La ley que garantiza el abastecimiento de elementos básicos

La suspendida ley de abastecimiento (20.680) que, según el ministro del Interior, Carlos Corach, vuelve a entrar en vigor a partir del paro de transporte de carga, faculta al Poder Ejecutivo a "dictar normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción" de "cualquier bien mueble o servicio que satisfaga -directa o indirectamente- necesidades comunes o corrientes de la población".

Esta norma, que tiene su origen en la llamada ley A, de los años sesenta, entró en vigor el 25 de junio de 1974 (luego del caos desatado por el Pacto Social acordado por el entonces ministro de Economía, José Ber Gelbard) y tiene por objeto asegurar el abastecimiento de bienes esenciales.

Según explicó a La Nación el abogado constitucionalista Daniel Sabsay, la ley permite, incluso, "que el Gobierno recurra a las Fuerzas Armadas y a las de seguridad para restablecer la cadena de abastecimiento con el fin de satisfacer las necesidades básicas de la población".

El letrado aclaró que se podría llegar al caso extremo de que militares, policías y gendarmes transportaren la mercadería y que, por orden del Poder Ejecutivo, se incautaren los camiones que la retuvieren, ya que se trata de un estado de necesidad.

El secretario de Gobierno porteño, Enrique Mathov, que estuvo presente ayer en la reunión del Consejo de Seguridad realizada, indicó que "frente a una situación de emergencia y conmoción, como la planteada a partir del riesgo de desabastecimiento que podría surgir por el paro de los transportistas de carga, el Gobierno recurrió a la ley de abastecimiento que otorga, como posibilidad extrema, la facultad de requisar mercadería guardada, por ejemplo, con fines especulativos".

Y agregó: "Es un recurso límite que sirve, fundamentalmente, para que nadie pueda especular con elementos de primera necesidad de la gente. De esta manera, puede llegar a incautarse mercadería. El Ejecutivo podría ordenar a la Gendarmería que sacara los camiones de la ruta, en caso de obstrucción, o que llevara mercadería perecedera. La disposición de que se incauten camiones sería un exceso", opinó.

Los límites de la ley

La ley de abastecimiento, que originariamente otorgaba, además, al Poder Ejecutivo la facultad de fijar precios mínimos y máximos, sufrió diferentes modificaciones.

La última data del 30 de octubre de 1991, cuando Carlos Menem firmó el decreto de necesidad y urgencia 2284, de desregulación económica, que virtualmente la derogó al disponer en su artículo 4º: "Suspéndase el ejercicio de las facultades otorgadas por la ley 20.680, el que solamente podrá ser restablecido para utilizar todas o cada una de las medidas en ella articuladas, previa declaración de emergencia de abastecimiento del Congreso de la Nación".

La excepción planteada en el decreto fue el artículo 2, inciso C, en el que se apoyó ayer el Gobierno para su aplicación, que continuó vigente.

Según Mathov, la aplicación de esta ley se justifica con el hecho de que el paro de los camioneros provocó "una situación grave, porque se interrumpió el tránsito en algunas rutas y, de a poco, comienza a sentirse el desabastecimiento en algunos sectores".

Pero, según el secretario de Gobierno porteño, "esta situación no justifica, de ninguna manera, la instauración del estado de sitio, ya que suspende las garantías constitucionales".

La última vez que se intentó aplicar esta norma fue en 1994, cuando la DGI solicitó la clausura de negocios a la Secretaría de Comercio por infracción a las leyes tributarias. Sin embargo, en esa oportunidad, la medida quedó diluida, ya que el Congreso sancionó la ley de transparencia.

Otro antecedente se registró durante el Proceso, cuando fue aplicada a raíz de la inflación y recesión que provocó el control de precios impuesto por el entonces ministro de Economía, Jorge Wehbe.