La Casa Rosada intenta justificar el arreglo, resistido por la militancia

El gobierno de Cristina Kirchner comenzó ayer a justificar ante su propia militancia, que muestra signos de confusión y malestar, el futuro pago de 5000 millones de dólares a Repsol para indemnizarla por la expropiación de YPF y por el cambio radical de política económica dirigido a cerrar conflictos externos y acceder a financiamiento. El ministro de Economía, Axel Kicillof, explicó que "es imposible no pagar porque es ilegal".

Según pudo saber LA NACION, muchos sectores de agrupaciones radicalizadas del kirchnerismo cuestionan los anuncios recientes, como el acuerdo con Repsol para compensarla por la expropiación y las negociaciones con el Ciadi, el FMI, el Club de París y los fondos buitre, que eran tabú para el modelo kirchnerista.

"Los pibes de la liberación están preocupados. De Maduro al FMI hay un cambio amplio", dijo con ironía un funcionario que aprueba la llegada del nuevo jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, que tiene luz verde de la Presidenta para avanzar en cambios y señales en favor del mercado.

La preocupación alcanza a sectores de las corrientes kirchneristas como La Cámpora, Kolina, Movimiento Evita y Unidos y Organizados. Incluso hay críticas internas hacia la figura de Capitanich, que fue menemista y duhaldista en el pasado, porque consideran que busca ser candidato presidencial en 2015 con la estructura kirchnerista.

También el dirigente piquetero Luis D'Elía transmitió su inquietud por el nuevo rumbo económico. Por ahora, la Presidenta ordenó silenciar a las huestes de militantes desde Olivos hasta comprobar los resultados del giro. "Estamos profundizando el modelo, pero el modelo de Menem", dijo a la nacion un funcionario.

"A veces periodistas inescrupulosos o con ganas de confundir a la gente [hablaron de un] acuerdo con Repsol como contradicción, pero básicamente lo que tengo para decir es que es imposible [no pagar] porque es ilegal", planteó el ministro como para bajar el nivel de crítica interna y atacar otra vez a la prensa.

"Siempre hicimos lo que dijimos y cumplimos. Terminar el proceso expropiatorio implica una compensación justa al dueño anterior", dijo Kicillof. "Se armó mucho alboroto diciendo cosas que no eran ciertas y se trabajó de acuerdo a la ley."

En rigor, Kicillof fue quien convenció a Cristina Kirchner en 2012 de estatizar YPF con el argumento de que la Argentina "no debía pagarle un centavo" a Repsol. Y de que era la petrolera española la que tenía que compensar a nuestro país por el daño ambiental. Esta postura, que hizo trascender, nunca fue desmentida.

Incluso en una exposición de dos horas ante el Congreso Kicillof aseguró: "No le vamos a pagar lo que ellos dicen, sino el costo real de la empresa. Dicen que son 10.000 millones de dólares. ¿Y eso dónde está?". Y fue mucho más allá. "Los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según el estatuto de YPF."

En aquel momento la oposición sostenía que la expropiación iba a costarle miles de millones de dólares al Estado en concepto de indemnización porque ello lo indica la Constitución y de lo contrario sería una confiscación. "La ley de soberanía remite a la ley de expropiación para indemnizar o compensar al dueño anterior, que en este caso es Repsol", reconoció ayer Kicillof. No era lo que decía en otros tiempos.

En medio del alivio en el Gobierno, Cristina Kirchner se comunicó ayer telefónicamente con su par español, Mariano Rajoy, para agradecerle la "participación activa" en el acuerdo con Repsol. En un comunicado de la Casa de Gobierno, precisó que la Presidenta elogió la gestión del ministro de Industria, Energía y Turismo español, José Manuel Soria.