La ciudadanía defendió sus derechos

Jorge Oviedo
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26 de enero de 2002  

Desde las épocas de las rebeliones militares contra el gobierno de Raúl Alfonsín no había en la Argentina manifestaciones en todo el país, sin banderías partiradias o sectoriales y pacíficas, hasta que apareció el grupito de incomprensibles violentos de siempre.

En los 80, los partidos políticos convocaban a los ciudadanos a manifestarse. Hoy son ellos el blanco del reclamo.

Hace más de una década el clamor era por el resguardo de la democracia. Hoy lo es por el respeto de los derechos ciudadanos y por el imperio de la Constitución, que protege la propiedad privada.

Hasta no hace mucho, las distribuciones de cargos, las concesiones con medidas de gobierno solían hacerse a quien tenía mayor capacidad para "llenar la Plaza de Mayo". También a quien era capaz de llevar mucho público a los actos partidarios. ¿No habría que aplicar el mismo criterio con los simples ciudadanos que sin estar conducidos por ningún "aparato", sin que les ofrezcan transporte gratuito son capaces de hacerse oír de manera tan contundente?

¿Qué cosa han pedido que sea ilegal o que el FMI o el Tesoro de los Estados Unidos no vayan a aceptar?

Las encuestas indicaban hasta diciembre que la mayor parte de la ciudadanía quería mantener la paridad entre el peso y el dólar y que se levantara el corralito bancario.

Razones técnicas muy atendibles impiden a la actual administración satisfacer esas dos aspiraciones. Pero, además, lo urge la necesidad de que vuelva la confianza. ¿No tendrá que buscar los otros reclamos, como terminar con los empleados "ñoquis", y satisfacerlos de inmediato?

Si antes las plazas las llenaban las convocatorias de los "punteros" y a ellos había que satisfacer con métodos muy poco transparentes y hasta corruptos, ahora el mensaje claro y evidente es que hay que enterrar esas prácticas.

Si la Argentina va a seguir siendo un país republicano, democrático, es impensable que las acciones de gobierno se encaminen a no darle a la ciudadanía nada de lo que legítimamente reclama.

Ningún sistema económico será posible si la ciudadanía no confía en las instituciones.

Algunos especialistas se debaten pensando cuál podría ser el valor del peso cuando se libere la cotización del dólar.

Pero, ¿por qué un país en el que no se confía en el Gobierno, en los políticos y en la Justicia puede haber confianza en la moneda?

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