La Corte convocó a una audiencia pública para definir el caso Farmacity

La Corte Suprema convocó ayer a una audiencia pública en la causa Farmacity, un proceso que tiene ocho años y en el que la empresa reclama que la dejen desembarcar en la provincia de Buenos Aires.

El tema que se debate en esta causa consiste, explicó la Corte, en "si corresponde a la provincia de Buenos Aires o a la Nación regular ciertos aspectos de la actividad farmacéutica" en territorio bonaerense; en concreto, si es constitucional la ley de la provincia que le prohíbe a Farmacity instalarse.

Hasta ahora, la Justicia falló siempre en contra de los intereses de la empresa, pero la procuradora fiscal Laura Monti le recomendó en abril pasado a la Corte que le diera la razón a Farmacity y declarara inconstitucional la ley cuestionada. Su dictamen, no obstante, no es vinculante.

Este un caso especialmente sensible para el mundo de la política. Quien decidió judicializar el conflicto, en 2010, fue Mario Quintana , que era por entonces el CEO de la empresa y hoy es vicejefe de Gabinete; es, además, un hombre muy cercano a Mauricio Macri . Quintana fue fundador y presidente del directorio de Farmacity. En el Gobierno dicen que Quintana ya no tiene nada que ver con la compañía.

Los jueces Ricardo Lorenzetti , Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda (los otros dos están excusados y no intervienen en la causa) fijaron la audiencia para el 29 de agosto próximo, a las 10.

Además, les dieron 30 días a aquellos que quieran participar como "amigos del tribunal".

Esta causa la inició Farmacity para que se declarara la inconstitucionalidad de los artículos 3° y 14 de la ley 10.606 de la provincia de Buenos Aires, que regula la propiedad de los establecimientos farmacéuticos y no incluye en la enumeración de las distintas categorías de sujetos que pueden ser titulares de ellos a las sociedades anónimas como Farmacity.

A través de un comunicado, Farmacity sostuvo ayer que la ley bonaerense "es violatoria de los derechos constitucionales de propiedad, de igualdad, de comerciar y de ejercer industria lícita y el principio de razonabilidad".

Cuando el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la provincia, ese tribunal declaró constitucional el art. 14 de la ley 10.606. Farmacity recurrió entonces ante la Corte Suprema.

Farmacity pidió que se le reconociera su derecho a ser propietaria de farmacias y a explotarlas en territorio bonaerense.

El conflicto de Farmacity con la provincia comenzó en 2010, cuando la empresa quiso instalarse en Pilar y el Ministerio de Salud bonaerense no la autorizó. La Justicia en lo contencioso administrativo de La Plata le rechazó la demanda basada en que la administración provincial tiene atribuciones para regular la actividad farmacéutica y en la preservación del ejercicio de la profesión.

La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires confirmó esa sentencia. Lorenzetti, Maqueda y Highton tendrán la decisión final.