El regreso del menemismo: derivaciones del fallo que dejó libre al ex presidente. La Corte Suprema quiso enviar una señal para toda la Justicia

"Se hizo una aplicación exagerada, inadecuada, de la figura de la asociación ilícita", dijo el presidente de la Corte Suprema, Julio Nazareno, a LA NACION, para explicar por qué, anteayer, el alto tribunal formuló un reproche a los jueces y fiscales que intervinieron en la causa de las armas.

Cuando revocó la prisión preventiva por asociación ilícita, que a instancias del fiscal Carlos Stornelli había dictado el juez Jorge Urso y que confirmó la Sala II de la Cámara Federal -integrada por Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun-, el máximo tribunal incluyó en la sentencia un muy duro cuestionamiento respecto de la actuación de los magistrados.

Por cierto, no los identificó por sus nombres, sino que en forma genérica aludió a "los jueces y fiscales de las intervinientes en causas de significativa repercusión, frente a una opinión pública particularmente sensible ante hechos de corrupción administrativa". Es obvio que aquéllos están incluidos entre los destinatarios del mensaje de la Corte.

Recuerdos del pasado

Tras "llamarlos a la reflexión para que no creen delitos de la nada ni busquen delitos que permitan el procesamiento con efectiva privación de la libertad para luego acomodar los hechos a la figura", recordó los problemas que en el pasado causó la represión ilegal. Incluso, en el borrador que redactó Belluscio, inspirador de esa ácida crítica, había una palabra mucho más fuerte: se hablaba de "terrorismo". Pero el término fue suprimido por pedido de Adolfo Vázquez.

Para el catedrático Daniel Sabsay, el fallo de la Corte "es ofensivo", pues "comparar con lo que hacían bandas armadas en la clandestinidad y las órdenes emanadas de usurpadores del poder con el Estado de Derecho es por lo menos preocupante".

Nazareno, en diálogo con LA NACION, dijo que "los jueces deberían tener más cuidado, más prudencia con las resoluciones que dictan". Además, estimó que "no es tan duro como parece" y explicó que "hay que ser cuidadosos con las causas que tienen amplia repercusión, porque se crean expectativas públicas que luego quedan frustradas" por la falta de pruebas.

Pero la crítica genérica a los jueces lleva la firma de otros cuatro magistrados: Augusto Belluscio, Guillermo López, Eduardo Moliné O´Connor y Adolfo Vázquez.

Hay otro mensaje

Por eso, cabe preguntarse cuál fue, realmente, el mensaje que la Corte quiso enviar al resto de la Justicia.

Parece evidente que el tribunal hizo uso de un lenguaje no sólo fuerte, sino directo y categórico, algo que rara vez se encuentra en las sentencias de la Corte, cargadas de precisiones técnicas pero también de ambigüedades con las que preserva un margen importante de discrecionalidad.

Varios funcionarios muy cercanos a esos jueces explicaron que aquéllos estarían molestos con el costo político de las decisiones que deben tomar "por culpa de los magistrados de distintos fueros, no sólo de los penales".

Como se sabe, por la justicia federal penal pasan las causas con connotaciones políticas. Y, se sabe, les resultó particularmente incómodo revocar la prisión preventiva que el ex juez Adolfo Bagnasco le dictó a Víctor Alderete, sin sustento alguno, según el criterio de la Corte.

Pero "los jueces de tribunales inferiores, ahora, frenan todas las medidas de gobierno. Por ejemplo, se pronuncian en materia de tarifas de servicios públicos, boletos, peajes", dicen esos funcionarios.

"Pero, ¿acaso no corresponde que los jueces en lo contencioso administrativo juzguen si el poder político y los concesionarios se sujetan a las normas jurídicas?", preguntó LA NACION.

"Una cosa es que analicen si respetaron las leyes y otra, muy distinta, que evalúen si está bien que esas tarifas deban subir o bajar. No pueden analizar la oportunidad de las medidas de gobierno", respondieron varios de los funcionarios consultados.

"Así no se puede gobernar. Es lo que, incluso, dijo públicamente el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo. No se puede gobernar con tantas trabas. Hay jueces que se creen justicieros y quieren ser populares", aseguró otro.

Algo de esto, es cierto, sienten efectivamente en el Gobierno: por eso, el decreto de necesidad y urgencia 1387/01 permite que, frente a una medida cautelar de algún juez, el Estado pueda presentar un recurso directamente ante la Corte, un verdadero per sáltum que deja a los jueces inferiores al margen de las decisiones.

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