La Casa Rosada deja el control de la crisis a los gobernadores

Envió personal de las cuatro fuerzas, pero delega los operativos para evitar reclamos
Mariana Verón
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9 de diciembre de 2013  

El Gobierno monitoreó ayer la situación de la mayoría de las provincias en conflicto con especial foco en Santa Fe, Neuquén y Río Negro, lugares donde la Casa Rosada desplegó a las cuatro fuerzas de seguridad nacionales.

El propio secretario de Seguridad, Sergio Berni, estuvo desde el sábado a la medianoche apostado en Rosario y en coordinación con el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, con quien recorrió las zonas de riesgo. Hizo una seguimiento por aire en la madrugada y ayer a las 11 sobrevoló nuevamente los alrededores de la ciudad para seguir de cerca el operativo.

Con preocupación, el Gobierno ve en el desenlace que tuvo la crisis en Córdoba el caldo de cultivo sobre el que se expandió el reclamo policial al resto de las provincias. La mayoría de los funcionarios consultados por LA NACION focalizan en el gobernador José Manuel de la Sota la responsabilidad por el manejo de la situación que, tras el acuartelamiento, se resolvió con un aumento en los salarios de los oficiales en huelga.

"Cedió muy rápido y eso abrió la puerta al resto de las policías", es la conclusión de un hombre del área de Seguridad.

Berni regresó ayer por la tarde desde Rosario, donde se montó un comité de crisis. Él está a cargo de la parte operacional. Lo que hace la Casa Rosada es poner recursos a disposición de las provincias, pero son los propios gobernadores los que definen los operativos.

Así, tras una primera resistencia para enviar fuerzas de seguridad a Córdoba, el Gobierno finalmente desplegó sus agentes en la mayoría de los puntos conflictivos, aunque les dio el poder de decisión a los gobernadores.

Anoche, Berni seguía de cerca en contacto con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Granados, la situación abierta en La Plata con un grupo de Infantería de la departamental de esa ciudad. Granados pasó la tarde en la sede del ministerio, junto al jefe de la policía, Hugo Matzkin. El gobernador Daniel Scioli, desde Brasil, pidió "prudencia" a los efectivos que reclaman mejoras salariales.

Bajo la supervisión del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y de la propia Cristina Kirchner, el secretario de Seguridad es el hombre de la Casa Rosada designado para estar en el territorio, pero evita la toma de decisiones en los lugares donde recaen las fuerzas nacionales, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

La orden que recibió de la Presidenta fue que pusiera a disposición los recursos necesarios, pero que dejara que los operativos los comandaran los mismos gobernadores para evitar que el gobierno nacional termine siendo foco de críticas si alguna situación se desborda.

"Operacionalmente el Gobierno pone los recursos para que cada gobernador determine cómo los usa", graficó una fuente oficial.

De esa manera, la Casa Rosada circunscribe los conflictos a cada jurisdicción. Por ahora, en el Gobierno descartan que las protestas que se dieron en varias provincias puedan tener una réplica en las fuerzas nacionales. "No se descarta nada, pero por ahora no hay una situación que genere inquietud", explicaron desde Seguridad.

En la visión de la Casa Rosada, lo que pasó en Córdoba fue una "extorsión" al poder político, más allá de las críticas que le endilgan desde Balcarce 50 a De la Sota por el manejo de la crisis. A pesar de que ayer la nueva ministra de Seguridad, Cecilia Rodríguez, sostuvo en un reportaje con Página/12 que se trató de un reclamo salarial mal manejado por el gobernador, puertas adentro del Gobierno creen que el sueldo es una excusa y consideran que las fuerzas policiales tienen otras motivaciones para hacer ese tipo de protestas.

Los informes de Inteligencia que recibió Berni apuntan directamente a la policía de Córdoba como "sospechosa" de los disturbios a partir de que detectaron grupos que se movilizaban en moto y con sus caras tapadas. "Eso no tuvo nada de espontáneo", explicó un hombre cercano al secretario de Seguridad.

Otra situación compleja se da en Santa Fe. Berni pasó ayer buena parte del día con Bonfatti, con quien compartió sus opiniones. Ambos creen que el conflicto es un mensaje político al mandatario.

Ayer el propio Capitanich se encontró con el reclamo policial en su tierra, tras su paso por Chaco para inaugurar obras. Anoche regresó tal como lo tenía previsto. Tanto él como Berni mantuvieron informada a la Presidenta.

La nueva ministra quiere control político

Con foco en la contención social de la violencia y el control político de las fuerzas de seguridad, la nueva ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, anticipó los lineamientos generales de su gestión en una entrevista con Página/12. Allí, la funcionaria retomó la línea de control político sobre la policía. "Hay una manifestación, hay un operativo policial, tiene que haber un funcionario político a cargo. Y tenemos que trabajar en el territorio", planteó.

Respecto del conflicto en Córdoba, Rodríguez consideró que se trató de "una cuestión salarial" y apuntó las responsabilidades al gobernador José Manuel de la Sota, sobre quien puntualizó que había tenido una "respuesta tardía" al reclamo. "[La crisis estuvo] potenciada por una negociación en Córdoba que produjo un efecto repetición en otras provincias", agregó sobre el desborde de la crisis en otros distritos.

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