La misión de un enviado del empresario en Bahía Blanca

BAHÍA BLANCA.- El entramado de empresas reales y sociedades fantasma, facturas truchas, cheques correlativos y millones de pesos en danza incluyó el rol clave de un puñado de profesionales contables de esta ciudad. Ellos negociaron la regularización fiscal con un lugarteniente de Lázaro Báez, Claudio Bustos, y con las nuevas autoridades de la Regional de la AFIP en esta ciudad, según reconstruyó LA NACION durante los últimos 10 meses, período en el que viajó cuatro veces a Bahía Blanca.

Al menos uno de esos encuentros entre los apoderados del Grupo Penta y de Juan Suris, Bustos y autoridades locales de la AFIP reflejó cuán poderoso es Báez. Ocurrió en el séptimo piso de las oficinas del organismo, sobre la calle San Martín, a metros de la plaza Rivadavia. Allí, el lugarteniente del socio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner llevó la voz cantante sobre qué hacer en consulta permanente por teléfono con Buenos Aires.

Al respecto, LA NACION consultó a la AFIP, que declinó hacer comentarios hasta ver la investigación publicada.

En la AFIP también evitaron abordar las posibles figuras penales en danza. Entre otras, la asociación ilícita tipificada en el inciso C del artículo 15 del Régimen Penal Tributario, con hasta diez años de prisión, que la Justicia aplicó a Suris, pero no expandió aún a otras ramificaciones locales.

Como apoderado de Austral, Bustos conoce las calles bahienses. El miércoles 23 de julio pasado, por ejemplo, llegó hasta la ciudad en el vuelo de Aerolíneas Argentinas que partió a las 7.30 de Buenos Aires. Se quedó unas pocas horas en Bahía Blanca. Las suficientes para imponer que el Grupo Penta se acogiera a un plan de 24 cuotas de regularización fiscal. Y a las 14.30 emprendió su regreso.

Semejante esfuerzo tiene un porqué. Báez necesita que la AFIP categorice al Grupo Penta como una empresa real, no como una mera usina encubierta de facturas truchas, para de ese modo evitar que su propia contabilidad quede bajo la lupa por una presunta evasión tributaria agravada.

Pero las órdenes que impartió Bustos provocaron una situación paradójica: la AFIP tomó por válidos los supuestos servicios del Grupo Penta -que no tiene empleados ni vehículos, ni subcontrató personal ni gastó en combustible- para Austral Construcciones, pero no así para Constructora Patagónica, para la que también emitió facturas. Por ejemplo, por supuestas obras en la ruta 9 entre noviembre de 2009 y diciembre de 2010, por $ 3,1 millones, según reconstruyó LA NACION.

Penta, ¿fantasma o real?

Ante ese cuadro, Báez y Bustos exigieron que se disimulara la situación tributaria del Grupo Penta. Así, mientras que la Regional Bahía Blanca se mantuvo desmantelada, reducida a "agencia" y bajo el control de Mar del Plata -que lidera Sebastián Durruty-, el responsable de una división de Auditoría en esa ciudad, Norberto Filipini, firmó el archivo de las investigaciones sobre las empresas usuarias de las facturas de Suris. Entre ellas, Iberoamericana.

Muy distinto fue el camino que la AFIP siguió ante el Grupo Penta. Ya con Bahía Blanca restablecida como regional, se mantuvo a esa empresa como operativa y fuera de la "Base Apoc", la lista en que la AFIP registra los nombres de todas las usinas de facturas truchas.

¿Por qué ese tratamiento diferente? "Porque el Grupo Penta facturó directamente a Austral, mientras que varias firmas de Suris lo hicieron a través de intermediarias, como Iberoamericana", explicó un experto contable al tanto de la operatoria.