La denuncia cayó en el juzgado de Rafecas

La denuncia del Gobierno contra la imprenta Donnelley, a la que acusó de violar la ley antiterrorista al declararse en quiebra, está en manos del fiscal Patricio Evers, quien decidirá si impulsa o no la causa. Y el expediente recayó por sorteo en el juzgado federal de Daniel Rafecas.

La AFIP, órgano del Gobierno encargado de la denuncia, entiende que Donnelley pidió su quiebra de manera fraudulenta para que los accionistas de los fondos buitre pudieran adquirir un mayor porcentaje accionario a menor valor o para evitar pérdidas contempladas. La ley castiga con penas de uno a cuatro años a quien hace subir o bajar acciones con noticias falsas.

Según la denuncia, un 20% del paquete accionario de la firma está controlado por fondos buitre. La AFIP se presentará, además, el martes ante la justicia comercial para pedir que se revierta la quiebra y se transforme en un concurso de acreedores.

La denuncia por la ley antiterrorista es técnica y no menciona el argumento que esgrimió Cristina Kirchner cuando dijo que Donnelley fue a la quiebra para sembrar el terror en la sociedad al despedir a sus trabajadores. Tampoco incluye a los medios como partícipes por informar sobre la quiebra, como dijo la Presidenta.

La norma fue aprobada en 2011 a pedido del organismo antilavado, para controlar el financiamiento del terrorismo internacional, pero incluyó artículos que la oposición denunció que se pueden aplicar a grupos locales críticos del Gobierno.

En todas las causas penales que ingresan por sorteo en la Cámara Federal, el primer paso es que el fiscal decida si impulsa la acción. Quien está de turno con el juzgado de Rafecas es Patricio Evers, que analizará la denuncia. Si la rechaza la causa está destinada al archivo, pero si requiere podría empezar a tramitarse.

Rafecas llegó a juez impulsado por el ex procurador Esteban Righi y era visto con simpatía por el Gobierno hasta que lo denunció en el Consejo de la Magistratura en 2012. Fue el primero que investigó al vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone y allanó su departamento en Puerto Madero. Cayó en desgracia cuando el Gobierno hizo públicos mensajes de texto que había enviado a un abogado allegado a la defensa de Boudou.

Esta denuncia, que lo deja en situación de vulnerabilidad, se tramita desde hace casi dos años, sin que últimamente haya habido movimientos. El kirchnerismo la impulsó y un sector del radicalismo en el Consejo se mostró dispuesto a apoyarla, pero otros opositores y los consejeros jueces opinaron que debía rechazarse. Si no hay avances hasta mediados de 2015, el caso quedará en el olvido: las denuncias contra los jueces caen tras tres años sin resolución.