La Iglesia advierte que la reforma puede "debilitar la democracia"

En forma sintética, pero contundente, la Iglesia pidió ayer una amplia ronda de "consultas, debates y consensos previos" ante la reforma judicial que quiere poner en marcha el Gobierno.

En una declaración difundida en medio de la 105a asamblea plenaria que reúne en Pilar a unos 80 obispos, el Episcopado fundamentó la necesidad del llamado a una amplia consulta ante "la magnitud de los cambios propuestos", que han suscitado una fuerte tensión en sectores políticos y sociales.

"Entendemos que un tratamiento apresurado de reformas tan significativas corre el riesgo de debilitar la democracia republicana consagrada en nuestra Constitución, precisamente en una de sus dimensiones esenciales como es la autonomía de sus tres poderes", señala el texto aprobado por la Conferencia Episcopal, encabezada por su presidente y arzobispo de Santa Fe, monseñor José María Arancedo.

Según pudo saber la nacion, los obispos analizaron detenidamente la oportunidad para pronunciarse sobre el proyecto de reforma judicial, teniendo en cuenta la protesta del 18-A, que sectores políticos y sociales realizarán mañana en distintos puntos del país. La Iglesia optó por un breve y enérgico llamado al diálogo y al consenso, sin entrar en el análisis detallado de los proyectos del Gobierno, para evitar que la declaración fuera interpretada en ámbitos políticos como un rosario de críticas, ante el inminente cacerolazo.

"Los obispos consideramos que los proyectos de ley que se encuentran en el Poder Legislativo en orden a regular el ejercicio de la Justicia presentan aspectos que merecen un profundo discernimiento por la importancia de la materia que tratan. Por ello se requieren amplias consultas, debates y consensos previos, en consonancia con la magnitud de los cambios propuestos", señaló el Episcopado.

El título de la declaración resume la preocupación de la Iglesia por los valores y las instituciones que se ponen en juego con la iniciativa que hoy tiene en sus manos el Congreso: "Justicia, democracia y Constitución nacional".

La reforma que impulsa el Gobierno incluye sustanciales modificaciones en el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de seleccionar y remover a los jueces, y promueve crear nuevos tribunales de casación y limitar el dictado de medidas cautelares. El llamado de la Iglesia a un consenso previo se conoció luego del reclamo suscitado, incluso, en el seno del kirchnerismo, por la intención original de aprobar las reformas sin debate.

Observadores eclesiásticos apuntaban ayer que no resultaba casual que los obispos hubieran dedicado su primer pronunciamiento en la era del papa Francisco a la necesidad de revalorizar la Justicia. Marcaron, así, una luz de distancia con el Gobierno, especialmente con quienes promueven el tratamiento exprés de la reforma judicial, pocos días después de que la Presidenta recibió en su despacho a Arancedo.

La asamblea del Episcopado aprobó el pronunciamiento una semana después de que se conoció la carta del papa Francisco al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en la que le recuerda que "administrar justicia es una de las más insignes tareas que el hombre puede ejercer", tarea que "ciertamente no es fácil y, a menudo, no faltan dificultades, riesgos o tentaciones".

El alcance de los cambios

Si bien no se lo plasmó en el texto, en la Iglesia prevalece el criterio de que la reforma que ambiciona el Gobierno no favorece el acceso a la justicia de los que menos tienen. También entienden que la propuesta oficial no produce mejoras en favor de la calidad institucional, otra de las preocupaciones que en los últimos años viene planteando la Conferencia Episcopal, especialmente a partir de la prédica del arzobispo Arancedo.

Para el análisis de los proyectos, los obispos tuvieron en cuenta el último pronunciamiento de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, un organismo integrado por laicos y dependiente del Episcopado, que en la primera semana de marzo analizó el proyecto de "democratización de la Justicia" y formuló algunas críticas. Allí se pedía "una seria y serena reflexión acerca de los cambios que ciertamente necesita la administración de justicia en la Argentina", al proponer también un debate profundo sobre las reformas propuestas. Y consideraba esencial el "equilibrio de los poderes".

"Después de treinta años de democracia carece de sentido vincular al actual Poder Judicial con la dictadura militar. Todos los jueces actuales, incluyendo los muy pocos que lo fueron en épocas de dictadura y hoy siguen ejerciendo la magistratura en la Corte Suprema o en otros tribunales, han recibido el acuerdo del Senado y la designación del Poder Ejecutivo según mecanismos constitucionales", señalaba el texto de Justicia y Paz que tuvieron en sus manos los obispos.

El organismo, que analizó más en detalle la propuesta que en su momento anunció la presidenta Cristina Kirchner, consideró que "las presiones sobre los jueces son inadmisibles" y estimó que "la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura es un mecanismo que parece reñido con la norma constitucional". También se pedía evaluar "muy cuidadosamente, para ampliar derechos y no restringirlos, la eventual limitación de las medidas cautelares".

Muchas de las observaciones están en sintonía con las críticas expresadas por las asociaciones de magistrados y otras entidades judiciales y, curiosamente, con las que formuló el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que preside el periodista Horacio Verbitsky, enfrentado históricamente con la Iglesia.

Hace cinco años, cuando el entonces cardenal Jorge Bergoglio presidía el Episcopado, los obispos suscribieron el documento "Hacia un Bicentenario en justicia y solidaridad", en el que consideraban imprescindible "asegurar la independencia del Poder Judicial respecto del poder político y la plena vigencia de la división de los poderes republicanos en el seno de la democracia".

Precocupación en ACDE

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE) transmitió ayer su preocupación por el proyecto de reforma judicial. Lo vinculó con "iniciativas que parecen responder a las ?necesidades de la coyuntura política actual , vulneran derechos ?constitucionales y ponen en riesgo valores ?esenciales de los ciudadanos"