La Justicia busca la ruta de las comisiones
El juez federal Julián Ercolini pidió ayer que la Cancillería le entregara todos los cables recibidos de la embajada en Venezuela desde 2004 hasta hoy. Pero eso no fue todo. Fue más allá y dispuso una veintena de medidas de prueba para investigar la ruta de las comisiones –presuntas coimas– pagadas por los exportadores argentinos.
Pidió que las 41 empresas que se confirmó que vendieron maquinaria agrícola a Venezuela le entregaran "toda la documentación" vinculada con estas operaciones y ordenó al Banco Central que le informara qué cuentas tienen las compañías que exportaron, para investigar sus movimientos.
Además, a fin de saber cómo se eligió como intermediaria a Palmat (que cobró las comisiones del 15%), citó a declarar a ex autoridades de la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma) que se habían opuesto a contratar a esa trader, a los asesores que intervinieron en la contratación y al representante legal de Coitia, una competidora que había ofrecido el mismo servicio.
También ordenó que Cafma informara "en forma urgente" si otras 36 empresas participaron de las exportaciones a Venezuela.
Ercolini sabe que hubo compañías que mostraron interés en ser parte del negocio, pero luego no lo hicieron. Ayer, citó como testigos a los directivos de algunas de estas empresas y planea citar a más en el futuro.
Entre las medidas dispuestas, el juez ordenó además que Cafma aportara "todos los contratos" que firmó con autoridades venezolanas, que la Inspección General de Justicia informara qué registros tiene de Palmat SA y de Palmat USA y que la Unidad de Información Financiera (UIF) dijera si cuenta con datos sobre tres directivos de Palmat –Roberto Wellisch, Francisco Carrasquero y José Rodríguez– y sobre todas las compañías vinculadas con la intermediación (Palmat Internacional, Palmat Intertrade, Asotrade, Madero Trading y Madero del Plata).
También citó al presidente de Friar SA, que perdió en la pelea para quedarse con un negocio de venta de ganado en pie a Venezuela; a técnicos de la Auditoría General de la Nación y a funcionarios de la Aduana y del Banco Central, a fin de que colaboren para analizar documentación que ya está incorporada a la causa. Las declaraciones testimoniales ordenadas ayer empezarán el 2 de agosto y terminarán el 10 de septiembre.
Entre las 22 pruebas dispuestas hay una vinculada con una nueva denuncia presentada por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que pidió que se investigara un contrato entre los presidentes Cristina Kirchner y Hugo Chávez referido a la "logística, distribución y transporte" entre la naviera privada Fluviomar y la petrolera estatal venezolana Pdvsa. El juez solicitó a la Cancillería que le entregara ese convenio.
Casi todas las medidas firmadas ayer habían sido pedidas por el fiscal federal Gerardo Pollicita la semana pasada. Entre ellas, hacerse de los miles de cables enviados por la embajada en Venezuela en los últimos seis años.
Uno de esos correos es el revelado anteayer por La Nacion: un cable proveniente de la embajada a cargo de Alicia Castro que reportó la preocupación de empresas afectadas por las gestiones que protagonizó en Caracas uno de los más estrechos colaboradores del ministro Julio De Vido, José María Olazagasti.
Como consecuencia de ese cable, el subsecretario de la Cancillería Eduardo Sigal firmó una alerta sobre la actividad "paralela" de Olazagasti. Por el momento, Sigal no fue citado por Ercolini, pero en Tribunales no descartan que pueda ser parte de una futura ronda de testigos.
EL TESTIGO JAMAS ENCONTRADO
- La Justicia lleva meses buscando, sin éxito, al testigo de identidad reservada que en 2007 denunció ante la Defensoría del Pueblo que todos los empresarios debían pagarle a Claudio Uberti comisiones del 15% para exportar a Venezuela. En el domicilio que declaró en la Defensoría no saben nada de él.