La designación de Claudia Bello como directora de Arsat quedó en suspenso tras la polémica

Entre las críticas y el desconcierto, la designación de la exfuncionaria menemista Claudia Bello como directora titular de la empresa satelital del Estado Arsat quedó en suspenso.

El nombramiento de Bello al frente de la dirección de Arsat se dio a conocer a través de una resolución difundida el miércoles en el Boletín Oficial y firmada por la Jefatura de Gabinete, que encabeza Juan Manzur. Sin embargo, su posible ascenso como directora titular en la empresa estatal -donde ya tiene un cargo como asesora-, generó fuertes críticas tanto desde el oficialismo como de la oposición.

Incluso se conoció que la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, responsable de cuidar la firma del Presidente, no estaba al tanto de la designación. En medio del desconcierto que produjo la noticia, un sector del Frente de Todos hizo públicas las críticas a la resolución Y tras una asamblea de la empresa en la que se abordaron las designaciones de autoridades dispuestas en el Boletín Oficial, se congeló por el momento la designación de Bello.

Bello fue subsecretaria de prensa de la Juventud Peronista de la Capital Federal en 1987, desde donde respaldó la campaña presidencial de Carlos Menem, lo que impulsaría una carrera política en la que convivió con más de un escándalo. Al inicio del primer mandato presidencial de Menem asumió como subsecretaria de la Juventud de la Nación, luego fue designada como subsecretaria de Acción Pública y Derechos Humanos y, posteriormente, secretaria de Relaciones con la Comunidad del Ministerio del Interior. Este cargo le dio el plafón para ser designada como interventora federal de la provincia de Corrientes, en 1992.

Durante su paso por la gestión pública, donde ocupó diversos cargos, Bello fue procesada por contrataciones irregulares en el “efecto Y2K”, es decir, por haber adjudicado en forma directa, sin licitación, contratos por nueve millones de dólares para la campaña de prevención a posibles daños en las computadoras por la llegada del año 2000. Los delitos que se le imputaron fueron incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función. Luego de 12 años, la Justicia decidió absolverla, por prescripción de la causa.