La Iglesia y el Gobierno trabajan para reducir gradualmente el aporte del Estado

La Iglesia y el Gobierno comenzaron a dar los primeros pasos para reducir progresivamente el sostenimiento económico del culto por parte del Estado.

Así lo informaron ayer los obispos, al concluir la reunión de dos días de la comisión permanente y señalar que "se acordó seguir profundizando nuevas alternativas al actual sistema de sostenimiento del culto y estudiar propuestas, con el fin de ir resignando de manera gradual, las asignaciones que reciben los obispos de parte del Estado nacional".

Actualmente la Iglesia recibe unos $130 millones, que se destinan al pago de asignaciones mensuales a los obispos, a los seminarios y parroquias de fronteras.

El avance de las negociaciones se da en momentos en que, luego de la tensa discusión sobre la legalización del aborto , varias organizaciones que promovían la ley, identificadas ahora con "pañuelos naranjas", reclaman avanzar en una plena separación entre la Iglesia y el Estado.

"El Gobierno no sostiene a la Iglesia, como mucha gente cree. Es necesario un cambio de paradigma. Entre el Gobierno y la Iglesia queremos buscar una alternativa para que el Estado facilite y genere que los propios fieles sostengan a la Iglesia", dijo a LA NACION el secretario de Culto, Alfredo Abriani, al confirmar el trabajo de la comisión conjunta.

El Episcopado realizó el anuncio tras el encuentro encabezado por su presidente el obispo de San Isidro, Oscar Ojea.

Entre las alternativas que se estudian, según pudo saber LA NACION, se encuentra la posibilidad de adoptar un modelo similar a los que rigen en España, Italia o Alemania, donde se permite deducir del pago de impuestos una alícuota del 0,7% o del 0,8% para destinarla al financiamiento del culto que profesen. En algunos países, incluso, esos aportes pueden ser derivados a ONG o entidades de ayuda social.

Fuentes del Gobierno estimaron a LA NACION que los $130 millones que hoy se destinan a la Iglesia Católica constituyen apenas apenas el 0,04% de los $300.000 millones que se procura ahorrar para reducir el déficit fiscal y no supera el 7% del volumen del dinero que maneja la Iglesia para todas sus obras.

Ambas partes formaron una comisión que desde mayo último analiza distintas alternativas para acordar una propuesta consensuada. Participan de ese equipo de trabajo miembros de la Jefatura de Gabinete y de la Secretaría de Culto de la Nación, obispos y sacerdotes, además de abogados, contadores y técnicos.

Los aportes a la Iglesia se basan históricamente en el artículo 2 de la Constitución nacional, que establece que "el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano". La decisión de revisar el régimen es alentada, incluso, en muchos sectores católicos para profundizar la independencia de los obispos frente a los gobiernos de turno, anticiparon fuentes eclesiásticas.

Sin embargo, algunos sectores católicos temen que la discusión sobre los aportes del Estado a la Iglesia pueda derivar en posteriores cuestionamientos a los subsidios a la enseñanza privada. Al respecto, fuentes cercanas al Gobierno aseguraron a LA NACION que "de ningún modo se acompañará una iniciativa en ese sentido".

En medio de la ofensiva de los "pañuelos naranja", el oficialismo porteño, que responde a Horacio Rodríguez Larreta, bloqueó la semana pasada en la Legislatura de la Ciudad un proyecto del Frente de Izquierda para anular exenciones en el pago de tasas municipales a instituciones religiosas.