La Corte tucumana rechazó un pedido del gobernador

Ambito: consideró que la presentación de Antonio Bussi de su declaración jurada no le compete a ella sino al Tribunal de Cuentas.

21 de febrero de 1998

SAN MIGUEL DE TUCUMAN.- La Corte Suprema de Justicia provincial resolvió ayer rechazar, nuevamente, un pedido formulado por el gobernador Antonio Domingo Bussi, decisión por la cual le fue remitida la controvertida declaración jurada de bienes, que estaba en poder del contador general de la gobernación en lugar del Tribunal de Cuentas como hubiera correspondido, de acuerdo con la legislación provincial.

Lo que más llamó la atención de los observadores políticos locales respecto de la resolución del alto tribunal es que, en esta oportunidad y entre otros fundamentos, la Corte provincial esgrimió que, al realizar la presentación, el gobernador Bussi pretendió evitar un conflicto de poderes.

De esta manera, continúa siendo un tema excluyente de la sociedad tucumana, dividida hoy de modo muy marcado entre los adeptos a Bussi y los que pretenden su renuncia, el hecho de que se haya conocido que el gobernador es el titular de una cuenta en Suiza, tras una investigación del juez español Baltasar Garzón sobre la última dictadura en la Argentina.

En este sentido, en la céntrica plaza Independencia, frente a la Casa de Gobierno, adeptos bussistas han levantado tres carpas para testimoniar su adhesión incondicional y rechazar, así, la medida legislativa de crear una comisión investigadora del tema sobre la pista bancaria suiza.

De acuerdo con los dichos de varios de sus ocupantes, los bussistas estarán en alerta permanente para apoyar al mandatario y se mantendrá, por tiempo indeterminado, una guardia de 24 horas.

En la vereda opuesta, los integrantes de la comisión investigadora, Alberto Darnay (PJ), Carlos Courel (UCR) y Roberto De la Orden (FR), regresaron a esta ciudad, provenientes de la Capital Federal, donde hicieron gestiones vinculadas con la cuenta suiza (ver nota aparte).

Los tres legisladores elevarán sus respectivos informes ante la Comisión de Asuntos Legislativos para que los datos reunidos sean puestos en conocimiento del resto de los integrantes del cuerpo. La oposición espera que Bussi sea citado y concurra a la sesión para dar las explicaciones correspondientes y, en caso de que las mismas resulten poco satisfactorias, comenzar el juicio político.

Nuevos incidentes

Prueba de la división antes mencionada es el hecho de que, al llegar los integrantes de la comisión investigadora al aeropuerto Matienzo, un grupo compuesto por cerca de medio centenar de personas, la mayoría mujeres, agredió verbalmente a los legisladores Courel y Darnay, contra quienes, además, arrojaron huevos.

El desorden generalizado era tal, que una persona, de fisonomía similar al ex intendente municipal y presidente de la convención provincial de la UCR, Rubén Chebaia, fue confundida con el político, por lo que fue objeto de insultos y amenazas por parte de los enervados bussistas. La policía intervino cuando los ánimos ya se habían aquietado.

Por su parte, el ex juez federal Mario Martínez, quien encabeza una lista interna en el PJ, anunció que desistirá de su planteo de juicio político al mandatario presentado anteayer. En cambio, solicitará a la Legislatura -con minoría bussista-, la inhabilitación para desempeñar el cargo, lo que acarrearía la destitución del gobernante.

La cuenta de Arduino

En el detalle de la cuenta del ex capitán de navío Adolfo Arduino que emitió la Unión de Bancos Suizos y que la justicia de ese país remitió al juez federal Adolfo Bagnasco se indica que el ex militar recibió un depósito en efectivo de 350.000 dólares.

La fiscal general Carla Del Ponte remitió esa información al magistrado, que instruye una causa abierta por las Abuelas de Plaza de Mayo para averiguar el destino de los hijos de desaparecidos.

El depósito fue hecho entre enero y marzo de 1989, pero no hay constancia de que sea el fruto de la confiscación de bienes de desaparecidos.

Son muchos los militares que tienen cuentas en el extranjero y el juez Vidal Durán y varios fiscales investigan esa pista.

Héctor Domingo Padilla

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