La nueva encrucijada

Rosendo Fraga
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29 de febrero de 2004  

En términos políticos, el pedido del Papa al gobierno argentino de que mantenga la condena al aborto pone a Kirchner frente al tipo de opciones que hasta ahora ha buscado eludir.

Es decir, no poder continuar adoptando medidas y acciones que sólo tienen amplio consenso en la opinión pública, lo que ha sido el eje central de su acción en la gestión de gobierno.

Si mantiene la coherencia con el pensamiento "progresista" que está asumiendo, que resulta clave para el proyecto "transversal" que apunta a neutralizar el peso del peronismo tradicional con alianzas políticas hacia la centroizquierda y sociales con la clase media urbana motivada ideológicamente, debería cambiar la postura mantenida por los gobiernos anteriores, como lo hizo con Cuba al imponer en los últimos tiempos de Duhalde el cambio del voto en la ONU.

Pero mantener esta coherencia implicará profundizar la brecha que se ha abierto con la Iglesia Católica a partir de la nominación de Carmen Argibay para integrar la Corte.

La Iglesia no tiene el peso cultural que tenía en el pasado y no está en su mejor momento en materia de opinión pública, pero sigue teniendo una influencia social importante en los sectores populares, en la dirigencia política del interior y, en particular, en distritos gobernados por el PJ.

El conflicto que tiene lugar en este momento entre el gobernador de San Luis y el obispado local es una muestra de que la Iglesia mantiene un rol político y social relevante, y lo mismo puede decirse de la crisis de Santiago del Estero, donde los sucesivos obispos locales fueron los primeros en denunciar los abusos del juarismo y los únicos que se animaron a enfrentarlo en su momento de mayor poder. Paradójicamente, es la Iglesia Católica la que encabeza en este momentos el cuestionamiento a dos de las estructuras políticas más "feudalistas" del país.

El mensaje del Papa tiene lugar en momentos en que el Senado se apresta a tratar la nominación de Argibay, que ha motivado una toma de posición pública del Episcopado y una movilización social motorizada por éste, que se ha puesto de manifiesto en miles de cuestionamientos.

Una jugada de equilibrio político podría ser avanzar con la nominación de Argibay pese a las críticas de la Iglesia, pero mantener la posición en materia de aborto, poniendo así de manifiesto que la propuesta para la Corte no implica una posición política frente a un tema de interés para la Iglesia en el ámbito universal. Pero en este caso, seguramente, se debilitaría la alianza política y cultural con el "progresismo".

Si mantiene la designación de Argibay y cambia la posición sobre el aborto, las relaciones con la Iglesia se harán más difíciles, y ello implicará perder el apoyo de sectores católicos moderados que hoy ven con buenos ojos la actitud oficial en materia de transparencia.

En conclusión, más allá de los valores religiosos y morales que implica la toma de posición frente al aborto, Kirchner tendrá que optar, en términos políticos, entre debilitar su alianza "cultural" con el progresismo para no deteriorar más su relación con la Iglesia o seguir profundizando la divergencia con ella, lo que en mayor o menor medida debilitará el amplio consenso que hoy tiene en la opinión pública.

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