La Justicia investiga por enriquecimiento ilícito a senadores

Se trata de Alasino, Cantarero y Massat.
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25 de octubre de 2000  

Eclipsada por la causa que instruye el juez federal Carlos Liporaci, existe otra que no tuvo difusión, pero que ha generado bastante preocupación en el Senado.

Se trata de una investigación por presunta malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito contra los senadores Augusto Alasino (PJ-Entre Ríos), Emilio Cantarero (PJ-Salta) y Jorge Massat (PJ-Santa Fe), pero que estaría por ampliarse a los demás senadores.

El juez federal Adolfo Bagnasco delegó la investigación en el fiscal federal Paul Starc quien, luego de requerir las declaraciones juradas de esos tres legisladores, ha pedido las del resto de los integrantes de la Cámara alta, así como sus legajos, donde figuran esposas e hijos.

Por lo pronto, Alasino ya efectuó una presentación espontánea. El fiscalStarc pidió al juzgado federal de Concepción del Uruguay copia del sumario labrado contra el ex jefe del bloque peronista por presunto enriquecimiento ilícito, que se encuentra archivado y no sobreseído.

También pidió copia del expediente iniciado contra Massat a raíz de la denuncia de una sobrina de legislador que lo acusó de manejos irregulares de dinero en Euroamericana SRL, una empresa del senador o de su esposa.

Gastos reservados

La investigación de Starc comenzó con una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans por notorias diferencias sobre los fondos reservados que consignan las declaraciones juradas de Alasino y Cantarero.

Más que diferencias, habría una contradicción. El 14 de julio de 1992, el Senado estableció por decreto una suma de 150 pesos por legislador en carácter de "erogaciones reservadas que se asignan mensualmente a los bloques parlamentarios para asegurar el normal desarrollo de sus funciones".

Sin embargo, en su declaración jurara de bienes, Alasino habría ingresado el total de los fondos reservados establecidos para su bloque.

En cambio, Cantarero declaró haber percibido 20.000 pesos por gastos reservados. Pero son los gastos que Alasino, según su declaración, no habría distribuido.

A esto se sumaría la enorme disparidad entre las declaraciones de los senadores, además de las presuntas irregularidades registradas por la AFIP en el patrimonio de once legisladores imputados en el expediente de Liporaci. En este sentido, Página 12 informó el domingo que, según la AFIP, en las declaraciones juradas de 1998 y 1999 habrían omitido consignar aumentos patrimoniales, inmuebles y automóviles.

En principio, la inquietud de algunos senadores con este expediente desconocido radicaría en que es más fácil probar un enriquecimiento ilícito que un cobro de sobornos y que, en el caso de Alasino, permitiría reabrir el expediente de Concepción del Uruguay en el que, como se dijo, Alasino no fue sobreseído y que puede activarse si se presenta un querellante.

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