La cesación de pagos es siempre dolorosa

Jorge Oviedo
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24 de diciembre de 2001  

La Argentina hizo ayer el anuncio cuya mera posibilidad, hace poco más de dos años, durante la campaña electoral, causaba espanto no sólo entre los inversores, sino en buena parte de la población.

Declarar la cesación de pagos de la deuda (default) para forzar una quita en los montos y en los intereses, además de alargar los plazos, cuando había acceso a fondos abundantes y relativamente baratos, imprescindibles para atender el rojo de la Nación y de las provincias, como lo proponía entonces el candidato presidencial del justicialismo, Eduardo Duhalde, parecía un disparate.

Decidirlo cuando hace más de un año ya no se tiene acceso a crédito externo alguno de los mercados parece menos grave. Como en medicina, los tratamientos y las cirugías feroces son una alternativa que se considera cuando la salud ya está gravemente quebrantada. Y así y todo no se va a ellos alegremente: son siempre dolorosos.

Las empresas y particulares de un país que cesa sus pagos comienzan a padecer las restricciones del crédito extranjero que dificultan las operaciones de importación y exportación, desde los embarques de grandes toneladas hasta el pago en el extranjero con una tarjeta de crédito o las llamadas telefónicas de cobro revertido. Si un país no paga, no recibe crédito. Quiere decir que su Estado y sus empresas y particulares se verán obligados, en mayor o menor medida, a pagar al contado los productos y servicios que contratan en el exterior.

Obtiene crédito tanto quien abre en un banco local una carta de crédito para comprar en el exterior automóviles de lujo como quien llama desde el extranjero a su familia con una comunicación telefónica de cobro revertido.

O quien pretende extraer dinero en un cajero automático de otro país con una tarjeta de débito emitida por un banco argentino.

Problemas para todos

La cesación de pagos causará problemas y dificultades a todos. Los exportadores de otros países pedirán que en lugar de abrir una carta de crédito en un banco, se depositen dólares en una cuenta bancaria.

Los que pueden escapar a estas dificultades son las empresas multinacionales que tienen filiales en la Argentina. Podrán hacer las compras para esas filiales en sus casas matrices. Exactamente eso es lo que hicieron durante la cesación de pagos con que finalizó el gobierno de Raúl Alfonsín.

Las empresas argentinas que tienen ingresos en divisas, porque son exportadoras netas, seguramente recibirán como exigencia que pongan en garantía esos ingresos para poder recibir crédito que les permita importar. Es lógico que quienes compran bienes en el exterior para venderlos aquí esperen a haber colocado y cobrado entre sus clientes por lo menos una parte antes de comenzar a cubrir el precio. Es lo mismo que hacen quienes compran en el país mercadería para revenderla. Se trata del crédito comercial.

También hay créditos para prefinanciar exportaciones. Es decir, alguien adelanta parte del dinero que va a pagar por lo que comprará a la Argentina y habrá que ver qué es lo que pasa con esas operaciones.

Es muy importante aclarar que es el Estado el que cesa los pagos. Y que, a diferencia de lo que pasó en ocasiones anteriores, este Estado casi no tiene empresas comerciales.

Pero la desconfianza se expande. El Estado es, en general, el deudor más confiable y el que obtiene las mejores condiciones para endeudarse. Si es él el que no responde, todos los demás deudores serán sometidos a restricciones.

Incluso es probable que inicialmente haya una sobreactuación de los dadores de crédito. Algo así como “cerrar la canilla” hasta ver qué pasa.

Por eso, Roberto Alemann advirtió ayer que se debe acortar el proceso todo lo posible. El menor daño ocurrirá si es que lo que hay por delante es una moratoria, un plazo breve hasta que se renegocien nuevas condiciones de pago.

Si los pagos cesan indefinidamente, las consecuencias serán mucho peores.

Y las más perjudicados serán las empresas que no tienen casas matrices en el exterior, ni ingresos de divisas, ni fondos u otros activos en el exterior para poner en garantía.

Es probable que el Gobierno atienda este consejo, teniendo en cuenta que el presidente Adolfo Rodríguez Saá le ofreció el fin de semana un importante cargo, que el ex ministro declinó.

Alemann aconsejó convocar a Manuel Solanet, el economista de FIEL, que tampoco aceptó. Lo mismo ocurrió con el titular de la Fundación Capital, Martín Redrado.

Sería raro que Rodríguez Saá haya pensado en esas personas para tenerlos en el gabinete y que luego aplique ideas diametralmente opuestas a las que ellos le acercaron.

El Congreso, en la estrategia

En todo caso, para los tenedores de bonos que entraron en el último canje que hizo el gobierno anterior, no hay grandes cambios. No iban a cobrar nada hasta abril próximo.

Los que tienen bonos sometidos a tribunales extranjeros ya esperaban lo peor.

Locales y extranjeros deberán renegociar. Los locales, de nuevo; los extranjeros, por primera vez.

La estrategia de mandar el nuevo menú de negociación al Congreso muestra la urgencia por poder hacer esta renegociación con suficiente respaldo político por ley y sin esperar a que asuma el próximo presidente.

Si es así y se hace bien y rápido, los dolores por la cesación de pagos serán menores.

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