La defensa militar se apoya en manuales contra la subversión

Una parte importante de los militares acusados por violaciones de los derechos humanos durante los años 70 apoyará su defensa en los reglamentos castrenses, aprobados durante gobiernos constitucionales, que avalaban la forma de combatir a la subversión.

La primera presentación judicial sobre el tema la hizo el general retirado Cristino Nicolaides, que ante el juez federal Carlos Soto Dávila expuso la existencia de esos manuales de operaciones.

Antes de esa declaración judicial, el abogado Florencio Varela reclamó en el Ejército la certificación de esos reglamentos, que presentó a las autoridades castrenses.

En esos manuales operativos se detallaría la manera en que debía tratarse a los militantes de grupos subversivos. La estrategia de defensa apunta a que el poder político conocía en 1975 la forma de combate prevista y que, de todas maneras, se aprobó la lucha contra la subversión.

Varela, representante legal de varios militares procesados en la Justicia, envió tres notas al jefe del Ejército, teniente general Roberto Bendini, en las que solicitó la certificación oficial de esos documentos para poder presentarlos como pruebas en las causas en las que se investiga a sus defendidos. Al no tener respuesta, dirigió una carta al ministro de Defensa, José Pampuro, en la que expone las irregularidades que, a su criterio, afectan la posibilidad de defenderse de los acusados por lo hechos durante la represión a la subversión, iniciada en 1975.

"En 1975 el gobierno constitucional ordenó a las FF.AA. entrar en guerra contra el terrorismo otorgándoles un cheque en blanco que nadie controló ni pidió cuentas y no sólo el Poder Ejecutivo, sino que tampoco lo hizo el Congreso de la Nación, circunstancias que ponen en evidencia un alto grado de irresponsabilidad en la acción de gobierno tanto del oficialismo como de la oposición en esos años", indicó el abogado en el escrito dirigido al Ministerio de Defensa.

Varela reprochó dos actitudes castrenses que impidieron una mejor defensa de los acusados: no haber informado rápidamente sobre la forma en que se combatió a los grupos guerrilleros y la destrucción de las nóminas "de los terroristas abatidos, no obstante que cumpliendo con lo ordenado por la directiva 1/75 del Consejo de Defensa, todas las acciones estaban documentadas".

También recriminó "la arbitraria limitación realizada por el presidente Raúl Alfonsín en el decreto 158 al ordenar la investigación por lo actuado durante la guerra sólo a partir del 24 de marzo de 1976, y no desde 1975, que fue cuando sin duda comenzó".

La política de ocultar

Mencionó, además, el ocultamiento de los manuales de operaciones del Ejército durante el juicio a las juntas militares, situación que permitió entonces "tildar, con razón, de clandestinos a los procedimientos empleados y lugares utilizados cuando en realidad ello no fue así, pues todo ello estaba previsto en los mentados reglamentos".

Aclaró Florencio Varela que fue el teniente general Alejandro Lanusse quien, entre 1968 y 1969, ordenó la confección de reglas castrenses para actuar frente a actos subversivos. Vigentes esas leyes durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, considera Varela que las leyes de obediencia debida y de punto final no son más que "un agravio a las FF.AA.".

Y explicó, en la nota dirigida a la actual conducción militar: "Nada había que perdonar u olvidar, ya que la conducta de los efectivos estaba y está justificada por las disposiciones del Código de Justicia Militar que impone la obligación de cumplir con las órdenes impartidas por sus superiores quienes son los únicos responsables por ellas".

"Fue arbitraria la adjudicación de las responsabilidades por lo actuado en la guerra contra el terrorismo a un grupo de militares -aseguró Varela-, creando así la imagen de un conjunto de facciosos que actuaron clandestinamente al margen de toda norma legal cuando la verdad, hoy probada, es que la totalidad de las FF.AA. intervinieron en la guerra de la cual sus oficiales fueron debidamente informados como consta en los reglamentos aparecidos o sea, ninguno puede aducir que desconocía como se combatía."

Pedido de informes

Por su parte, los diputados Nilda Garré y Alejandro Filomeno pidieron informes sobre los manuales en cuestión.

Mediante un comunicado, esos legisladores del Frepaso expresaron: "Se impone de manera urgente la necesidad de tomar las medidas y procedimientos internos que estén al alcance de las autoridades de la Cámara con el fin de establecer con certeza el grado de verosimilitud que tan graves acusaciones puedan tener, reafirmando con ello la actitud de colaboración y diligencia frente al reclamo de justicia, compromiso con la vigencia de los derechos humanos de este Honorable Congreso y, en consecuencia, de repudio a los crímenes cometidos por la última dictadura militar".