La hora de los renunciamientos

Joaquín Morales Solá
La responsabilidad de los viejos políticos; deudas pendientes de la democracia
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29 de enero de 2002  

Una coincidencia comienza a generalizarse en un amplio mosaico social -que incluye, por ejemplo, a importantes dirigentes religiosos- y refiere a la certeza de que cualquier solución a la actual crisis argentina requerirá de renunciamientos definitivos por parte de hombres que cumplieron destacadas funciones en la vida política e institucional del país en las últimas dos décadas.

"Debemos ser sinceros y crudos: hay quienes no pueden volver", ha dicho uno de los obispos que lideran la mesa del Diálogo Argentino.

La comprobación surge de dos certidumbres: ningún país llega al nivel de colapso que alcanzó la Argentina -político, económico y social- sin que se hayan cometido monumentales errores en la conducción de la Nación y sin que, al mismo tiempo, se hayan permitido márgenes insoportables de corrupción en el manejo del Estado.

El error y el extravío en el vértice del poder, durante muchos años, han espoleado ahora la crisis, han colmado la paciencia social y han permitido la peligrosa confusión de la sociedad entre la práctica política y la práctica de los políticos.

El último recurso de la vieja política consiste en echar las culpas de la desgracia nacional a los organismos multilaterales de crédito. Merece la pena adentrarse en este debate, porque los argumentos que se escuchan tienden a deformar la naturaleza de la verdad y el papel de la historia.

Es cierto que el gobierno de Fernando de la Rúa comenzó el tramo final de su experiencia de poder cuando el FMI le negó en diciembre último un tramo de crédito de apenas 1200 millones de dólares. El gobierno norteamericano, mediante el subsecretario del Tesoro, acaba de aceptar públicamente que aquélla fue una decisión política exhaustiva, promovida para poner en marcha la nueva política de Washington.

Sin embargo, el Fondo y el Tesoro le enviaron a la administración De la Rúa unos US$ 5000 millones tres meses antes, que se evaporaron rápidamente. Más aún, el presidente radical careció, errático e indeciso, de un plan económico desde la renuncia de Ricardo López Murphy a la cartera económica, en marzo último.

Cuando fracasó la primera y única estrategia de su sucesor, Domingo Cavallo, que consistió en confiar sólo en que su nombre y su prestigio relanzarían la economía y restablecerían el crédito externo, el ministro no renunció y comenzó, en cambio, a chapotear en la coyuntura con medidas muchas veces contradictorias. ¿Cómo reclamarles entonces a los organismos multilaterales por no haber volcado recursos respaldados sólo en expresiones de anhelo, sin programa y sin rumbo?

* * *

Con todo, ni el Fondo ni el Tesoro son inocentes, pero no por lo que se negaron a hacer en diciembre sino por lo que permitieron que se hiciera durante muchos años antes.

La devaluación ha sido un fracaso de la política argentina, como lo fue la declaratoria oficial de default. En ambos casos, no obstante, importantes dirigentes políticos recurrieron a la palabra encendida para vestir de fiesta esas derrotas.

Ninguno quiso aceptar nunca que la economía argentina encubría una ecuación imposible: no podían convivir al mismo tiempo un régimen de convertibilidad en el tipo de cambio con un creciente déficit fiscal, con una satelital deuda pública y con la depresión económica.

La ley de convertibilidad careció de un artículo clave: éste debió obligar al Estado a mantener el superávit de las cuentas públicas. Hubiese sido la única manera de que el régimen del 1 a 1 no terminara degollando a la economía.

En cambio, la laxitud en los manejos de los recursos estatales le permitió al gobierno de Menem duplicar la deuda pública. Convirtió a la Argentina en el primer deudor del FMI (lo que relativiza ahora la autoridad moral para protestar por las posiciones del organismo), mientras los bonos de la deuda argentina alcanzaron a conformar la tercera parte de los títulos de los países emergentes.

En los dos últimos años de Menem, cuando ya el país se encontraba en un franco período de recesión económica, el endeudamiento fue el más alto de toda su administración y el déficit del Estado, sumado el de la Nación y el de las provincias, alcanzó en 1999 la cifra de US$ 15.000 millones.

Menem caminaba de la mano del Fondo y del Tesoro cuando acumuló esa perversa coalición entre deuda y déficit. Ni siquiera las ahora estrictas calificadoras de riesgo son ajenas a aquellos despropósitos: ellas mantenían muy bajo el nivel del riesgo país de la Argentina cuando ésta incubaba el germen de su síncope inminente.

Tampoco los bancos son inocentes: durante años les prestaron enormes recursos a un Estado que pagaba tasas tan altas que serían, a la larga o a la corta, incobrables.

Así como Raúl Alfonsín en la década del 80 pudo entrever que su primer problema era la economía irresuelta y no los estatuarios proyectos políticos, Menem creyó equivocado, aunque consiguió convertir su visión en una verdad fugaz, que su condición de aliado incondicional de Washington resolvería el embrollo irremediable de la economía local.

El Fondo y el Tesoro tienen, en efecto, una parte importante de la culpa de la caída de la Argentina. Pero eso no exculpa a los dirigentes argentinos, que nunca se plantearon las cuestiones políticas de fondo para encarrilar la economía.

Esto es: la construcción de un Estado nuevo después de la desaparición del viejo Estado tras las privatizaciones de las empresas públicas, la definición de una estrategia para la producción nacional y la consiguiente inserción de la economía nacional en el mundo, y la eliminación de los recursos públicos como herramientas de financiación de la política.

Al revés, el Estado nuevo fue un Estado paralelo con miles de contratados que respondían a las necesidades políticas de los dos grandes partidos políticos (sólo en el área de Desarrollo Social había cerca de 3000 contratados y otros 1000 en el PAMI, con algunos choferes que ganaban -o ganan- hasta $ 8000 mensuales).

Ningún dirigente político fue ajeno, en el conocimiento o en la complicidad, al sistema que canjeaba decisiones por sobornos en la administración pública, en el Parlamento y en la Justicia. Tampoco ninguno ignoraba lo que significaba para el Estado la creación constante de estructuras políticas financiadas por los recursos públicos, a tal punto que, por ejemplo, cada senador nacional llegó a contar con más de 60 empleados propios.

* * *

La calamitosa administración del Estado es una asignatura pendiente de la democracia argentina, que plantea ahora la necesidad, impulsada por el grado inédito de la crisis nacional en que desembocaron aquellos desmanejos, de que sus principales responsables en el gobierno nacional, en la Justicia y en el Parlamento, durante los últimos 18 años, den un convincente paso al costado, antes de que la impresión social termine confundiéndolos a ellos con el necesario ejercicio de la política.

Hay que decirlo con palabras directas: para salvar a la política, algunos políticos deben sucumbir, y ellos son los que han tenido las responsabilidades más importantes en los tres poderes del Estado.

"Hay quienes no pueden volver más a la vida pública. Pero, ¿quién se lo dice? ¿Cómo aludirlos públicamente con nombres y apellidos?", ha dicho aquel obispo que escuchó los reclamos de todos los sectores nacionales en el marco del Diálogo Argentino. Nadie sabe cuáles son los nombres que refería ese dirigente religioso, visiblemente fatigado y escéptico. "Todos lloran, pero nadie renuncia nada", se quejó.

De todos modos, cualquier lista comenzaría -sólo comenzaría- con tres nombres: Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando de la Rúa. La propia vigencia de Eduardo Duhalde estaría acotada a conducir la actual transición hasta llevar las cosas hacia una nueva política con nuevos políticos, antes de volver él también, definitivamente, a casa.

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