La Justicia citó e intimó a De la Rúa

El juez Baños lo convocó para el jueves y le advirtió que, si no se presenta, lo irá a buscar la policía
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23 de mayo de 2003  

Fernando de la Rúa no logra librarse de los problemas judiciales desde que abandonó la presidencia.

Gracias a un recurso ante la Corte Suprema consiguió demorar su declaración indagatoria por los homicidios ocurridos durante la represión en la Plaza de Mayo del 20 de diciembre de 2001, pero el juez de instrucción Mariano Bergés lo procesó en abril último por irregularidades en la concesión de la autopista Illia y ahora otro magistrado lo citó para el próximo jueves bajo apercibimiento de disponer "su comparendo compulsivo mediante el auxilio de la fuerza pública".

El juez de instrucción Alberto Baños convocó al ex presidente para que declare por malversación de caudales públicos en una causa en la que desde hace más de seis años se investiga el nombramiento de cientos de empleados ñoquis en el desaparecido Concejo Deliberante.

En la misma resolución, a la que tuvo acceso LA NACION, el magistrado intimó a De la Rúa a que "en caso de pretender salir del territorio nacional, recabe previa autorización del tribunal".

De la Rúa había sido citado por Baños para declarar como acusado en junio de 2002 y en marzo del actual, luego de que la Cámara del Crimen le diera al juez un plazo de 10 días para resolver la situación procesal de todos los imputados.

Fernando Díaz Cantón (h.), uno de los defensores del ex mandatario, informó ayer a LA NACION que ya presentaron un recurso de queja ante la Cámara del Crimen para que se dejen sin efecto ambas decisiones de Baños, que consideran violatorias del derecho de defensa en juicio.

El letrado recordó que aún están pendientes de resolución en la Sala I de la Cámara dos recursos de la defensa y adelantó que, si los camaristas no resuelven antes, De la Rúa irá al Palacio de Tribunales la semana próxima, aunque declarará "bajo protesta".

Con su decisión, el magistrado hizo lugar a un pedido de los fiscales Horacio Amelotti, Marcelo Romá, César Troncoso y Mónica Cuñarro, que desde hace cuatro años reclaman la declaración del entonces jefe de gobierno porteño y luego presidente de la Nación.

El juez y los fiscales mantienen un duro enfrentamiento por la forma de llevar adelante la investigación.

Esta vez, la pelea se evidenció con un párrafo del fallo en el que Baños les criticó que "como puntualmente acontece contemporáneamente a algún acto electoral en esta ciudad o en el país, los señores fiscales concretan alguna presentación rimbombante, como en este caso".

La causa comenzó en diciembre de 1996, cuando De la Rúa participaba de la campaña electoral para la Jefatura de gobierno porteño y el ex edil radical Eliseo Roselló lo acusó de tener a un empleado "ñoqui" del Concejo Deliberante como jardinero en su quinta en Pilar. Luego se sumaron otros supuestos falsos empleados.

La denuncia de Roselló, que desde 2001 está preso y procesado por los hechos que ventiló, generó una megacausa en la que fueron citadas más de 700 personas, muchas de ellas damnificadas porque su identidad fue utilizada para cobrar los sueldos.

También fueron procesados, aunque sin prisión preventiva, los ex presidentes del Concejo José Manuel Pico (PJ), Juan Trilla (UCR) y Víctor Pandolfi (PJ) y una docena de ex ediles y ex legisladores porteños. De la Rúa espera no correr la misma suerte.

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