La Corte puso en aprietos a los representantes del Gobierno y de Clarín

En la segunda y última audiencia pública descargó una batería de preguntas que muchas veces dejaron incómodos a los abogados de las dos partes en disputa
Adrián Ventura
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30 de agosto de 2013  

En la segunda y última audiencia pública sobre la ley de medios, la Corte Suprema puso varias veces en aprietos a los representantes del Gobierno y del Grupo Clarín, con una batería de preguntas que sorprendieron por su precisión y concepto.

La de ayer fue la última instancia antes de que la Corte resuelva si confirma al fallo de la Cámara Federal que aceptó el cuestionamiento que el Grupo Clarín hizo a dos de los cuatro artículos de la ley de medios que están en controversia. El tribunal no tiene plazos prefijados para pronunciarse.

La audiencia de la Corte, que se había iniciado anteayer con la exposición de los amicus curiae (amigos del tribunal), continuó ayer con las preguntas que el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, había consensuado con sus colegas y que les fue formulando a las partes.

A pesar de que estaba previsto que el Grupo Clarín y el Estado podrían comenzar con una exposición de media hora, el tribunal invirtió el procedimiento. Si bien el Gobierno aprovechó la oportunidad para mejorar el magro desempeño que tuvo en la causa, trastabilló en varias respuestas y reconoció que para el Estado las licencias de radiodifusión son tan sólo "privilegios" que otorga el Estado y que puede revocar en cualquier momento.

Las primeras dieciséis preguntas estuvieron dirigidas a los abogados del Grupo Clarín: Damián Cassino y los constitucionalistas Alejandro Carrió y María Angélica Gelli, que estaban acompañados por el economista Carlos Winograd, Carlos Moltini (presidente de Cablevisión) y Martín Etchevers, gerente de Comunicación.

Las exposiciones dejaron muy clara la línea argumental del Grupo Clarín:

-Desguazar al Grupo Clarín es afectar su derecho a expresarse y el derecho de la gente a elegir qué programas quiere ver.

-La ley proclama que busca más pluralismo, pero el Gobierno no probó que desarmar al Grupo Clarín lleve a ese resultado.

-El derecho internacional prohíbe que se sancionen leyes antimonopólicas que sean dictadas específicamente contra empresas de medios.

-El Grupo Clarín necesita desarrollar una economía de escala para ser sustentable, abaratar costos y, fundamentalmente, ser independiente del Gobierno de turno.

-El Grupo Clarín no es monopólico, sino que sus ocho radios compiten con otras 17.000 en todo el país; su Canal 13 compite con otros cuatro canales de aire, y Cablevisión se reparte el mercado con DirecTV y muchos operadores locales de cable. El multimedio, a pesar de su tamaño, no pone barreras de entrada a otros competidores.

-Los límites que la ley de medios establece a los cableoperadores para que no sobrepasen las 24 localidades o el 35 por ciento de los abonados no tiene sustento técnico. Además, si Cablevisión sólo pudiese brindar TV paga en ese número de ciudades, los ingresos por abono que allí se recauden no alcanzarían para financiar el servicio de Internet que por esa red brinda en todo el país.

Después, fue el turno del Gobierno, que tuvo 36 preguntas. Graciana Peñaflor, una funcionaria del ex titular del Comfer, Gabriel Mariotto, fue la mejor carta para exponer los argumentos del Gobierno:

-Los letrados de la Afsca sostuvieron que durante la vigencia de la nueva ley el organismo otorgó más de 600 licencias a nuevos operadores. En el alegato final, Cassino, de Clarín, aprovechó ese dato para preguntarse: "Si es así, entonces para qué quiere las licencias del Grupo Clarín", dijo Cassino.

-La Afsca también defendió por qué considera conveniente que quienes explotan una licencia de TV abierta no puedan ser titulares del registro de más de una señal de contenido: "Se trató de poner barreras a la acumulación en términos concentrados, en propiedad cruzada y en integración vertical. La intención es evitar que quien produce la señal y las distribuye privilegie sus señales y decida no incluir a las de la competencia", dijo Peñaflor.

-Peñaflor también afirmó que el multimedio, "por la magnitud que tiene, genera barreras a la entrada de competidores, marca precios y condiciones de competencia e hizo prácticas predatorias".

Pero los abogados del Estado no supieron explicar por qué es razonable el límite de 24 localidades o 35 por ciento de abonados. Peñaflor tan sólo sostuvo que hay empresas que llegando al 25 por ciento de abonados son sustentables. Más tarde, Carrió (Grupo Clarín) argumentó: "Esos límites son arbitrarios", a lo que Winograd agregó: "Si el límite es el 35 por ciento, ¿para qué querrá entonces un medio hacer inversiones?".

Más dudas dejaron los abogados de la Afsca cuando reconocieron que las licencias de radio y televisión "son privilegios".

Un decreto de 2005 extendió por 10 años las licencias del multimedio. Para el Estado, eso no entra en colisión con la ley de medios, que pretende la caducidad de esas licencias. Pero para el Grupo Clarín sí muestra una actuación incoherente del Estado, porque a raíz de ello el multimedio hizo grandes inversiones y, ahora, corre el riesgo de perderlas.

El cierre del acto estuvo a cargo del titular de la Afsca, Martín Sabbatella, quien dijo que "si el Grupo Clarín quiere poner o sacar presidentes, lo que tiene que hacer es crear un partido político".

Después de la audiencia, tanto el Grupo Clarín como el Gobierno emitieron sendos comunicados cuestionando afirmaciones hechas por la otra parte.

Del editor: qué significa.

Curiosamente, la Corte logró incomodar a los expertos del Gobierno y de Clarín con preguntas sencillas y profundas. Una pista de qué piensan los jueces.

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