La justicia federal resiste las reformas propuestas por Beliz

Jueces, camaristas y fiscales denuncian la "hipocresía" y la premura del Gobierno
Hugo Alconada Mon
(0)
22 de abril de 2004  

El presupuesto destinado a la Justicia no alcanza, se votan "parches" contradictorios en la legislación penal y muchos funcionarios que durante años promovieron el fin de los controles sobre la administración son los que ahora claman por mayor vigilancia sobre el Estado.

Estos son sólo tres ejes en los que coincidió la mayoría de los fiscales, jueces y camaristas de los fueros federal y penal económico consultados por LA NACION para conocer su opinión sobre el Plan Estratégico de Justicia y Seguridad. Hubo más críticas que elogios, pero también algunas pautas para la esperanza.

"Se habla mucho de cuán pésima es la justicia federal, de cómo está digitada y un montón de barbaridades más, pero habría que recordar que este Poder Judicial forma parte de un país que, llegado el caso, también es así", ironizó un magistrado criminal federal.

Un segundo juez federal consultado por LA NACION subrayó el contraste que observa entre los enunciados y la realidad. "Crear el juicio por jurados me parece elogiable, ¿pero hay dinero? Ahora pido 22 pesos para trasladar un testigo hasta el juzgado y me dicen que no hay presupuesto disponible", marcó.

Todos los funcionarios judiciales y del Ministerio Público pidieron, además, que no se publicaran sus nombres para evitar "represalias" desde la Casa Rosada.

Pero en rigor el proyecto del Gobierno para unificar los fueros federal, de instrucción, correccional y penal económico, sólo en la ciudad de Buenos Aires, también generó algunas reacciones positivas.

Uno de los fiscales federales que intervinieron en la instrucción de la causa AMIA apoyó el proyecto. "En materia penal lo decisivo es determinar si la conducta investigada constituye o no delito", afirmó.

Un criterio parecido había expuesto tiempo atrás un juez en lo penal económico para el que el derecho criminal "es uno solo" y los magistrados de ese fuero deben estar capacitados para dirigir la pesquisa, sea por hurto, fraude contra la administración pública o contrabando de estupefacientes.

Ese principio se contradice, no obstante, con el criterio que impone el Consejo de la Magistratura al seleccionar a los candidatos para el Poder Judicial.

Así, por ejemplo, decidió rebajar el puntaje del juez contravencional Marcelo Vázquez en el concurso para juez federal en Comodoro Py. Lo bajó del primero al octavo puesto, justamente, por carecer de experiencia en el fuero federal.

Apunten a Beliz

Tres jueces deslizaron sus dudas sobre el proyecto porque vulneraría normas constitucionales sobre la jurisdicción federal. "¿Cómo es eso de que un juez federal con asiento en Buenos Aires tendrá una competencia distinta de la de su par de Salta, por ejemplo, pero sí compartirá funciones con un juez contravencional de Barracas? Me parece que propuestas de este tipo merecen una lectura más fina", sugirió.

Dos jueces penales -uno ordinario y otro federal- marcaron algunos inconvenientes que derivarían de un eventual desempeño "unificado" de más de un centenar de magistrados -entre primera y segunda instancia- de los fueros criminales porteños.

Ambos recordaron los inconvenientes y reacomodamientos que forzó la instauración -hace algo más de una década- de los tribunales orales. "Para la aplicación del nuevo Código Procesal Penal estuvimos trabajando y estudiando tres años. ¿Ahora quieren implementar algo más radical en cuestión de semanas?", desafió uno de ellos.

El ministro de Justicia, Gustavo Beliz, insiste además en que la unificación de los fueros federal y nacional penal en territorio porteño implicará "un reordenamiento de las tareas de los 82 jueces penales", pero también la posibilidad de que los magistrados cuestionados sean sometidos a un juicio político.

En esto sí las reacciones son unánimes: nadie piensa en renunciar o en jubilarse, y redoblan la apuesta. "Beliz amenaza con echarnos, pero hasta ahora no hizo nada. O miente u oculta información, incurriendo en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público", bramó un camarista.

Un secretario federal aportó otra visión: "Este lugar (por Comodoro Py) es un asco. Si logran sanearlo, bienvenido sea. Pero espero que no sea la herramienta del Gobierno para poner a "los suyos" acá".

Las razones del Gobierno

Para el Ministerio de Justicia "no existe impedimento constitucional ni legal para la unificación de la justicia penal de la Capital Federal, ya que todos los jueces nacionales son jueces federales", explicaron a LA NACION fuentes oficiales.

El Gobierno entiende, además, que "la distinción en Buenos Aires entre jueces penales federales y ordinarios fue un error original" y que su eliminación permitirá la desaparición de "miles de contiendas de competencia al año" que atrasan la gestión judicial.

Pero el entorno del ministro de Justicia, Gustavo Beliz, apunta, en particular, a los fueros criminal federal y penal económico.

"Sobre esos juzgados se concentra, hasta ahora sin éxito, la mayor parte de los reclamos de transparencia, celeridad y efectividad en la administración de justicia", dijo una fuente.

En ambos fueros, también, porque "abundan los grandes títulos periodísticos para la etapa de instrucción, que se va diluyendo y nunca acaba, y escasean los juicios y las sentencias, con los resultados ya conocidos", subrayó un informante.

"No hay investigación en los casos más complejos ni sentencias en los simples", insistió.

ADEMÁS

MÁS LEÍDAS DE Politica

Esta nota se encuentra cerrada a comentarios

Descargá la aplicación de LA NACION. Es rápida y liviana.