La fiscalía se opone a levantar la inhibición de bienes de Cristóbal López

El empresario Cristóbal López recibió un nuevo revés judicial. El fiscal Gerardo Pollicita se opuso, por ahora, a levantar la inhibición general de bienes que pesa sobre el Grupo Indalo porque entiende que con la información con que cuenta el Estado no tiene asegurado recuperar la deuda que le reclama la AFIP de cerca de 10.000 millones de pesos por retener el impuesto a los combustibles.

Al rechazo del fiscal Pollicita, se sumó el de al AFIP y el de los veedores judiciales que están en el Grupo por orden judicial para controlar la marcha del negocio y que no se vacíen las empresas de modo de que el fisco pueda recuperar lo le deben.

La negativa es un golpe para López, pues ya firmó un contrato de venta acciones del Indalo al grupo OP Investments, de Ignacio Rosner, un ex Clarín y ex Socma que presentó un plan de negocios asociado a una petrolera rusa, para poder sanear las empresas.

Mientras que no se apruebe el levantamiento de la inhibición de bienes, no se puede concretar el traspaso accionario.

La inhibición de los bienes del grupo Indalo fue dictada por el juez federal Julián Ercolini que investiga una administración fraudulenta por la retención de impuestos que realizó Oil. Con ese dinero López hizo crecer su grupo que tiene petroleras, empresas agropecuarias, casinos y medios de comunicación, entre otros negocios. Por eso está al borde del procesamiento, al igual que el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray.

De todos modos, ni la fiscalía, ni la AFIP ni los veedores dejaron la puerta cerrada a que se concrete el negocio. De hecho Pollicita consideró que la causa "se enmarca en organización criminal encabezada por Néstor y Cristina Kirchner junto con otros funcionarios de distintas carteras del Estado, entre ellos, el Ministerio de Planificación Federal, la Dirección Nacional de Vialidad, la Administración Federal de Ingresos Públicos, entre otros, y un reducido número de empresarios allegados, entre ellos, Cristobal López, Fabián De Souza, y Lázaro Báez, la cual tuvo por objetivo realizar delitos indeterminados con el fin de sustraer y apoderarse de fondos públicos, a través de entre otras maniobras fraudulentas y de lavado de activos".

No obstante dijo que falta evaluar los riesgos de la empresas, una opinión sobre la oferta de OP Investments, quienes están detrás de ese grupo y por eso sugirió al juez Ercolini que convoque a una audiencia a Cristóbal López, a los defensores, a los representantes de OP Investments , a la AFIP y a la fiscalía con el objeto de que aporten información y realicen las precisiones que necesarias para que la fiscalía pueda dar su opinión final.La decisión final la tiene el juez Ercolini.