La Justicia postergó la elección tucumana

SAN MIGUEL DE TUCUMAN.- Una verdadera conmoción política se desató ayer en esta provincia por la decisión de la justicia local de suspender las elecciones a gobernador, legisladores, intendentes y concejales del 29 de junio próximo. La medida fue dispuesta por la sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo por considerar desmesurado que se hayan inscripto 2277 sublemas para disputar 334 cargos electivos en Tucumán.

De esta manera, se echan por tierra las aspiraciones de unos 60.000 tucumanos interesados en ocupar alguno de los cargos en disputa. Los jueces Enrique Guibert y Rodolfo Novillo consideraron que son pocos los requisitos que se exigen para la conformación de un sublema. Actualmente, basta con presentar 150 avales para inscribir uno en las secciones Oeste y Este, y sólo 300 en la Capital.

La resolución, dada a conocer en la madrugada de ayer, hizo lugar parcialmente a un recurso de amparo de diversas ONG. Declara inconstitucional el artículo 2 de la ley 6146 (de lemas) y establece que en los próximos diez días corridos la Legislatura deberá elaborar una norma para garantizar comicios transparentes.

Medidas

Con la decisión de la Justicia se supone que puede reducirse drásticamente el número de interesados en ocupar los cargos electivos, porque se exige al Ejecutivo que modifique los requisitos para constituir los sublemas que proponen las listas de candidatos. Los aspirantes a llegar a la Legislatura o a los concejos deliberantes deberán multiplicar las adhesiones a sus sublemas o quedarán en el camino.

"Esto puede ser gravoso para los partidos chicos, pero insignificante para los grandes, que tienen una gran cantidad de afiliados. De hecho, son estos últimos los que mayor cantidad de sublemas presentaron en las últimas elecciones", manifestaron.

La proliferación de sublemas, que tanto asombro causó a todo el país en los comicios de 1999, también se debe a que se permite que sean los propios apoderados de los sublemas los fedatarios de los avales exigidos.

Como un fallo judicial no puede derogar una ley en forma general, la Justicia condenó a la provincia -o sea a la Legislatura- a que sancione una norma que subsane los defectos señalados a la ley de lemas. "La voluntad del elector debe expresarse mediante una elección auténtica, sencilla y transparente", dijeron los camaristas.

El abogado Clímaco de la Peña, patrocinante de las ONG que presentaron el recurso contra la ley de lemas, adelantó que recurrirá el fallo ante la Corte Suprema por considerar que todo este sistema es inconstitucional.

El fiscal de Estado, Benito Garzón, sostuvo ante la prensa que el fallo es "inoportuno e inconstitucional".

Opinó que la resolución debió salir antes del cronograma electoral y de esa forma no se lo hubiese alterado. Además, argumentó que es inconstitucional porque "impide que cumplamos con el artículo 130 de la Carta Magna provincial, que establece que las elecciones para gobernador, vicegobernador y para legisladores deben hacerse cuatro meses antes de la caducidad de los mandatos, que vencen el 29 de octubre".