Enriquecimiento ilícito. La Justicia ordenó investigar el hotel de los Kirchner

Se pidió informes a la Municipalidad de El Calafate y a una federación hotelera

2 de junio de 2010

La causa por su presunto enriquecimiento ilícito se cerró, pero la Justicia sigue investigando uno de los negocios que multiplicaron la fortuna de los Kirchner: el alquiler del hotel boutique Los Sauces, que el matrimonio presidencial construyó en El Calafate.

El juez federal Julián Ercolini ordenó las primeras medidas de prueba para determinar posibles irregularidades en esta operación. Envió un oficio al municipio de El Calafate para que le remitiera una copia del expediente donde se tramitó la habilitación del hotel y un pedido a la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra) para que informara, de acuerdo con las características de Los Sauces, cuánto podría costar una noche de alojamiento.

Las medidas fueron dispuestas el año pasado, dentro del expediente que investiga al matrimonio presidencial por presunta asociación ilícita, pero se diligenciaron con reserva y hasta ahora no habían trascendido. Según informaron fuentes judiciales a LA NACION, la municipalidad ya respondió, pero la contestación fue incompleta y el juez acaba de reiterar su pedido.

El inquilino del hotel es Juan Carlos Relats. De acuerdo con la denuncia de la Coalición Cívica que dio origen a este expediente, él es uno de los "empresarios amigos" del Gobierno beneficiados con negocios con el Estado. Relats tiene contratos de obra pública en todo el país, varios de los cuales fueron blanco de acusaciones de sobreprecios y supuestos arreglos en las licitaciones.

Sólo en 2008, pagó 9.500.000 pesos de alquiler por Los Sauces, según informó su propia empresa. Con la explotación del hotel, no recuperó de ninguna manera el dinero invertido. La explicación que los voceros de la compañía dieron el año pasado a LA NACION es que se trató de una "inversión estratégica" que les permitió penetrar en el mercado de turistas europeos, al que sólo podían acceder los que ofrecían el circuito Buenos Aires-Bariloche-El Calafate.

Ahora, la Justicia busca determinar si hay un delito detrás de esta operación. El primer paso es saber si existe una relación lógica entre los ingresos que pudo obtener el inquilino con la explotación y el monto del alquiler.

Para eso, Ercolini recurrió en primer lugar a la Fehgra, pero esta federación respondió que Los Sauces es uno de los hoteles considerados "únicos" y si bien presentó valores estimativos de lo que podrían costar las noches allí, le advirtió que no es fácil determinar sus precios. También le informó que funciona como parte de una importante cadena hotelera, la de Relats. Este empresario empezó a administrarlo en 2006, a partir de un acuerdo que selló con Néstor Kirchner. No es un advenedizo en el rubro: su grupo tiene hoteles en varias provincias. Pero sus negocios incluyen además obras viales, seis casinos, acueductos, pozos petroleros y más de 100.000 hectáreas de campo.

Un decreto polémico

Un elemento que acrecentó las sospechas sobre sus vínculos con el Gobierno fue el decreto 902/08, firmado por Cristina Kirchner, que le reconoció a una empresa de propiedad de Relats, que ya era su inquilino, una deuda de 32 millones de pesos correspondiente a un reajuste tarifario. Se trató de un recálculo de un contrato para la construcción, operación y transferencia de una ruta que une Resistencia y Formosa. Los voceros de Relats sostuvieron que la deuda era legítima y que, en realidad, les debían 22 millones de pesos más.

Según informaron a LA NACION en Tribunales, después de que el fiscal Gerardo Pollicita pidió investigar el alquiler de Los Sauces y Ercolini abrió el caso, Relats realizó una presentación voluntaria en el expediente. Lo representaba un importante estudio jurídico que en ese momento integraba, como socio, Joaquín Da Rocha, a quien la Presidenta designó hace cuatro meses como procurador del Tesoro; es decir, jefe de los abogados del Estado.

El caso Los Sauces es parte de una causa con múltiples derivaciones que también investiga los negocios con Venezuela, la concesión de servicios públicos, el manejo de áreas petroleras y la explotación del juego.

Paz Rodríguez Niell <br/> LA NACION

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