La Casa Rosada habló de "golpismo judicial"

Luego de la convocatoria a la marcha del silencio del 18-F y de las novedades judiciales de ayer, el gobierno de Cristina Kirchner recurrió a la estrategia de instalar el miedo y la idea de que existe "una maniobra de desestabilización política y un golpe de Estado judicial".

El propósito de la Casa Rosada es bajar el nivel de adherentes a la movilización del miércoles próximo, al descalificar a quienes la convocan, y justificar con el fantasma del golpismo posibles reacciones de la Presidenta, que prevé doblar la apuesta, según indicaron en la Casa Rosada.

"Hay una embestida judicial, pero no llega a golpe de Estado", se sinceró a LA NACION un altísimo funcionario. Sin embargo, la orden presidencial es acusar de una confabulación a fiscales, jueces, espías díscolos, prensa, corporaciones e intereses internacionales.

En este contexto, en la Casa Rosada adelantaron que "Cristina doblará la apuesta". Pero no precisaron las posibles salidas que estudia la jefa del Estado.

El Gobierno agita los fantasmas para debilitar la convocatoria al 18-F: teme que la marcha quede como una postal multitudinaria del fin del ciclo kirchnerista y que sea capitalizada por la oposición con miras a las elecciones presidenciales de octubre. Por eso intenta asociarla con sectores controvertidos -narcos, antisemitas, apropiadores de bebes- para vaciar de manifestantes la movilización a Plaza de Mayo (ver página 22).

La línea discursiva dura del "golpismo judicial" y de las "maniobras de desestabilización democrática" fue ordenada ayer desde El Calafate por la jefa del Estado y la repitieron el jefe del Gabinete, Jorge Capitanich; el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández; el gobernador de Entre Ríos y candidato presidencial, Sergio Urribarri; la jefa del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, y otros dirigentes.

El desvelo en Balcarce 50 era ayer la tapa de los diarios del fin de semana largo. Por eso Cristina Kirchner encabezará en El Calafate entre hoy y mañana dos actos públicos en los que buscará desplazar de la agenda periodística la sospechosa muerte del fiscal de la AMIA Alberto Nisman, así como la marcha del 18-F y la imputación del fiscal federal Gerardo Pollicita contra ella y varios funcionarios por un supuesto plan de encubrimiento de la pista iraní en el atentado terrorista de 1994, que dejó 85 muertos. Sin embargo, el eje de ayer consistió en demonizar la marcha y la denuncia de Pollicita para quitarle gente al 18-F.

Capitanich señaló que la imputación del fiscal "es la operación más voluminosa de golpismo judicial activo que conozca la historia argentina". La calificó como una "enorme operación de prensa y una estrategia activa de desestabilización política que sólo busca generar impacto, ya que no tiene validez jurídica".

Previamente, Aníbal Fernández había marcado el camino: "Es una clara maniobra de desestabilización antidemocrática", dijo. Y aclaró que "no tiene ningún valor jurídico ser imputado, no tiene ninguna importancia".

En tanto, Urribarri señaló: "Han retomado una causa insólita sólo para atacar un proyecto que cambió para mejor el país". Y agregó que "se han juntado lo peor de los medios con lo peor del poder judicial".

Por su parte, la diputada Di Tullio aseguró que "es un golpe de Estado en proceso desde un sector del Poder Judicial". Y el diputado bonaerense kirchnerista Fernando "Chino" Navarro aseguró que con "una denuncia de nula sustancia jurídica se busca desestabilizar a la democracia".

"Narcos y antisemitas"

En el Gobierno confesaron que ayer había orden presidencial de expresar una línea dura y descalificar a los convocantes al 18-F para debilitar y vaciar la marcha: narcos, antisemitas, dictadores y apropiadores de bebes.

En esa línea, Capitanich señaló que "es preocupante cuando convocan a marchas los que justifican el robo de bebes durante la dictadura o son abogados de reconocidos narcotraficantes o cuando existe asociación entre servicios de inteligencia desplazados con fiscales y jueces".

Aníbal Fernández sindicó entre los organizadores a "fiscales que hicieron lo imposible para que la causa (AMIA) se frenara y no prosperara nunca".

También señaló a "abogados de los narcos" y dijo erróneamente que "la que está convocando es Cecilia Pando, que debe tener un brote antisemita fenomenal".

De todos modos, buscó darle un barniz de moderación a su discurso. "Quieren manifestarse, que se manifiesten", autorizó. "La libertad la conquistamos entre todos y nadie va a decirle a quién tiene que manifestarse o dejarse de manifestar", reflexionó.

"Ahora, todavía que se manifiestan, quieren que uno los trate como héroes", los castigó.