La Corte evalúa pasarle el control de las escuchas a la Cámara Federal porteña

De ese modo, el órgano encabezado por el juez Irurzun asumirá la responsabilidad que hasta ahora tenía Gils Carbó
Hugo Alconada Mon
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14 de febrero de 2016  

La Corte Suprema de Justicia evalúa delegar la oficina de escuchas telefónicas en la Cámara Federal porteña, lo que en la práctica implicará darle aún más poder a los tribunales de Comodoro Py, confirmaron altas fuentes judiciales a LA NACION.

El titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti , ya le adelantó la propuesta al presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, durante una reunión a fines de enero, en la que también se abordaron otras opciones destinadas a incluir otras cámaras del interior del país o con asiento en la ciudad de Buenos Aires, como la Cámara en lo Penal Económico.

La opción más firme, sin embargo, pasa por la Cámara Federal porteña, al punto de que Lorenzetti también le adelantó ese plan a la procuradora, Alejandra Gils Carbó . También le pidió que mantenga a su personal dentro del actual Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (Dicom) hasta que el nuevo equipo complete su capacitación.

La Corte podría respetar de ese modo el eje central del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 256/2015, que firmó el presidente Mauricio Macri a fines de diciembre pasado -que transfirió las interceptaciones telefónicas al máximo tribunal del país-, pero sin asumir de manera directa un área que podría generarle dolores de cabeza.

En rigor, el objetivo de Macri y sus colaboradores con ese decreto fue quitarle poder y recortarle facultades a Gils Carbó, a quien consideran demasiado afín al kirchnerismo, al mismo tiempo que buscaron reforzar los vasos comunicantes con Lorenzetti.

Para eso, en el DNU 256/2015 se estableció que la Corte debe dictar un "reglamento de funcionamiento" -lo que aún no ocurrió- de la Dicom que quedaría a cargo de un camarista, al que se designará "por sorteo" y con mandato por un año.

El decreto, que se publicó el 29 de diciembre en el Boletín Oficial, también estableció el "urgente" traspaso de las escuchas de la Procuración a la Corte, que debía concretarse "en forma preferente e inmediata".

El mismo 29, y por una acordada, sin embargo, la Corte postergó el traspaso hasta mañana, 15 de febrero. Argumentó que no era posible concretarlo "de inmediato" dada la cantidad de "medios humanos y materiales" que involucraba.

Durante las semanas de feria judicial que siguieron, la Corte tomó otras medidas. Cada uno de los ministros -Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda- envió un secretario a las oficinas de la Dicom para que evaluara el panorama dentro de esa oficina y sus potenciales dificultades. Y, a partir de esto, se tomó la decisión de delegar en un tribunal inferior la gestión de las escuchas.

Más conocida como la "Ojota", a raíz de su anterior nombre formal -Dirección de Observaciones Judiciales (DJO)-, la Dicom es desde hace años el centro de una apenas solapada disputa política y administrativa que incluyó espías, funcionarios con hábitos delictivos, varias fuerzas de seguridad, jueces permisivos y escuchas ilegales.

Así, la "Ojota" operó dentro de la Secretaría de Inteligencia (la ex SIDE), que proveyó de material sensible a los inquilinos de la Casa Rosada y a los mejores postores del sector privado, ya fueran empresarios, banqueros o periodistas.

"Oscurantismo"

Sin embargo, a partir de la pelea entre la ex presidenta Cristina Kirchner y el sector de la ex SIDE que respondía a Antonio Horacio "Jaime" Stiuso, el kirchnerismo desplazó a ese espía, reformó el organismo -que se rebautizó Agencia Federal de Inteligencia (AFI)-, modificó la ley de inteligencia nacional y traspasó la "Ojota" a la Procuración.

Ya renombrada Dicom, al frente asumió una colaboradora de extrema confianza de Gils Carbó, la fiscal Cristina Caamaño, secretaria de Seguridad Operativa durante la gestión de la ex ministra Nilda Garré.

Con Caamaño al frente, desde la Procuración remarcan que la ex "Ojota" pasó del "oscurantismo" a un sistema más transparente y eficaz, con protocolos de gestión y una estructura orgánica diseñada para evitar "tentaciones" o "desvíos". Por ejemplo, la existencia de "locutorios" en los que efectivos de distintas fuerzas de seguridad nacionales y provinciales "pinchaban" teléfonos por su propia cuenta y sin un control central. O la concreción de interceptaciones "de favor", sin una orden judicial.

Los procesos también mejoraron. Así, mientras bajo el control de la ex SIDE los "tiempos de conexión" o "pinchaduras" podían demorar meses tras ingresar a una "lista de espera" discrecional, ahora se gestionan en el día. Y en los casos con "riesgo de vida" -como los secuestros- se implementan en un promedio de 13 minutos, según los informes estadísticos que la Dicom eleva cada mes a la Procuración.

Ahora, sin embargo, mientras algunos sectores del macrismo verían con agrado que se reforme otra vez la ley de inteligencia para que las interceptaciones telefónicas retornen a la ex SIDE, la Corte debe definir qué hará y dónde depositará la gestión diaria de la Dicom.

Una opción que se barajó es convocar a camaristas del interior y del fuero Penal Económico. Otra es acotarlo a la Cámara Federal porteña y que el personal de la dirección quede bajo su órbita. Según adelantó a Irurzun y Gils Carbó, Lorenzetti se inclina por Comodoro Py.

Juego de poder en los tribunales

El crucial manejo de la Dicom cambia de manos

A. Gils Carbó

Fuente: LA NACION

Procuradora general

Horacio Lorenzetti

Fuente: LA NACION

Presidente de la Corte Suprema

Martín Irurzun

Fuente: LA NACION

Presidente de la Cámara Federal Porteña

De Gils Carbó a la Corte Suprema de Justicia

Con un decreto, el 29 de diciembre el presidente Mauricio Macri le quitó a la procuradora el manejo de las escuchas telefónicas y delegó el control en la Corte Suprema. El máximo tribunal, con una acordada, postergó hasta mañana el traspaso

De la Corte a los tribunales de Comodoro Py

Lorenzetti apuesta a que Martín Irurzun, presidente de la Cámara Federal porteña, sea quien se haga cargo del manejo de la ex "Ojota". También se analizan otras opciones, como convocar a camaristas del interior o del fuero Penal Económico

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