La Iglesia también fue a la Justicia por los actos de vandalismo en Villa Mascardi
LA NACION
La diócesis de San Isidro es uno de los afectados por los asentamientos ilegales de la lof Lafken Winkul Mapu, la comunidad mapuche que ocupó terrenos en Villa Mascardi. En ese predio se encuentra el complejo de cabañas de la parroquia San Gabriel, que utiliza ese espacio para actividades pastorales y recreativas, como campamentos, retiros, reuniones de scouts, grupos juveniles y familias de la parroquia.
Videos y fotos que circulan en las redes sociales muestran destrozos de las cabañas, viviendas y construcciones de Villa Mascardi, con colchones y chapas quemadas y un cartel que anuncia: "Territorio mapuche recuperado". Quedaron, incluso, testimonios de elásticos de las camas para tapar la entrada.
Otras diócesis y congregaciones religiosas, como la de los hermanos maristas, marianistas, los Padres Bayoneses y la Universidad del Salvador, entre otras, tienen lugares para actividades de verano en Villa Mascardi y sufrieron ocupaciones y actos de vandalismo. El fenómeno de las usurpaciones, al margen de la parálisis de la pandemia, los golpea a todos por igual.
"El Obispado de San Isidro presentó una denuncia por usurpación en la Justicia de Bariloche y ahora espera que la Justicia actúe", dijo a LA NACION un vocero de la diócesis, que trabaja a codo con el obispo Oscar Ojea, que es, además, presidente del Episcopado.
Los terrenos son del Obispado de San Isidro y las cabañas se llaman Hueche Ruca, un nombre mapuche que significa "Casa del joven". El vocero de Ojea contó que se bautizó así el lugar en reconocimiento a las poblaciones indígenas. Desde hace casi 60 años la Iglesia cultiva una relación armónica con los vecinos, hoy atemorizados por el creciente vandalismo en la zona.
El propio casero del lugar, descendiente de mapuches y que habla la misma lengua que los ocupantes del predio, debió marcharse tras la tomas encabezadas por encapuchados y atribuidas a grupos mapuches. Todo el año, aun antes de la pandemia, las actividades se suspendieron y el largo paréntesis de la cuarentena ocultó las verdaderas razones del obligado receso de actividades.
En el Obispado de San Isidro insisten en que la única instancia es la vía judicial y aseguran que no hubo reuniones ni conversaciones con los grupos vandálicos.
LA NACION
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