La CNV envió 13 pedidos de informes en la última semana

La Comisión Nacional de Valores, que dirige Alejandro Vanoli, está buscando datos para justificar la intervención sobre el Grupo Clarín. Por eso, en los últimos siete días, envió trece pedidos de información sobre distintos asuntos societarios.

Fuentes del Grupo Clarín interpretan que Vanoli, con estos movimientos, está buscando una excusa para avanzar sobre las firmas del multimedio y hacen hincapié en que toda esa información ya fue entregada o es pública, a tal punto que aparece en el sitio institucional del Grupo Clarín en Internet.

La actividad de la CNV con relación al Grupo Clarín está adquiriendo una dinámica inusual.

Entre el miércoles y el viernes de la semana pasada hubo once requerimientos. Son pedidos relacionados con estados contables, nóminas de sociedades controladas y vinculadas e informes de obligaciones negociables.

Además, se trata de información surgida a partir de diciembre de 2011, cuando la CNV debió haberlos formulado en cada vencimiento trimestral. Entre otros asuntos, piden una nómina de las empresas subsidiarias del Grupo Clarín y sus respectivos directorios.

Ayer también hubo dos requerimientos: uno para el Grupo Clarín y otro para AGEA (editora del diario). El primero de ellos, referido a los fideicomisos que son accionistas de la compañía. Y en algunos de esos pedidos todavía aparece la firma de Patricia Boedo, la titular de la Gerencia de Emisoras que Vanoli decidió desplazar para reemplazarla por otra persona en la que tiene mucha más confianza, Karina Bermúdez.

Fuentes de la empresa y también del mercado estiman que la CNV, consciente del fuerte impacto que podría significar intervenir una de las mayores empresas de medios de América latina, está intentando buscar alguna excusa para justificar la aplicación del artículo 20 de la ley de mercado de capitales.

Esa norma, que fue sancionada por el Congreso nacional en noviembre último, le permite a Vanoli disponer el nombramiento de un veedor en el grupo o, directamente, ordenar el desplazamiento total del directorio -que preside Héctor Magnetto, CEO de la compañía- y su reemplazo por un interventor.

Si bien la atribución que la citada ley le reconoció a la CNV es de dudosa constitucionalidad, la situación en el Grupo Clarín se vuelve más delicada por dos motivos.

Por un lado, porque desde que se estatizaron las AFJP el Estado, a través de la Anses, se apoderó del 9 por ciento de las acciones de la empresa. Y por otro lado, porque el desembarco de un interventor buscaría torcer la línea editorial del medio.

En este sentido, entran en juego tres legislaciones que, sin embargo, no tienen igual jerarquía.

Por un lado, el Grupo Clarín, como empresa privada, se rige por el derecho societario. Por el otro, la sanción de la ley de mercado de capitales, según entienden expertos en el mercado de capitales, sirvió para enmascarar la atribución que el citado artículo 20 le entrega al Gobierno: el Estado, accionista minoritario, se convierte así en juez de la situación. Pero, tratándose de medios de comunicación, cualquier decisión o norma que se aplique no puede violar el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe al Estado ejercer controles que puedan ser calificados como vías indirectas de censura.