La Justicia muestra extrema sintonía con los ciclos políticos

Delia Ferreira Rubio
Delia Ferreira Rubio PARA LA NACION
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13 de octubre de 2019  • 01:09

La Justicia es un colectivo muy amplio y variado: esto impide una apreciación general sobre su funcionamiento y, en especial, sobre su independencia respecto del poder político. Cuando se discute la independencia de la Justicia, el foco se coloca en aquellos tribunales e instancias judiciales que resuelven cuestiones que afectan o involucran al Estado, la administración o los funcionarios públicos. Lamentablemente, esos tribunales han mostrado y siguen mostrando, si no una dependencia del poder político de turno, al menos una extrema sintonía con los ciclos políticos. Esto genera la percepción de una politización de la Justicia, contraria al Estado de Derecho y a la seguridad jurídica.

Un aporte que hubiera contribuido a neutralizar esta percepción es una reforma al Consejo de la Magistratura, tendiente a despolitizar el nombramiento y la remoción de los jueces. Ese fue el objetivo de la reforma constitucional de 1994 y hasta el momento no hemos avanzado. La dirigencia política argentina se resiste a perder su influencia sobre la Justicia.

En materia de transparencia y lucha contra la corrupción, el legado kirchnerista fue, a todas luces, negativo. El gobierno de Cambiemos, por su parte, avanzó en algunas cuestiones. Entre ellas merece destacarse la aprobación y puesta en marcha de la ley de acceso a la información pública, la digitalización de información en áreas de declaraciones juradas y en las contrataciones públicas. La propuesta de reforma a la ley de ética pública llegó tarde: solo se envió al Congreso este año. También fue tardío el Plan Nacional Anticorrupción, que se publicó al final de la gestión.

Igualmente, el Índice de Percepción de Corrupción en el sector público, que todos los años elabora Transparency International, muestra un leve progreso en los últimos años: la Argentina pasó de 36 puntos en 2015 a 40 puntos en 2018, sobre 100 posibles. Esto revela que todavía hay un largo camino por recorrer: necesitamos más información, más integridad, menos impunidad y menos indiferencia.

El futuro gobierno debería instrumentar, al menos, dos medidas si pretende exhibir un compromiso serio en materia de transparencia. Una de ellas sería el nombramiento de una persona independiente al frente de la Oficina Anticorrupción (OA); actualmente este cargo es ocupado por un funcionario designado por el Poder Ejecutivo. Por otra parte, es imperioso poner en marcha el proceso para cubrir el cargo de defensor del pueblo, el cual está vacante desde hace años y constituye una deuda pendiente de toda la dirigencia política.

Directora de Transparencia Internacional

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