La comisión de expertos de Alberto Fernández recomendó, por seis votos contra cinco, eliminar los dos tercios para elegir al Procurador

Por seis votos contra cinco, el consejo consultivo creado por Alberto Fernández para analizar reformas en la Justicia recomendó bajar la mayoría necesaria en el Senado para aprobar la designación del Procurador.

Hoy, la ley exige una mayoría de dos tercios para el nombramiento (mayoría que el oficialismo no tiene). El kirchnerismo está decidido a reducir esa exigencia y esperaba el dictamen de esta comisión para avanzar.

El consejo de juristas terminó su trabajo a última hora del martes y le entregó el documento, que tiene más de 800 páginas, a Fabián Musso, el coordinador nombrado por Fernández. El capítulo que condensa las recomendaciones, al que accedió LA NACION, no incluye propuestas para cambiar el número de miembros de la Corte Suprema, pero sí la composición del Consejo de la Magistratura, cuyos integrantes deberían pasar, según la comisión de expertos, de 13 a 16.

En cuanto a la Corte, la mayoría recomendó que se dicte una nueva "ley orgánica" que regule el funcionamiento del tribunal y que se cree, por debajo de la Corte, un tribunal "intermedio". También sugirió, por mayoría, principios que deberían tenerse en cuenta para futuros nombramientos de ministros: "paridad de género, integración federal y pluralismo ideológico". Y aconsejó fijar "un plazo razonable para la resolución de las causas" que llegan a la Corte; especialmente, las penales.

El documento todavía no fue entregado formalmente al Presidente. La comisión espera dárselo en un acto, que hasta el momento no tiene fecha prevista. Según el plan anunciado por la Casa Rosada, con este documento en su poder, Fernández elaborará uno o más proyectos de ley para enviar al Congreso.

El grupo de juristas empezó a trabajar en agosto y con el paso de las semanas, el tema del Procurador (la forma de designación y la duración en el cargo) fue tomando cada vez más relevancia política, a medida que avanzaba la idea del kirchnerismo de modificar la ley.

El aval obtenido para este plan, no obstante, es ajustado. Votaron por flexibilizar la mayoría –y llevarla a mayoría absoluta de los miembros del Senado- los abogados Carlos Beraldi, que es el defensor de Cristina Kirchner, Carlos Arslanian y Marisa Herrera; el constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra y los jueces de las cortes provinciales Claudia Sbdar (Tucumán) y Omar Palermo (Mendoza).

Por mantener los dos tercios, en cambio, se pronunciaron Inés Weinberg de Roca, la presidenta del máximo tribunal porteño, que fue candidata a procuradora de Mauricio Macri; Enrique Bacigalupo, exjuez del Tribunal Supremo español y procurador del Tesoro del gobierno de Héctor Cámpora (jurista a quien el Presidente considera su "maestro"); el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y los jueces de cortes provinciales Hilda Kogan (Buenos Aires) y María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego).

El tema del Ministerio Público Fiscal fue el primero que debatió la comisión, pero esta mayoría se consolidó en los últimos días. Originalmente, Ferreyra no estaba convencido de pronunciarse por flexibilizar la mayoría requerida en el Senado y así lo había expresado. En el entorno del constitucionalista explicaron que lo decidió a votar como lo hizo que la alternativa elegida (la mayoría absoluta sobre el total de los miembros del Senado) es un criterio previsto en el Constitución reformada en 1994 y que se propone que el Procurador ya no sea vitalicio.

Todos los miembros de la comisión, menos Gil Domínguez, se pronunciaron en favor de "la temporalidad de los mandatos de los titulares de los dos organismos que conforman el Ministerio Público", el Procurador y el Defensor general de la Nación.

Si el mandato es temporario, "resultaría incongruente y poco operativo mantener el actual sistema de mayorías [de dos tercios] para su designación", afirmaron los seis consejeros que votaron por reducir la mayoría necesaria en el Senado.

Un mandato de cinco años

Arslanian, Beraldi, Ferreyra, Herrera, Sbdar y Palermo sugirieron que el Procurador sea designado por cinco años, renovables por igual período. Recomendaron, además, que la elección no sea "en años electorales" o, al menos, no en los años que se elije Presidente.

Battaini, Kogan, Weinberg y Bacigalupo, en cambio, no fijaron un plazo de duración del cargo, pero propusieron que sea el "suficiente para la implementación de una política institucional determinada" y aconsejaron que "la designación no se realice en años electorales". También, que el plazo que se establezca para el mandato sea "sin opción de renovación".

Gil Domínguez, que en este tema votó en soledad, argumentó que el cargo hoy no es eterno, sino hasta los 75 años, y que así debería seguir para no retroceder en materia de calidad institucional.

La salida es por juicio político

Un dato clave es que todos los miembros de la comisión coincidieron en que debe mantenerse el juicio político como método para remover al Procurador. Eso no propusieron flexibilizarlo.

Quienes sostuvieron que deben mantenerse los dos tercios también para la designación alegan que ese mecanismo coincide con el requerido por la Constitución para nombrar a las autoridades de la misma jerarquía que no se eligen por el voto popular (los jueces de la Corte Suprema). También, que esta mayoría, tan exigente, evita que prevalezcan razones partidarias en la selección de quien será el jefe de los fiscales, y le permite contar con mayor legitimidad democrática.

Esta es, justamente, la posición de Daniel Rafecas, el candidato a Procurador que propuso el Presidente. Rafecas advirtió que él no asumiría si se modificara la exigencia de los dos tercios. Ni siquiera, si el cargo dejara de ser vitalicio para ser temporal. Sin embargo, el kirchnerismo siguió avanzando desde el Senado para modificar la ley en ese sentido.

Dentro del consejo de juristas, la posición que quedó en minoría alegó que las dificultades políticas de los Poderes Ejecutivos para conseguir los dos tercios no son un motivo válido suficiente para flexibilizar esa mayoría. Una de las promotoras de este argumento fue la jueza Weinberg. Ella, justamente, no logró ser nombrada Procuradora porque Macri no consiguió los dos tercios del Senado necesarios para aprobar su pliego.

El Consejo de la Magistratura

En cuanto al Consejo de la Magistratura, la comisión aconsejó que sus miembros sean 16, cuatro por cada estamento (incluido el académico científico). La mayoría, además, sugirió flexibilizar los requisitos a cumplir para acceder a los lugares reservados para el estamento académico científico. Propuso que estos consejeros no deban provenir solo del ámbito del derecho y que no necesariamente deban ser abogados. Según la comisión, se debe ampliar el universo a otras profesiones y especialidades, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, su versación y compromiso en temáticas de género, diversidad sexual y derechos humanos. Esta propuesta no fue acompañada por Kogan, Battaini ni Weinberg.

También en minoría, Kogan y Weinberg consideraron que cuando el artículo 114 de la Constitución se refiere a los representantes de los órganos políticos "resultantes de la elección popular", exige incluir todos aquellos elegidos mediante el sufragio popular, lo que alcanza tanto a legisladores como al Poder Ejecutivo (hoy la ley solo contempla diputados y senadores).

La Corte Suprema

La comisión de juristas decidió no pronunciarse sobre el número de miembros que debe tener la Corte Suprema (entendió que no era parte de la tarea encomendada por el Presidente), pero, para descargar el cúmulo de casos que tiene el alto tribunal, la mayoría se pronunció por crear un tribunal intermedio entre la Corte Suprema y las supremas cortes provinciales y de la ciudad de Buenos Aires.

Las opiniones estuvieron divididas en este punto. Algunos juristas propusieron que el tribunal intermedio tuviera competencia solo para temas del fuero federal; otros, que sea más amplia. Battaini, Kogan y Weinberg se opusieron a la creación de cualquier tribunal intermedio, con el argumento de que "menoscaba el sistema federal" y desconoce la autoridad de los superiores tribunales provinciales "como última instancia antes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

Todos los consejeros, menos Bacigalupo y Ferreyra, que presentaron dictámenes integrales sobre la Corte por separado, sugirieron que "se sancione una ley orgánica" que "regule de forma integral la estructura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en lo relativo a su composición, organización, funcionamiento, jurisdicción y competencia".

Además de la determinación de "plazos razonables" para que la Corte se expida, la mayoría sostuvo que cada año el tribunal debería "establecer una agenda de causas indicando cuáles son los casos mínimos cuya resolución será abordada en el año calendario". También, que debería salir de la órbita de la Corte la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que maneja las escuchas judiciales. Estas propuestas no fueron acompañadas por Battaini, Kogan ni Weinberg.

La Oficina Anticorrupción

Por mayoría, la comisión recomendó además "un rediseño funcional de lo Oficina Anticorrupción a los fines de que las funciones jurisdiccionales queden bajo la órbita de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas" para que la OA "se circunscriba a funciones de índole administrativas". De este modo, afirmaron, "se podría evitar el solapamiento o confluencia de competencias" que va en contra del "principio de igualdad de armas que compromete el debido proceso". Esto significa, evitar que los acusados en causas penales -básicamente de corrupción- deban defenderse de dos representaciones diferentes del mismo Estado. Es un argumento que coincide con la decisión del actual titular de la OA, Félix Crous, que retiró a la oficina de las causas penales en las que intervenía como querellante.

Esta recomendación fue votada por todos los consejeros menos Battaini, Kogan, Weinberg y Bacigalupo.

Con la misma mayoría, la comisión recomendó que el titular de la OA deba ser nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, algo no previsto por la ley actual. Y en cuanto a la Unidad de Información Financiera (UIF), que también depende del Poder Ejecutivo, propuso que sea un órgano "autónomo e independiente" con mayores recursos financieros, humanos y técnicos.