"La corrupción se combate con políticas de Estado"

Lorenzetti cuestionó medidas que traban los procesos judiciales
Adrián Ventura
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12 de junio de 2011  

Ricardo Lorenzetti es muy prudente, mide las palabras y cuando parece que avanza con alguna crítica, reflexiona y retrocede un poco. Pero nunca demasiado. "La Argentina necesita políticas de Estado en muchas áreas, entre ellas, corrupción", dijo el presidente de la Corte Suprema en una entrevista con La Nacion.

Según sus palabras, "éste no es un problema de un gobierno determinado, sino un déficit permanente de la política y de la sociedad argentinas, que prefieren batallar con declaraciones e ideas fundacionales en vez de buscar soluciones a largo plazo".

El titular del máximo tribunal, en su intimidad, se interesa por la política, pero se mantiene ajeno a cualquier campaña y no quiere que lo involucren con un partido. Se cuida, se escuda en el discurso institucional e insiste en señalar los derechos humanos como "ejemplos de política de Estado".

-A la Argentina le cuesta mucho trazar políticas públicas.

-Sí. El país necesita políticas de Estado en materia de seguridad, corrupción, medio ambiente, educación y otros asuntos. No las hay. Pero, sin embargo, sí lo logró en materia de derechos humanos, donde los tres poderes y los partidos políticos llegaron a una coincidencia básica.

-¿Se podría decir que los caprichos políticos, su temperamento, son vicios de una democracia que se niega a hacerse responsable?

-Sí, es un defecto de nuestra dirigencia y de toda la sociedad, que hace una batalla con declaraciones e ideas fundacionales. Cada generación y cada partido quiere empezar de cero. Es lo que ocurrió en los últimos 50 años. La Argentina, en cada década, vino cambiando el sistema jubilatorio, la educación, muchas áreas. Pero esas oscilaciones bruscas impiden buscar y encontrar soluciones sostenibles y a largo plazo.

-El ex presidente Carlos Menem prometió cambios radicales, pero también lo hicieron Néstor Kirchner y Cristina Kirchner...

-La sociedad muestra cambios pendulares cada 10 o 15 años, como si intentáramos modificar el sistema. Pero el único sistema admisible es el Estado de Derecho.

-¿Cree que este gobierno está intentando transformar el sistema democrático?

-No, hablo en términos generales. La verdad es que, de a poco, vamos haciendo progresos, pero el déficit es siempre el mismo, la falta de políticas públicas. Quizás el Poder Judicial percibió esa deficiencia y, por eso, está buscando soluciones duraderas en materia de gestión e informatización, que son consensuadas y aplicadas sin importar quién ocupe los cargos. Lo mismo ocurre con los derechos humanos y con el saneamiento del Riachuelo.

-En estos días estalló el caso Schoklender, que roza a las Madres de Plaza de Mayo. Parece evidente que la corrupción está profundamente enraizada en el sistema. ¿No cree que el Poder Judicial, en este aspecto, cumple una función poco eficiente?

-Para combatir la corrupción, se necesitan políticas y programas sostenidos en el tiempo y una batería de medidas, no una sola, ya sea aumentar las penas, bajarlas o cualquier otra.

-Usted dice que fallan los sistemas. ¿Y los hombres?

-No. Fundamentalmente, es una falla del sistema. Por ejemplo, si hubiera mecanismos de transparencia para la gestión pública y, también, para la privada -porque muchas veces los privados forman parte de la corrupción pública- los hombres tendrían menos margen de error. También hay que mejorar los mecanismos de control y tener un sistema coherente en materia legislativa, que creen instrumentos para evitar la evasión y dejen menos espacio para el delito.

-Me esquiva la respuesta sobre los jueces.

-Los jueces, el Poder Judicial, está avanzando en muchas causas en todo el país, pero tiene dificultades para entender y desentrañar mecanismos financieros muy complejos.

-Sin embargo, los jueces y tribunales nunca llegan a condenar a un político en actividad y las causas penales parecen avanzar sólo respecto de ex funcionarios.

-En la actualidad hay algunos funcionarios sujetos a proceso penal. Sí hay un tema que contribuye a que las causas prescriban: hay muchos tribunales vacantes y los poderes políticos no hacen los nombramientos necesarios ni crean nuevos tribunales, algo que continuamente reclama la Corte. Esta situación contribuye a que los juicios sean extensos y, como nunca se llega a la condena, la discusión se circunscribe a discutir si hay procesamiento y prisión preventiva.

-¿Realmente cree que la Justicia tiene capacidad de ponerles límites a los desbordes del poder?

-El Poder Judicial está ejerciendo un control más activo del poder político que el que se ejerció en otras épocas y si nos comparamos con otros países creo que estamos realmente bien. Fíjese que, actualmente, los jueces se involucran en todos los asuntos, todo se judicializa, desde el uso y destino de las reservas del Banco Central hasta la libertad de expresión.

-Cada vez con más frecuencia algunos fueros parecen apéndices del poder político. ¿Da la Justicia garantías suficientes?

-Los jueces deben poner límites a los poderes políticos y económicos y las partes siempre tienen la posibilidad de recurrir, incluso a la Corte. Hubo casos muy importantes y el Gobierno no siempre los ganó.

-Hablemos de los jubilados, que parecen siempre postergados.

-Bueno, ahí tiene un ejemplo de judicialización y respuesta. Existe una gran cantidad de juicios que generan un problema de saturación dentro del Poder Judicial. Pero el problema más importante lo tienen los propios jubilados, quienes una vez que se retiran tienen que iniciar una sucesión de reclamos administrativos y judiciales en todas las instancias, hasta llegar a la Corte, y luego deben iniciar otro juicio de ejecución para poder cobrar. Esto no es razonable. Por eso, pedimos un informe a la Anses, para ver cuál es la situación del organismo y trabajar en una solución. Pero, en forma paralela, la Argentina se debe otro debate más amplio, de carácter legislativo, acerca de cómo financiar el sistema de la seguridad social.

-¿Sugiere que hay que cambiar la relación aporte/beneficio, algo que ya se intentó en los 90?

-Me refiero a que hay que debatir si la seguridad social debe dar beneficios sólo a los aportantes o si también debe dar respuestas a todos los sectores en situación de vulnerabilidad. Habría que definirlo con claridad. Porque los jueces aplican leyes que establecen una relación directa entre el aporte del trabajador y el beneficio que debe recibir cuando se jubila. Si se quebrase esa relación directa, el trabajador no tendría interés en continuar haciendo aportes. Los jueces vamos a seguir aplicando ese criterio. Pero también hay sectores vulnerables a los que se les da respuesta con dinero público. El Congreso debería ordenar los criterios.

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