La embestida kirchnerista contra la causa de los cuadernos apunta a la Corte

La causa de los cuadernos de las coimas enfrenta una ofensiva del kirchnerismo, que se encamina a empujar una nueva controversia hasta la Corte Suprema, el escenario de los cruces recientes entre el Poder Judicial y el Gobierno.

El último escalón que puede llevar la causa hasta la cima de la Justicia se centra en la resolución que se discute ahora en la Cámara de Casación Penal, a partir del planteo por la inconstitucionalidad de la aplicación de la ley del arrepentido en la causa.

Ese planteo, que apunta a que el expediente de los cuadernos sea declarado nulo bajo la afirmación de que la forma en que se tomaron las declaraciones de los arrepentidos no se llevó adelante tal como lo establece la ley, está en manos de la Sala I de la Cámara de Casación Penal, integrada por los jueces Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone.

El pedido, sostenido principalmente por la defensa de Julio De Vido, entre otras, apunta a invalidar pruebas contundentes en esta causa, que ya fue elevada a juicio oral hace más de un año, pero cuyo proceso todavía no tiene fecha de inicio. Los dichos de los imputados colaboradores en el caso de los cuadernos permitieron abrir otras causas y generaron fuertes acusaciones contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, así como también contra su entorno de colaboradores y exfuncionarios.

La discusión sobre la validez de esa prueba, cualquiera sea la resolución de este planteo, podría llegar a la Corte Suprema, según coincidieron fuentes judiciales consultadas por LA NACION. Si la Cámara de Casación decide por mayoría revocar la aplicación de la ley del arrepentido para este caso –un escenario que entusiasma a las defensas–, el fiscal ante la Casación Raúl Plee podría ir con un recurso extraordinario a la Corte.

Si, por el contrario, la Casación validara la aplicación de la ley, las defensas dan por descontado que llevarían este reclamo a la Corte. Aunque en ese caso, al no tratarse de una sentencia definitiva, sería más difícil que la Corte abriera la queja.

Las defensas de los exfuncionarios y empresarios involucrados en el caso de los cuadernos buscaron invalidar el valor de la prueba desde que el caso salió a la luz, cuando Claudio Bonadio y Carlos Stornelli llevaron adelante un megaoperativo de detenciones, en agosto de 2018. Primero fueron objetadas las fotocopias de los cuadernos como prueba válida, una discusión que zanjó la Cámara Federal en noviembre de 2018, cuando confirmó los primeros procesamientos que dictó el fallecido juez Bonadio. Esa discusión podría surgir nuevamente en el juicio oral, pero el TOF 7 todavía no ordenó medidas de prueba.

Luego, las defensas objetaron la forma en que se registraron los dichos de los arrepentidos, ya que las declaraciones quedaron registradas en actas en papel y no fueron grabadas. La disputa por la validez de estos dichos se basa en la ambigüedad enunciada en uno de los artículos de la ley 27.304, que solo alude a un "medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior".

También objetaron la aplicación retroactiva de esa ley, que fue sancionada en 2016, pero que fue utilizada, en este caso, para investigar hechos ocurridos entre 2003 y 2015. En el caso de los cuadernos y sus expedientes derivados, un total de 31 imputados declararon bajo la figura de imputado colaborador.

La semana pasada, aunque se conoce que las declaraciones no fueron grabadas, la Sala I de Casación pidió las grabaciones al juez que reemplaza a Claudio Bonadio, Marcelo Martínez de Giorgi, que se las pidió al fiscal Carlos Stornelli. Stornelli le respondió a De Giorgi que ya había enviado los legajos de los arrepentidos a la fiscal ante el Tribunal Oral 7, Fabiana León. De Giorgi le comunicó eso a la Casación, que entonces le solicitó el material al TOF 7. Sobre estos movimientos se pronunció el fiscal general ante la Casación, Raúl Plee, quien objetó, por un lado, la búsqueda que ahora hace la Sala I de ese material que, también indicó Plee, se registró en papel y ya fue convalidado por la Cámara Federal como prueba válida.

La discusión en la Corte, en caso de arribar allí, podría tomar años. El máximo tribunal ya tiene, desde hace más de dos años, recursos de queja por planteos rechazados en instancias anteriores; seis, de la defensa de Cristina Kirchner en el caso conocido como Vialidad.

Como la Corte no tiene plazos para tratar estos temas y los fallos en las causas por corrupción en la Argentina son de alto voltaje político, este tipo de planteos siempre pueden convertirse en una gran herramienta de poder.