La flexibilización genera diferencias en la Alianza

Posturas: aunque todavía no hay una posición oficial y conviven dos ideas distintas, la conducción opositora coincide en general con el proyecto del Gobierno.
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26 de abril de 1998  

Paradójicamente, uno de los temas que unió a radicales y frepasistas es el que ahora está generando diferencias en la Alianza: los caminos para solucionar la actual problemática laboral son distintos, según la opinión de los diversos sectores. No obstante, los principales conductores de la coalición coinciden, en términos generales, con el proyecto oficialista de flexibilización.

Después de la revolución interna que causaron las declaraciones que Raúl Alfonsín y Carlos "Chacho" Alvarez hicieron la última semana en el sentido de que la Alianza debía aprobar el proyecto de reforma laboral del oficialismo en general y marcar las diferencias en particular, los socios políticos intentan unificar su criterio.

El Frepaso, por ejemplo, realizó ayer una jornada sobre empleo. Los equipos técnicos discutieron distintas alternativas sobre crecimiento y trabajo. Arnaldo Bocco y Guillermo Rozenwurzel, entre otros, se refirieron a la inclusión de distintos instrumentos vinculados con la generación de trabajo con un desarrollo equitativo.

Los radicales también se preparan para discutir la cuestión laboral. La próxima semana se encontrarán dirigentes, legisladores y técnicos para unificar sus posiciones.

Como un balde de agua fría

El guiño de Alfonsín a la iniciativa oficialista no sorprendió demasiado a los sindicalistas, ya que más de uno recuerda el proyecto sobre reforma laboral que elaboró el radicalismo hace algunos años. Es más, no son pocos los militantes del partido de Alem que admiten que la propuesta que el ministro de Trabajo menemista acordó con la CGT tiene muchos puntos de contacto con aquel proyecto.

Lo que sí cayó como un balde de agua fría para los gremialistas fue la postura de Alvarez. Según trascendió, el líder frepasista habría gestionado una reunión con el secretario general de la CTA, Víctor De Gennaro, para la semana próxima con el fin de comunicarle que hasta el 4 del mes próximo, cuando la cúpula de la Alianza se reúna para tratar el tema, la coalición no tomará ninguna posición.

Si bien el uso y la costumbre lograron abreviar su nombre original, la coalición nació como la Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación. La elección del nombre no fue casual, refleja las principales demandas de los ciudadanos.

En el Instituto Programático de la Alianza (IPA), la usina de ideas y proyectos de la coalición, técnicos y legisladores de cada uno de los partidos trabajan en las comisiones de reforma laboral y de política de empleo.

La intención es preparar el futuro proyecto de reforma laboral y acordar políticas de generación de empleo. Pero por las diferencias de criterio, los socios políticos han quedado divididos en dos grupos: los duros (en el que se alinean, principalmente, los dirigentes ligados con el gremialismo) y los blandos (que simpatizan con el proyecto del ministro de Trabajo, Erman González).

Entre los primeros se encuentran las diputadas Alicia Castro y Mary Sánchez, los sindicalistas Héctor Recalde (MTA) y Marcelo Bustos Fierro (CTA), Matilde Cerruti Costa, Horacio Schick (presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas) y Mario Almeyda (secretario general de la democracia cristiana).

Aunque admiten que "el proyecto de González es ligeramente más ventajoso para los trabajadores que el acordado entre (su antecesor) Caro Figueroa y el FMI", elaboraron su propia propuesta.

El proyecto tiene ideas que seguramente no serán vistas con buenos ojos por los empresarios. Contempla desde el acceso a la información sobre la evolución de las ventas de la empresa, por parte de los empleados, hasta un régimen penal laboral que impone penas de arresto efectivo y multas para los empleadores que no cumplan con ciertas condiciones.

Quienes simpatizan con esta postura, aseguran, entre otras cosas:

  • Los trabajadores argentinos que eran actores de una extraordinaria movilidad social y económica que distinguió a nuestra clase media como un fenómeno dentro de América latina, hoy son los nuevos pobres.
  • Ya hay dos generaciones de desocupados: padres desempleados tienen hijos que no consiguen trabajo.
  • Se ha demostrado que la flexibilidad no aumentó el trabajo sino la "precarización" laboral.
  • En la otra vereda aliancista, el frepasista Julio Godio, sus asesores Alberto Robles y Sergio Rizzi, y Fernando Azzi (UCR), entre otros, adhieren a un proyecto que delineó el propio Godio.

    Cuestión de palabras

    En el grupo no aceptan que se siga hablando de reforma laboral. "Urge cerrar este ciclo, hablar de trabajo productivo, estabilidad en el empleo y negociación colectiva", aseguran.

    A la hora de explicar su posición, integrantes de este sector dicen que "la postura sindical de defender la vigencia de la ley de contrato del trabajo es plausible, pero sólo atiende a esa realidad parcial del mercado del trabajo compuesto por trabajadores estables". Y agregan que "la postura de sectores empresariales de flexibilizar el empleo, que cuenta con el apoyo gubernamental, indica que se trata de dislocar aún más el colectivo de los trabajadores estables".

    El corazón de su proyecto apunta a "crear una nueva categoría de empleo: estable, por tiempo indeterminado, con menores costos indemnizatorios, pero con estabilidad garantizada por ley y con una importante participación sindical en las decisiones", según dicen.

    De acuerdo con sus cálculos, la reforma laboral del Gobierno creó, entre 1991 y 1997, 500.000 puestos de trabajo precarios.

    Y como para no escapar a algo que se ha vuelto una tradición en los últimos tiempos, los "blandos" dicen ver la huella reeleccionista del menemismo en la cuestión laboral. Aseguran que, por ello, el proyecto de González le da poder a los sindicatos.

    Principales puntos de las propuestas

    El proyecto de los sindicalistas:

  • Consulta e información: las organizaciones sindicales y los trabajadores tendrán derecho a ser consultados e informados sobre cambios en las condiciones del contrato.
  • Entrega de documentos: la organización sindical tendrá derecho a recibir copia del balance de la empresa y de los documentos que se hagan conocer a los socios.
  • Régimen penal laboral: contempla penas que van desde los 30 días de arresto de cumplimiento efectivo a los 6 años de prisión, y multas equivalentes a diversas cantidades de remuneraciones del dependiente afectado, para los casos en los que el empleador obligue al empleado a cumplir jornadas excesivas o a firmar el recibo de sueldo en blanco, entre otros.
  • El proyecto de Julio Godio:

  • Consulta e información: este proyecto también prevé que las organizaciones sindicales tengan acceso a información de la empresa.
  • Condiciones del empleo: creación de empleo rentable por tiempo indeterminado, con menos costos laborales, pero con mayores mecanismos de control entre empresas y sindicatos para evitar despidos.
  • Contratos basura: eliminación progresiva de este tipo de contratos (pasantías, aprendizaje, prueba, etc); transformación de los contratos de aprendizaje en formación.
  • Sanciones empresariales: se prevén severas sanciones para los empleadores que tengan trabajadores en negro (por ejemplo se duplicará la indemnización).
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