La comunidad judía reclama a la Justicia que anule el pacto con Irán

La comunidad judía pondrá hoy en marcha su estrategia judicial para frenar el pacto que firmaron la Argentina e Irán y que supuestamente permitirá interrogar a los sospechosos iraníes de planificar el atentado contra la AMIA.

La DAIA, brazo político comunitario, y la AMIA, que reúne a las entidades judías , presentarán hoy ante la justicia en lo contencioso administrativo federal un recurso de amparo en el que piden que sean declarados inconstitucionales el acuerdo con Irán y la ley aprobada por el Congreso que lo refrendó.

En el mismo escrito, que redactó el abogado de la AMIA y la DAIA Miguel Bronfman, con el asesoramiento de expertos constitucionalistas y procesalistas, se pide que la Justicia dicte dos medidas cautelares: que ordene al Poder Ejecutivo que se abstenga de aplicar el acuerdo hasta que haya un fallo de fondo y que la Justicia notifique a Interpol que debe mantener las órdenes de captura, libradas mediante circulares rojas, contra los sospechosos de volar la AMIA.

El juez contencioso administrativo que salga sorteado deberá darle al caso un trámite veloz, dado que se trata de un recurso de amparo donde los que reclaman -la DAIA y la AMIA como querellantes y víctimas del ataque- advierten que es inminente que se les produzca un daño. Este probable perjuicio, señalaron, se hizo palpable cuando el canciller iraní, Alí Akbar Salehi, advirtió, el 18 de marzo pasado, que, tras la firma del acuerdo con la Argentina, Interpol debe dar de baja las órdenes de captura.

El amparo además cuestiona con firmeza el dictamen de un consultor jurídico de Interpol que había dicho que el pacto era beneficioso para el avance de la causa.

El juez que salga sorteado le dará vista del asunto al Poder Ejecutivo, que tiene cinco días para plantear su punto de vista y luego debe resolver si acepta o no las medidas cautelares, es decir, decidir si corresponde frenar la aplicación de la ley y enviar un oficio a Interpol, mientras analiza la cuestión de la inconstitucionalidad.

Los argumentos de la AMIA y de la DAIA para cuestionar la constitucionalidad del acuerdo y de la ley que lo refrenda son: que intenta ponerse por encima de la división de poderes, pues implicaría una intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Judicial; que implica una injerencia indebida, y que es violatorio del debido proceso y de la garantía de un juez natural para que decida sobre el caso.

Se parecen a las razones que esgrimieron los dirigentes comunitarios, los familiares de las víctimas y los letrados en el Congreso.

Además, rechaza la formación de una Comisión de la Verdad, como lo establece el acuerdo, pues entiende que estos expertos, con su dictamen, incidirán sobre la decisión judicial.

El recurso cuestiona además que no se haya respetado la Constitución Nacional cuando sostiene que los tratados internacionales deben ser aprobados por el Congreso. La AMIA y la DAIA entendieron que como el acuerdo prevé que a la firma se notificaría a Interpol de su existencia, el pacto ya se puso en vigor con el aviso, aun antes de que se convirtiera en ley.

El escrito defiende el derecho de las víctimas a una respuesta del Estado ante el atentado. Máxime teniendo en cuenta que el Gobierno firmó en 2005, a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un decreto en el que reconoce que las privó de justicia y donde que se comprometió a avanzar con la investigación judicial.

El escrito judicial -que se presentará hoy en Tribunales- está encabezado por el titular de la DAIA, Julio Schlosser, y el de la AMIA, Guillermo Borger, que dejará la presidencia de la entidad a quien resulte elegido el domingo en los comicios comunitarios.

La resistencia judicial comunitaria

Buscarán hoy evitar que se ponga en marcha el acuerdo con Irán

• JULIO SCHLOSSER
  
  Presidente de la DAIA

• GUILLERMO BORGER
  
  Presidente de la AMIA

• La AMIA y la DAIA pedirán a la justicia en lo contencioso administrativo federal que declare inconstitucional el pacto con Irán, refrendado por una ley del Congreso.

• Un juez debe resolver primero si frena el pacto hasta tanto analice si es constitucional. Esa medida cautelar puede ser apelada hasta llegar a la Corte. Lo mismo ocurrirá cuando tome una decisión de fondo.

• Se cuestiona que no se respetó el derecho de las víctimas a tener una respuesta del Estado en un plazo razonable.