fallo, como sostiene el pedido de nulidad de Sbatella. Cuando el tribunal celebró la audiencia con las partes, la UIF todavía no era tal. Fue la propia Cámara la que habilitó al organismo a intervenir en el expediente: en contra de lo que había dispuesto Oyarbide, la reconoció como querellante.

Oyarbide le había negado este carácter porque pesa sobre Sbatella una denuncia vinculada con esta investigación. Está acusado del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, a raíz de las demoras en que incurrió para elevar a la Justicia los expedientes que tenía la UIF contra Sergio Schoklender, ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Sbatella tardó varios meses en informar a los tribunales sobre tres reportes de operaciones sospechosas (ROS) de Schoklender, de donde surgen desvíos de millones de pesos que había recibido la Fundación de las Madres para construir viviendas sociales.

La causa contra Sbatella está a cargo del juez Sergio Torres. En junio pasado, el fiscal Guillermo Marijuán presentó su requerimiento de instrucción. Según relataron fuentes judiciales, Torres está "recabando todos los documentos" para empezar a investigar el caso.

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