La Corte Suprema fijó un temario de fallos con fuerte impacto económico

La Corte Suprema de Justicia anunció que en este semestre dictará sentencias en una docena de casos de alta sensibilidad política y gran impacto económico para el Gobierno, que incluyen decisiones sobre reajustes de haberes jubilatorios, la reelección del gobernador en La Rioja y las tasas que cobran los municipios.

Tras su acuerdo, el máximo tribunal continuó con esta modalidad que inauguró con la llegada de Carlos Rosenkrantz como presidente del máximo tribunal. Pero fijar la agenda no fue fácil, sino producto de una negociación que comenzó en diciembre pasado, continuó tras las vacaciones de enero y sufrió ajustes de última hora en febrero.

A diferencia de lo que ocurría cuando Ricardo Lorenzetti era presidente y fijaba el temario de cada acuerdo, con Rosenkrantz los temas a votar son producto de conciliábulos y negociaciones. Quienes apostaron por este mecanismo sostienen que la toma de decisión en la Corte ahora es más participativa. De hecho esta nueva integración le quitó el poder autónomo de contratación al presidente del cuerpo y obligó a que las decisiones económicas y de nombramientos cuenten con al menos la firma de tres ministros.

La agenda que hizo pública la Corte incluye el dictado en dos causas vinculadas con los haberes jubilatorios: por un lado, la Corte debe decidir si el defensor del Pueblo de la Nación está legitimado para actuar en representación de los pasivos en el reclamo sobre la actualización general a partir del fallo Badaro.

Esta causa lleva al menos 10 años y, en ese momento, el impacto económico era enorme, por lo que el kirchnerismo buscó a toda costa evitarlo. El efecto Badaro es sensiblemente menor porque muchos de estos jubilados ya cobraron con sus propias sentencias, algunos fallecieron y otros se acogieron a la reparación histórica.

El otro caso que impacta en el tesoro de la Anses está vinculado al pago de Ganancias de los jubilados que perciben los mayores haberes. El número de beneficiarios es casi 300.000 y no es significativo en el universo total de los jubilados.

Otro caso de alta sensibilidad que incluyó la Corte Suprema en su agenda es la definición sobre las elecciones en La Rioja, donde el gobernador, el peronista Sergio Casas, busca un tercer mandato consecutivo y para ello convocó a una consulta electoral que lo habilitó a hacerlo. Pero Cambiemos entendió que no puede presentarse a un tercer mandato porque se lo impide la Constitución. Casas había sido vicegobernador de Luis Beder Herrera entre 2011 y 2015, y eso bloqueaba un nuevo mandato: con la reforma de la Constitución provincial a través de la consulta popular, modificó el artículo 120 y así se presentó para un nuevo período. Convocó a elecciones para el 12 de mayo.

Cambiemos fue a la Corte para pedir que intervenga. Por ahora el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dijo que era un tema de la Justicia provincial. La Corte fallará antes del 23 de marzo, para cuando se fijó la fecha del cierre de listas.

A su vez, el tribunal decidirá en otro caso de impacto económico sobre el reintegro de fondos coparticipables a Santa Fe, como lo hizo la semana pasada con San Luis. El monto involucrado ronda los 45.000 millones de pesos.

Además, la Corte puso en agenda la constitucionalidad de la ley de glaciares y una causa de la ciudad de Buenos Aires contra Córdoba en la que se discute si ambas tienen el mismo estatus jurídico como para que el caso sea competencia originaria del máximo tribunal.

La agenda de la Corte incluye dos causas sensibles para los municipios. En el caso de la Municipalidad de Quilmes contra la empresa Esso se discute el monto de las tasas de seguridad e higiene que cobran los municipios y el modo en que se calculan. Y en el caso Telefónica de Argentina contra la Municipalidad de General Güemes la Corte decidirá si los municipios pueden legislar sobre la instalación de antenas telefónicas. El caso Price, incluido en la agenda de la Corte, resolverá si los tribunales provinciales tienen facultades para regular el alcance de la garantía del plazo razonable en el proceso penal.

La Corte también debatirá la validez del juicio por jurados, un caso sobre la prescripción de la acción indemnizatoria contra una empresa por la desaparición forzada de un trabajador y una causa por el derecho a manifestarse y a ejercer la libertad sindical.

En cambio quedó fuera de la agenda del tribunal decidir sobre el planteo del diputado Felipe Solá para que se determine si los familiares de los funcionarios pueden ser alcanzados por el blanqueo. Pero si el procurador Casal dictaminara, la Corte podría tomar el tema en los próximos meses.