La deuda de Oil con la AFIP ya llega a los $9500 millones

Mientras la deuda de Cristóbal López con la AFIP por no haber depositado a través de Oil un impuesto a los combustibles trepó a 9500 millones de pesos, el empresario busca dilatar los tiempos confiado en que un cambio de signo político en 2019 le permitiría recuperar su patrimonio que se derrite día a día.

El juez comercial Javier Consentino dispuso reconocer como deuda posconcursal a la AFIP la suma de 1507 millones de pesos.

Esta deuda es la que se produjo entre la presentación del concurso de acreedores de Oil Combustibles en 2016 y el decreto de la quiebra del 12 de mayo de este año.

En ese período, durante un tiempo, Oil pagó el impuesto a la transferencia de combutibles que vendía mediante sus estaciones de servicio, pero desde que tomó el control de la firma el grupo Ceibo, con Ignacio Rosner, dejó de pagarse y se siguió sumando a la deuda de la AFIP.

Ahora, el juez le reconoció a la AFIP que a la deuda original deben sumarse 1.500 millones de pesos por impuestos, cargas previsionales y aduaneras.

Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa siguen presos en la cárcel de Ezeiza, pero lejos de desentenderse de sus bienes continúan activos tratando de que no se les escurran de entre las manos. Ya perdieron Oil, que fue declarada en quiebra y ejecutada.

Les quedan el resto de sus empresas del Grupo Indalo, pero la mayoría de ellas están en convocatoria de acreedores, incluido el canal C5N. Al mismo tiempo, el juez Consentino mandó valuar cuánto cuestan todas esas firmas, que son casi un centenar, para disponer que a través de su venta los acreedores puedan cobrarse lo que les deben.

Los primeros acreedores en la fila son los trabajadores de Oil Combustibles y luego la AFIP.

En la creencia de que puede haber un cambio de rumbo político en el país en 2019, López está trabando todo lo posible el avance de la causa para ganar tiempo y evitar quedarse sin nada.

Para ello echa mano de todos los recursos legales que le brinda el código con impugnaciones, nulidades y otros cuestionamientos, que llegaron hasta denunciar por administración fraudulenta a los administradores judiciales de Oil Combustibles. Esa estrategia no prosperó porque López no ratificó la querella presentada.

Hoy la empresa Oil está declarada en quiebra e YPF se presentó para hacerse cargo de su administración hasta que se produjera su venta. Así aportó durante cuatro meses 3 millones de dólares por mes para pagar sueldos, mantener funcionando la planta, almacenar combustibles en sus tanques y seguir vendiéndolo mediante su red de estaciones de servicio.

Todo esto hasta la semana pasada que se licitó la firma para decidir quién será su dueño definitivo.

Pujaron para quedarse con la empresa la propia YPF y la firma Trafigura, un trader multinacional de origen holandés que compró Petrobras y comercializa naftas en la Argentina bajo la marca Puma en su remodelada red de estaciones de servicio.

YPF ofreció 42,5 millones de dólares por la refinería y Trafigura, 85 millones de dólares. Pero como YPF tenía la opción de igualar la mejor oferta, puso 85 millones de dólares sobre la mesa y se quedó con la empresa. Tal vez porque la petrolera quería obturar la ampliación de Puma, que aparece como un nuevo competidor. YPF prefirió no dejar entrar con fuerza a otro jugador al mercado.

A pesar de que la destilería Oil no funciona, porque es obsoleta y riesgosa para el medio ambiente, lo único que está en uso son los tanques de almacenamiento de combustible, los muelles y las estaciones de servicio.

Hasta ahora trabajan el 100% de los empleados, pero cuando Oil sea transferida a YPF definitivamente se agotará su relación laboral y serán recontratados solo algunos, el resto será indemnizado.

Tanto es así que, desde que fue decretada la quiebra, el juzgado recaudó 85 millones de dólares por la venta de Oil, más 16 millones de dólares por la venta de un resto de fuel oil almacenado allí, más 12 millones de dólares, que es lo que pagó YPF en los cuatro meses que administró la firma. Además la quiebra recuperó 500 millones de pesos que estaban embargados por la AFIP. Así reunió un fondo que permitirá pagarle a los trabajadores que no sean recontratados el 100% de la indemnización y además se quedará un resto del que la AFIP se cobrará parte de la deuda.

Mientras tanto se desarrolla contra el resto de las empresas de Indalo una acción de extensión de la quiebra, para que sus activos pasen a pagar a los acreedores, algo que Cristóbal López no está dispuesto a aceptar, aun en prisión.