La Justicia reactiva causas que complican a funcionarios y allegados al Gobierno

La feria de verano terminó y en los tribunales de Comodoro Py anuncian que será un febrero movido. Auguran un mes de definiciones para funcionarios, ex funcionarios y amigos del poder con expedientes abiertos que podrían comprometer su futuro.

La causa más caliente es la que investiga al vicepresidente, Amado Boudou, por el "caso Ciccone", donde está acusado haberse "interesado", en violación de la ley, para que la imprenta que fabrica papel moneda cambiara de dueños. El fiscal del caso, Jorge Di Lello, está trabajando en un escrito donde solicitará nuevas medidas de prueba. La idea de la fiscalía es presentarlo esta semana. Todo indica que será el principio de un año duro para el vicepresidente.

Según informaron fuentes del caso, el escrito incluirá un pedido para llamar a declarar a una decena de nuevos testigos que podrían aportar datos sobre la ruta del dinero usado para evitar la quiebra de la imprenta. Qué más pedirá Di Lello es un misterio.

En paralelo con el caso Ciccone, el vicepresidente es investigado por un presunto enriquecimiento ilícito. En relación con ese expediente, la fiscalía evalúa solicitar que se designe al perito contador que deberá revisar las cuentas de Boudou. El juez Ariel Lijo, a cargo de ambas causas, tiene ordenadas ya una serie de declaraciones testimoniales que se extenderán hasta mayo.

Las esperanzas de Boudou están en la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal. Sus abogados intentaron allí un planteo de "falta de acción" y recusaron a uno de los camaristas, Juan Carlos Gemignani. De prosperar, este planteo pondría fin a buena parte de los problemas judiciales del vicepresidente: los vinculados al escándalo Ciccone. Seguiría en pie, no obstante, el caso por enriquecimiento.

Esta posferia agitada tiene un segundo frente abierto para Boudou. Se dirime en Montevideo, donde el juez del fuero contra el Crimen Organizado, Néstor Valetti, citó a Alejandro Vandenbroele, supuesto testaferro de Boudou, a indagatoria. Hoy, deberá explicar el origen de los US$ 620.000 que desde ese país transfirió la sociedad anónima Dusbel a Buenos Aires para tomar el control del 50% de las acciones de The Old Fund. Así lo hizo sin completar los pasos formales de registración societaria en el país y a través de una operatoria financiera que registraría múltiples inconsistencias.

Pero Boudou no es el único kirchnerista que deberá estar atento a lo que pase en Comodoro Py este febrero. El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime está a un paso de ser procesado por enriquecimiento ilícito. Él y sus supuestos prestanombres fueron indagados el año pasado y el juez Sebastián Casanello debe resolver ahora su situación procesal.

Además, Jaime enfrentará este año el juicio oral por la tragedia de Once, en la que murieron 51 personas. El 18 de marzo empezará el proceso, donde también están acusados Juan Pablo Schiavi, otros tres ex funcionarios y una decena de empresarios.

Otro kirchnerista acusado de enriquecimiento ilícito es el jefe del Ejército, César Milani, también denunciado por su actuación durante la última dictadura. La causa que investiga el crecimiento de sus bienes está a cargo del juez federal Daniel Rafecas, que también investiga la denuncia de presunto enriquecimiento contra el presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde.

El futuro de Rafecas -primer juez del caso Ciccone- es incierto. Lo investiga el Consejo de la Magistratura por haber intercambiado mensajes de Whatsapp con un allegado a la defensa de Boudou. El kirchnerismo, que lo considera un traidor, pidió su juicio político. En diciembre pasado, el Consejo postergó para este año la definición del caso.

Esta feria de enero, más tranquila que otros años, fue pésima para dos funcionarios del Gobierno. Para el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, que fue denunciado por sus vacaciones en Brasil, ante la sospecha de que el viaje lo habían pagado empresarios que lo acompañaban. Las pruebas reunidas hasta el momento no comprometen al funcionario, según informó a LA NACION una fuente de la investigación. Pero el caso fue un escándalo. Un equipo del canal de noticias TN denunció que fue agredido a golpes de puño por personas que viajaban con Echegaray cuando las enfocaron en el aeropuerto de Río de Janeiro.

El otro funcionario investigado durante la feria fue el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella. El 13 de enero, el juez Claudio Bonadio firmó una orden de allanamiento para buscar en la UIF una serie de documentos en una causa donde se investiga si el organismo paralizó reportes de operaciones sospechosas que mencionaban al empresario kirchnerista Lázaro Báez y a sus compañías.

Sbattella tiene varias denuncias en su contra por episodios similares de "cajoneo" en favor de viejos amigos del Gobierno. Sergio Schoklender, Hugo Moyano y Daniel Peralta son algunos de sus presuntos protegidos, de acuerdo con las acusaciones que pesan en su contra.

En cuanto a Báez, el empresario socio del matrimonio presidencial, terminó 2013 con un allanamiento en Austral Construcciones, su empresa más emblemática. Lo ordenó el juez penal tributario Javier López Bizcayart por un supuesto caso de evasión. Esta causa se tramita en paralelo con el expediente por lavado de dinero, donde el juez Casanello tiene pendiente resolver si procesa a Federico Elaskar y a Leonardo Fariña, aparentes "lavadores" de millones de Báez.

Hasta ahora, el más perjudicado por el caso Báez fue el primer fiscal que lo investigó: José María Campagnoli. A pedido de su jefa, la procuradora Alejandra Gils Carbó, fue suspendido por el Tribunal de Enjuiciamiento, que este año le hará un juicio político. Durante la feria, Campagnoli intentó que la Justicia lo repusiera en su cargo. Por ahora, sin éxito.