La cuestión militar debe volver a los carriles profesionales

Rosendo Fraga
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30 de mayo de 2003  

La Argentina venía viviendo un proceso inusual en la relación entre el poder civil y las Fuerzas Armadas: los jefes de estado mayor que habían sido designados a fines de 1999 por el presidente Fernando de la Rúa habían permanecido en sus cargos al asumir Adolfo Rodríguez Saá y también lo hicieron con Eduardo Duhalde.

Esta era la mayor evidencia de que las Fuerzas Armadas se encontraban en una actitud profesional y al margen de los avatares del proceso político. Cabe recordar que en los 10 días de diciembre de 2001, cuando se sucedieron cinco presidentes en el marco de una grave crisis, nadie se planteó qué pensaban los militares ni qué actitud adoptarían. Es que se dio por descontada su plena subordinación al poder civil.

El nuevo gobierno no ha tenido un buen comienzo en su relación con las Fuerzas Armadas. El sólo hecho de que la cuestión militar vuelva a ser motivo de interés político y periodístico, ya sea por la remoción de mandos, la declaración del teniente general Ricardo Brinzoni y la respuesta del presidente Néstor Kirchner no es una señal positiva.

El impacto negativo puede ser atenuado si se recurre a una alternativa que permita reducir los costos institucionales que tiene una remoción drástica de mandos en las tres fuerzas, que es lo que motivó la controversia. Una alternativa sensata sería reducir la remoción a los generales de división, vicealmirantes y brigadieres mayores.

Ello se puede lograr, ascendiendo a los nuevos jefes de estado mayor al grado inmediato superior, lo cual requiere una ley del Congreso. De esta manera ostentarían los grados de general de división, vicealmirante y brigadier mayor, pudiendo quedar en actividad la totalidad de los generales de brigada, contralmirantes y brigadieres y transformándose lo que aparecía como una purga sin precedente -habría que remontarse a los efectos de la revolución libertadora de 1955 para encontrar un precedente así-, en una remoción importante pero lógica.

Cúpula normal

A fin de año, estos jefes de estado mayor ascenderían a teniente general, almirante y brigadier general y entre los generales de brigada, contralmirantes y brigadieres, ascenderían los nuevos generales de división, vicealmirantes y brigadieres mayores, recomponiéndose así en poco tiempo una cúpula normal.

Sin vulnerar la voluntad política del Presidente de elegir como jefes de estado mayor a los actuales, se limitarían en forma importante los efectos de una remoción tan amplia que da imagen de purga no justificada profesionalmente.

Hacia el futuro, se hace necesario pensar en si las Fuerzas Armadas no van a necesitar una ley orgánica como tiene la Policía Federal o las Fuerzas de Seguridad, que limita la designación de los jefes a un determinado rango de los oficiales superiores.

También puede analizarse el retornar al esquema vigente hasta 1966, en el cual al frente de cada fuerza había un secretario, que manejaba las relaciones políticas, el presupuesto y las designaciones, y era el funcionario político que conducía la fuerza.

Este podía ser un militar en actividad o retirado, y en algunos casos hasta los ministros de guerra fueron civiles. Tal fue el caso de Carlos Pellegrini en el siglo XIX, que ejerció dos veces el cargo de ministro de Guerra, como también sucedió con Elpidio González en el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen.

El secretario o ministro podía estar en actividad, e incluso fueron ministros coroneles en actividad como Riccheri, Justo y Perón.

Alternativas

Son diversas alternativas que pueden ser estudiadas, más allá de que en lo inmediato parece aconsejable adoptar el primer camino, para evitar que una decisión que está en las atribuciones del Presidente pueda lesionar e incluso politizar a las Fuerzas Armadas. Es que el hecho de que los jefes de estado mayor que habían sido designados en el gobierno de De la Rúa permanecieran en sus cargos con Rodríguez Saá y Duhalde había generado una despolitización sin precedente. Si no se atenúa el efecto de las nuevas designaciones, el riesgo es que en el futuro la carrera militar dependa más de las relaciones políticas o de los destinos con proximidad a gobernadores con proyección nacional, que de los propios méritos.

Esto es lo que el Presidente tiene que evitar y una moderación en los retiros inicialmente previstos puede ser una buena señal en ese camino, mientras se procura que la cuestión militar vuelva a los carriles profesionales que venía teniendo en los últimos años. Cuanto antes el tema militar deje de ser centro de atención política, más rápidamente se retomarán los cauces normales.

El autor es director del Centro de Estudios para la Nueva Mayoría.

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