Visión sobre la Argentina. "La impunidad sería inaceptable"

En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) prima un principio: "Extradición o justicia, no impunidad", según definió su secretario ejecutivo, Santiago Canton, antes de regresar a Washington en compañía del relator, Robert Goldman, y de la encargada de los casos argentinos, Elizabeth Abi-Mershed, al cabo de una misión en la cual se entrevistaron con funcionarios gubernamentales y, con la venia de ellos, conocieron in situ la situación de la provincia de Santiago del Estero, tildada de "grave y preocupante".

Tan grave y preocupante, dijo Canton en una entrevista con LA NACION, que "está en duda la independencia del Poder Judicial y existen indicios de brutalidad policial, abusos y torturas. También operan grupos parapoliciales, con la anuencia de las fuerzas de seguridad, que desalojan a los campesinos de sus tierras y prenden fuego sus casas".

España

Canton, abogado argentino que supo ser el primer relator especial para la libertad de expresión de las Américas, dijo que la decisión del gobierno de España de no solicitar la extradición de los militares detenidos a instancias del juez Baltasar Garzón "no es área de competencia de la CIDH, pero, como primer organismo que cuestiona desde 1992 la constitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida, no podemos aceptar que haya impunidad".

Ambas leyes, dijo, "son violatorias de la Convención Americana sobre Derechos Humanos".

Después de la decisión del gobierno de Aznar, sin embargo, el campo de acción de la CIDH, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), se limita a abogar por la justicia en sí: "No nos metemos en decisiones de otros Estados -dijo Canton-. Lo ideal sería que haya justicia en la Argentina. La impunidad sería inaceptable".

Profundo deterioro

Como parte de la misión, la delegación planteó casos en curso, como la brutalidad policial en la provincia de Buenos Aires, la situación de las comunidades indígenas en Salta y la investigación por la muerte de Carlos Menem (hijo), ocurrida en marzo de 1995. En algunos de ellos halló soluciones amistosas.

En otros, como el de la provincia de Santiago del Estero, aún conmovida por los crímenes impunes de las jóvenes Leyla Nazar y Patricia Villalba, durante el verano último, quedaron perplejos, según Canton, por "el profundo deterioro del Estado de Derecho".

No fueron recibidos por la gobernadora, Mercedes "Nina" Aragonés, esposa del caudillo y ex gobernador Carlos Juárez, sino por el vicegobernador, y en las audiencias que mantuvieron con miembros de la sociedad civil percibieron "miedo" de hablar. Hasta "un espía" había entre ellos, dijo.

Lo más curioso, agregó, es que el padre de una de las chicas asesinadas, oriundo de Palestina, se afincó en Santiago del Estero convencido de que era una provincia tranquila. "Quería vivir en paz y mire cómo le fue", resumió.

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