La idea causó malestar en el Congreso

Los legisladores tendrán un peso decisivo ante una eventual consulta popular
Los legisladores tendrán un peso decisivo ante una eventual consulta popular
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24 de agosto de 2001  

Para que la eventual consulta popular sobre una reforma de los gastos políticos se cristalice en una medida concreta el Gobierno dependerá nuevamente del Congreso de la Nación. Y, a juzgar por el malestar que causó entre diputados y senadores de distintos partidos la idea del presidente Fernando de la Rúa, podría generar otro conflicto entre los poderes.

La propuesta fue calificada como "absurda" o "hipócrita" por legisladores del oficialismo y de la oposición, que acusaron a De la Rúa de querer culparlos por no aprobar una ley que el Poder Ejecutivo nunca impulsó con fuerza para que fuera debatida por las Cámaras.

Según el texto de la ley que reglamenta la consulta popular, el papel del Congreso no será de mero espectador. Si el Presidente convocara a un plebiscito no vinculante y la mayoría de la gente se pronunciara en favor de la reforma, la Cámara de Diputados estaría obligada a tratar el tema en la sesión siguiente a la votación.

La ley, sancionada en mayo último, no permite que la consulta sea simultánea a otra elección y obliga al Poder Ejecutivo a convocarla por decreto, con dos meses de anticipación. Acción por la República, por medio de una presentación del vicejefe de Gabinete, Armando Caro Figueroa, impulsará un proyecto para modificar ese artículo.

Mayor dependencia del Congreso tendría el Gobierno si intentara llamar a una consulta vinculante, ya que sería obligatoria la aprobación de una ley de convocatoria. Esa cláusula hizo que el Presidente descartara tal posibilidad, ante la prevista irritación de los legisladores.

Acusaciones

La postura más crítica fue la que expuso el Frepaso: una decena de sus diputados convocaron a una conferencia para criticar la eventual consulta popular. "Es absurdo preguntarle a la gente algo que ya decidió porque se lo habíamos propuesto en la plataforma de 1999. Nos avergüenza oír al Presidente decir lo que dijo", enfatizó Irma Parentella. Su par Carlos Raimundi agregó: "Van a provocar más gasto con la excusa de que la gente diga que quiere gastar menos. Deberían impulsar de verdad un proyecto para que se vote aquí".

También fue muy dura la diputada del ARI Elisa Carrió: "Esto es parte de la hipocresía de quienes se enriquecen infinitamente, viven en casa de tres millones de dólares y quieren bajar los sueldos de diputados honestos. Atacan la política para que el país quede expuesto al poder financiero".

Desde el oficialismo, hubo un enfático rechazo del senador Leopoldo Moreau, y una medida defensa del jefe del bloque de diputados de la Alianza, Darío Alessandro: "Lo que el Gobierno busca es presionar para que se pueda votar algo en lo que todos estamos de acuerdo. Si no, sería algo que no sirve para nada", señaló.

El justicialista Miguel Angel Picheto, a cargo de la bancada de diputados de su partido, se sumó a las críticas al decir que "lo que se pregunta es una obviedad absoluta" y recomendar al Presidente "que se ponga a trabajar de una vez".

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