La ley de acceso a la información vuelve a quedar relegada

Los proyectos que buscan mayor transparencia en la función pública no prosperan en el Congreso
Laura Capriata
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5 de diciembre de 2011  

Ya pasaron 10 años desde que la gente salió a la calle a gritar que quería cambios políticos importantes. Los años volaron, las gestiones avanzaron, los proyectos que parecían imposibles se aprobaron y sin embargo la agenda de transparencia no se movió del cajón.

El único movimiento hay que buscarlo en 2003, cuando el recién llegado kirchnerismo dictó alguna medida en el tema (el decreto 1172) y prometió que seguiría con más, pero eso no pasó.

Nacida al fragor de las cacerolas y las marchas, la última semana se cumplió justo una década desde que se elaboró el primer proyecto de acceso a la información pública, obedeciendo a un pedido social generalizado de transparencia, y desde entonces nunca pudo convertirse en ley. Reconocido por los tratados internacionales como un derecho humano, el libre acceso a la información pública garantiza el derecho ciudadano a requerir información (de cualquier índole) de los poderes del Estado. Más de 100 países del mundo (y la mayoría de nuestros vecinos) ya cuentan con una ley en la materia.

En la Argentina, en cambio, el tema está al borde de perder estado parlamentario por segunda vez (ya se había caído en 2005) porque el oficialismo se niega a tratar antes de fin de año el proyecto que en 2010 recibió media sanción del Senado. "El proyecto que se aprobó revierte la idea de que la información pública es secreto de Estado y crea una oficina especial en cada uno de los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y la obliga a dar información a los ciudadanos", explicó la senadora María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica-Capital), una de sus promotoras.

Pero ése no es el único tema que quedó pendiente. En 2003 el entonces presidente Néstor Kirchner firmó el decreto 1172, llamado de acceso a la información pública, que estipulaba plazos al Poder Ejecutivo para que entregara la información que requería la ciudadanía. También avanzaba en la realización de audiencias públicas donde todos pudieran expresarse sobre temas de interés y empezaba a organizar la gestión de intereses privados (o lobby) ante los poderes del Estado, una actividad que en el mundo está blanqueada y regulada pero en la Argentina se mantiene en un cono de sombras.

"En su momento fue todo un avance, pero ese decreto ahora no alcanza. Además, hubo retrocesos", opinó Ramiro Alvarez Ugarte, de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). Uno de ellos fue que la gestión de lobby se desactivó, igual que otros proyectos que llevaba adelante Marta Oyhanarte desde la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, un organismo que finalmente quedó en manos de la agrupación kirchnerista La Cámpora.

No corrió mejor suerte el intento opositor de regular el reparto de la publicidad oficial. Con un crecimiento exponencial en los últimos ocho años, dirigentes políticos y organismos de transparencia ven ahí un foco de presión y disciplinamiento de la prensa, muchas veces necesitada de la pauta oficial. Pero ninguno tuvo éxito en sus esfuerzos por sancionar una ley que quitara discrecionalidad.

Lo mismo pasó con las intenciones de reformar la ley de ética pública, que pretendía controlar el patrimonio de los integrantes de los tres poderes, incompatibilidades y conflictos de intereses con su función. Frente al rechazo del Poder Judicial y la demora que siempre aqueja al Legislativo, hoy los únicos medianamente controlados por la norma (que casi se convirtió en inaplicable) son los funcionarios del Ejecutivo.

"Diez años después de que la agenda de transparencia fuera una de las principales demandas de la sociedad, hoy no hay nadie dentro del Congreso que esté liderando esos temas, más allá de algunos esfuerzos aislados. Quizás sea porque desde el Gobierno no hay interés y las fuerzas que llevaban esa bandera perdieron capacidad de liderar agenda", apuntó a LA NACION María Baron, directora de la Fundación Directorio Legislativo.

En este escenario sería una utopía pensar en objetivos más ambiciosos, como crear un cuerpo de fiscales anticorrupción (un proyecto que presentó el diputado radical Ricardo Gil Lavedra) o imitar a las mayores democracias del mundo, que implementan lo que se llama un Gobierno Abierto. "Se trata de que todos los poderes tengan disponible en Internet toda su información en el mismo formato, que sea fácilmente legible y permita procesar y cruzar los datos", explicó la diputada Laura Alonso (Pro-Capital), autora de la iniciativa que duerme el sueño de los justos junto al resto de los proyectos de la agenda de transparencia.

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