La Corte no quiere anular los comicios

Varios jueces, sin embargo, dudan sobre la validez de la convocatoria de la Asamblea Legislativa
Adrián Ventura
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30 de diciembre de 2001  

La Corte Suprema quedó colocada en medio de un fuego cruzado, pues algunos sectores políticos esperan que resuelva si es constitucional la resolución por la cual la Asamblea Legislativa convocó a elecciones para marzo próximo.

Por ahora, si bien hay varios jueces que dudan sobre la validez de la medida, el tribunal no está dispuesto a anular los comicios.

Claro que esa afirmación puede ser válida por días, semanas o tan sólo por horas. Todo es muy fluctuante en un escenario político volátil.

Anteayer, la Corte tuvo una primera intervención en el problema: un empresario solicitó directamente ante el alto tribunal que dicte una medida cautelar para que impida la realización de las elecciones de marzo próximo y el presidente Adolfo Rodríguez Saá pueda continuar en el cargo hasta fines de 2003. Pero la Corte rechazó el planteo por entender que no es de su competencia actuar en forma originaria en este asunto.

Por estos días, la Corte enfrenta un clima enrarecido: muchas voces piden la remoción de sus integrantes.

Algunos grupos, como la Asociación de Abogados Laboralistas, que organizó un ruidoso cacerolazo frente a la Corte, protestan porque identifican a los nueve jueces con el modelo económico que impulsaron Carlos Menem y Fernando de la Rúa y al que la Corte respaldó con numerosos fallos que los laboralistas califican como "mamarrachos jurídicos".

Raro, pero no extraño

Sin duda, el escenario político actual no es el que los nueve jueces -seis de los cuales llegaron al cargo con la firma del ex presidente Menem- transitaron en los últimos doce años, caracterizados por sucesivos acuerdos entre el menemismo y el radicalismo.

Pero también es cierto que la mayoría de los jueces conoce de cerca a los principales gobernadores peronistas, especialmente al bonaerense Carlos Ruckauf y, en menor medida, al cordobés José Manuel de la Sota.

Tampoco Rodolfo Rodríguez Saá ni algunos de los principales funcionarios que el Presidente nombró son desconocidos para los magistrados.

A mediados de año, la Corte también se negó a interferir en una elección interna provincial en la que los Rodríguez Saá tenían puestas sus fichas y hace dos meses el entonces gobernador visitó a varios de los jueces cuando, junto con otros gobernadores, demandó a la Nación por los fondos de la coparticipación federal.

Todos esos puentes hacia la Corte serán recorridos en los próximos meses, cuando lleguen al alto tribunal las denuncias para impugnar la resolución de la Asamblea Legislativa que convocó a elecciones para marzo.

En rigor, no hay duda sobre la atribución de la Asamblea de nombrar a Rodríguez Saá. Pero los argumentos en uno y otro sentido no son tan decisivos cuando se analiza si la Asamblea podía convocar o no a elecciones.

Y, peor aún, no hay demasiadas razones jurídicas para defender que ese organismo podía reformar el Código Electoral e introducir el sistema de lemas, una modificación para la que, según la Constitución, sólo tiene atribución el Congreso.

Lo que se pide que resuelva la Corte es un tema jurídico. Pero la magnitud de los actores coloca al tribunal en medio de intereses políticos: De la Sota quiere elecciones en marzo; Menem, con línea directa con la Corte, pretende que no se realicen y que Rodríguez Saá siga hasta 2003, criterio que también comparte la UCR.

Ayer, uno de los hombres de Ruckauf con más acceso en la Corte dijo a LA NACION que el gobernador va a hacer todos los esfuerzos para que se cumpla la resolución de la Asamblea, que incluye la realización de las elecciones. Recordó que en otras ocasiones históricas la Corte se negó a invalidar las decisiones de la Asamblea si habían sido adoptadas por las mayorías necesarias para tomarlas. Y Ruckauf públicamente exigió que la resolución de la Asamblea "sea respetada".

Por ahora, la organización de las elecciones está en marcha: la jueza Servini de Cubría difundió un cronograma electoral y la Cámara Electoral habilitó la feria judicial para que se trabaje en enero y febrero.

Pero, ante la duda, hubo consultas con la Corte. La respuesta fue categórica: sigan con el cronograma.

La duda

¿Le dará la Corte la espalda a Menem para beneficiar la pretensión electoralista de De la Sota? Quizá si en el mismo platillo que Menem, que no quiere elecciones, se colocase el peso de Ruckauf, sería más fácil resolver el asunto. Pero si Ruckauf se coloca al lado del mandatario cordobés, el desenlace no es enteramente cierto.

Por ahora, varios jueces tienen serias dudas sobre la validez de lo resuelto por la Asamblea Legislativa la semana última. Uno de ellos lo comentó abiertamente ante sus pares en una conversación reservada.

A nadie se le escapa que la Corte apostará, hasta último minuto, como ya hizo en otras ocasiones, a que el conflicto tenga una solución política.

Cerca de los jueces se escucha una pregunta que tiene mucho de lógica: si los políticos peronistas llegaron a un acuerdo en la Asamblea y ellos mismos lo violan, ¿por qué hay que esperar que la Corte lo resuelva?

Los jueces, además, saben que decidir el asunto por medio de una sentencia dejaría demasiados heridos y expondrían a la Corte a ser responsabilizada por cualquier contingencia desfavorable del país. Nadie se niega a resolver un caso judicial, pero tampoco asumir responsabilidades ajenas.

Pero, ¿hasta cuándo podrá la Corte postergar la decisión? "Tanto cuando le sea posible", dicen en Tribunales.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay varias acciones judiciales promovidas ante la jueza María Servini de Cubría y ante el juez contencioso Guillermo Rossi.

No hay que descartar, entonces, que una vez que estos jueces se pronuncien en la primera o segunda semana de enero, se presente algún recurso extraordinario que, fundado en la gravedad institucional del asunto, deje a la Corte atrapada en la necesidad de dictar una sentencia.

La justicia marplatense frenó la elección

MAR DEL PLATA.- La decisión de la Asamblea Legislativa de elegir al sucesor de Adolfo Rodríguez Saá mediante el sistema de ley de lemas encontró su primer escollo judicial en esta ciudad. Ayer, el juez federal Mario Arturo Robbio hizo lugar a un recurso de amparo presentado por un abogado local que advirtió fallas en lo actuado por la Asamblea.

Con esta medida de no innovar quedarían suspendidos provisionalmente los comicios del 3 de marzo.

La medida cautelar fue presentada el miércoles último por el letrado marplatense Eduardo Rodríguez Solana y consiguió un fallo favorable en poco más de 48 horas.

Ayer, en diálogo con La Nacion, dijo que si esta sentencia es apelada en la Cámara Civil y se revoca lo actuado en primera instancia “igualmente no podrá haber elecciones hasta tanto la Corte resuelva mi eventual presentación ante ese tribunal”.

Destacó que las modificaciones a la ley electoral deben ser debatidas y aprobadas por las cámaras legislativas, pero “de ninguna manera” alteradas por la Asamblea Legislativa.

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