La gente pide calidad institucional

Adrián Ventura
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23 de abril de 2004  

El petitorio presentado por Juan Carlos Blumberg parece redactado a partir de dos ideas centrales: eficiencia y transparencia, dos palabras que podrían resumir todas las propuestas del padre de Axel y que canalizan la exigencia de contar con mejores instituciones.

Contra lo que muchos esperaban, la convocatoria de ayer fue muy importante y el temor que en los últimos días se esparció por la calle de que grupos de piqueteros, quizá movilizados por ciertos sectores políticos, pudieran copar el acto no provocó tanto desaliento como algunos hubieran deseado.

Quedó claro, sí, que la mayoría de la gente, que decidió asistir para reclamar por una justicia mejor, miraba con recelo al otro grupo. Pero si bien no se reunieron las 150.000 personas que concurrieron a la Plaza del Congreso el 1º del actual, la multitud de 70.000 ciudadanos que calculó la Policía Federal o de 90.000 que estimaron los organizadores fue igualmente significativa.

La ciudadanía tiene mucho para reclamar a la Justicia, el poder que tiene peor imagen en la opinión pública, según indican casi todas las encuestas publicadas durante los últimos diez años. Ayer esto quedó en claro cuando el público ovacionó algunas de las ideas del petitorio.

Los ciudadanos que concurrieron a la plaza Lavalle, que pocas veces congregó semejante multitud, vivaban una palabra: "Seguridad". Y las consignas de Blumberg hicieron hincapié en un mejor Poder Judicial. En todos los casos, lejos de reclamar por intereses personales, el público demostró que aspira a una mejor calidad de vida institucional.

Precisamente, un extenso estudio del Programa de Naciones Unidas (PNUD), publicado ayer mismo por LA NACION, daba cuenta de que la gente está insatisfecha con la eficiencia de la democracia. Mejor sería decir, con la ineficiencia de sus operadores para satisfacer el bien común.

Lejos de la consigna de diciembre de 2000 de "que se vayan todos", la gente parece estar haciendo propia la exigencia de que es necesario mejorar las instituciones.

El presidente Néstor Kirchner, que mostró ser muy sensible al termómetro de la opinión pública, comprendió ese viraje y el lunes último, cuando anunció el plan de justicia y seguridad, pretendió anticiparse y retomar así la iniciativa política.

Aciertos y desaciertos

Muchos de los puntos del petitorio parecen acertados: solicitar que el Estado designe recursos para solucionar la morosidad de los trámites judiciales; alargar la jornada laboral en la Justicia, donde muchos empleados trabajan la mitad del horario habitual del sector privado, y la obligación de que jueces y fiscales publiquen estadísticas de productividad -aunque la mayor productividad no puede lograrse a costa de la calidad de los fallos- no parecen consignas equivocadas. Están avaladas por el sentido común.

Algo parecido puede decirse sobre los reclamos de que el Consejo de la Magistratura agilice los procesos de nombramiento y de remoción de jueces; se cree una auditoría externa de la eficiencia y que los funcionarios y jueces presenten declaraciones juradas. Blumberg, como lo había hecho la vez anterior, lejos de proponer una crítica ciega, procuró ser prudente: "También hay jueces buenos, que deben ser protegidos", dijo, contemporizador. Y acertó.

Otros reclamos, en cambio, parecen menos correctos y son incluso riesgosos: es muy ambiguo el pedido de que se declare la emergencia judicial en un país donde las emergencias económicas y políticas invocadas por los tres poderes del Estado dieron lugar a todo tipo de atropellos, y también parece peligroso exigir a los jueces, defensores y fiscales que revaliden sus títulos, pues puede prestarse a negociaciones más oscuras que las que se quieren evitar.

Del mismo modo, la elección popular de fiscales y comisarios será la excusa perfecta para que la política entre de lleno en la Justicia financiando las campañas de esos candidatos.

Augusto Belluscio, vicepresidente de la Corte, y su colega Juan Carlos Maqueda dijeron a Blumberg que algunos reclamos pueden ser solucionados por el tribunal. Otros son competencia del Consejo y del Congreso. Pero, más allá de los aciertos y errores del reclamo, los poderes estatales están en deuda con la gente.

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