La nueva urgencia de Macri: cómo salir del default

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13 de enero de 2016  

Hoy, en la invernal y fría Nueva York, el gobierno argentino tomará contacto con los fondos buitre por primera vez en más de un año y medio. Cerrado el caso de los narcotraficantes que se fugaron y abierta la investigación sobre las complicidades políticas, policiales y judiciales, la administración de Macri se enfrentará con otra parte de la herencia de Cristina Kirchner: el default de la deuda pública que provoca el embargo de los pagos a los deudores que aceptaron los canjes de 2005 y 2010.

La decisión del embargo la tomó el juez Thomas Griesa, luego de que el anterior gobierno desacató la orden de cumplir con la sentencia del magistrado, que les dio la razón a los holdouts.

Ningún funcionario de Macri se reunió hasta ahora con Griesa; sólo hablaron con el facilitador nombrado por el juez, Daniel Pollack.

El juez fue implacable desde que advirtió una actitud beligerante del gobierno argentino hacia él, pero algunos suponen que Griesa podría volverse más benévolo con sólo percibir que, desde Buenos Aires, ya no lo insultan.

Tampoco ningún funcionario del gobierno de Macri habló con los holdouts o fondos buitre; eso sucederá hoy, por primera vez. Sin embargo, el actual gobierno argentino recibió algunos mensajes cifrados de los fondos buitre, marcados más que nada por la desconfianza y el prejuicio.

Paul Singer, el mandamás de NML Capital, el principal fondo que litigó contra la Argentina, nunca olvida, dicen, ese día de julio de 2014 cuando el acuerdo estaba listo para la firma tras una mediación de bancos argentinos. Cristina rompió el principio de acuerdo desde Caracas, donde estaba en una de sus frecuentes visitas al chavismo. Nunca se supo por qué lo hizo, pero su ministro de Economía, Axel Kicillof, viajó de Caracas a Nueva York para dinamitar el acuerdo ya terminado.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, tiene un problema (o dos). El primero es que aquel acuerdo fracasado les había reconocido a los holdouts un 80 por ciento, entre capital e intereses, de la deuda en default. Cristina Kirchner aprobó personalmente los términos de ese acuerdo antes de dar marcha atrás. ¿Por qué los fondos buitre aceptarían menos ahora, después de que Griesa tomó posteriormente varias decisiones a su favor?

Es difícil que eso suceda, pero, a su vez, Prat-Gay tiene que saltar con suerte una valla importante: establecer un acuerdo que pueda ser aprobado por el Congreso. Es improbable que el Parlamento apruebe una quita del 20 por ciento, parecida a la que conformó a Cristina. La ex presidenta tenía mayoría propia en el Congreso y los bloques de Macri son minoría en las dos cámaras.

Prat-Gay debería lograr una quita mayor que la que había conseguido Cristina, pero los fondos buitre tienen el antecedente del acuerdo abortado por la ex presidenta y un fallo definitivo de la justicia norteamericana.

En rigor, cualquier quita será poca si la comparación es la decisión de no pagar que tomó Cristina luego de frustrar aquel acuerdo. Ésa es la política que prevalecerá en los legisladores del kirchnerismo duro. Macri podría acceder a otras franjas del peronismo, pero el acuerdo debe ser presentable, sobre todo después de un año y medio en el que el discurso del no acuerdo predominó en la política argentina.

El segundo problema de Prat-Gay es que necesita el acuerdo. Un país en default (selectivo o parcial, como lo quieran llamar) tiene dificultades para atraer la inversión y para su relación con el mundo económico, financiero y político.

Cada paso que intenta dar el ministro tropieza con el obstáculo del default. Por ejemplo, el gobierno de Macri decidió iniciar las gestiones para incorporar a la Argentina a la OCDE, un club exclusivo de la economía (tiene sólo 34 miembros) que agrupa el 80 por ciento del producto bruto mundial. Ante el primer intento, chocó con la noticia de que la OCDE tiene la peor calificación de la Argentina, que la recibió directamente del Club de París. "¿Por qué, si al Club de París le pagamos hasta lo que no le debíamos?", preguntó el ministro, en alusión al acuerdo de Kicillof en los primeros meses de 2014. "Porque están en default con los holdouts y con los bonistas embargados por Griesa", le respondieron.

Otra novedad se conoció en las últimas horas: el embargo a los bonistas que sí aceptaron los canjes sólo podrá ser levantado si los fondos buitre se lo piden expresamente a Griesa. Y eso no sucederá mientras no exista un acuerdo terminado.

La única negociación financiera internacional que no está comprendida por los límites del embargo es el préstamo que bancos extranjeros le darán al Banco Central argentino. Son unos 8000 millones de dólares, que llegarán en los próximos días. Griesa ya precisó que los recursos del Banco Central no pueden ser embargados por los fondos buitre. La operación está terminada; sólo se demora porque el presidente del Banco, Federico Sturzenegger, aspira a conseguir una merma de medio punto en la tasas de interés que deberá pagar por ese préstamo. Ahora, aliviado por la salida sin traumas del cepo cambiario, tiene menos urgencia para recibir esos dólares, que servirán para aumentar las reservas de libre disponibilidad de la autoridad monetaria. Reservas que podrían ser usadas, si fuera necesario, para intervenir en el mercado de cambios.

El Gobierno espera una posición crítica del kirchnerismo en el Congreso frente a un eventual acuerdo con los fondos buitre. Será así, anticipa, a pesar de que el kirchnerismo conoció la grieta propia cuando el bloque de senadores peronistas se partió por los despidos de Michetti y cuando importantes dirigentes partidarios comenzaron a buscar una alternativa no cristinista. Esa oposición podría ser intransigente a pesar, también, de que consiguió la designación de Ricardo Echegaray en la Auditoría General de la Nación (AGN). El macrismo negoció la designación de Echegaray, en un cargo que es de la oposición, por el acuerdo a los jueces de la Corte designados por Macri. Con todo, es probable que Echegaray no termine su gestión al frente de ese organismo. Bastaría con que un juez lo procesara en una de las muchas causas penales que tiene.

Amparo

Elisa Carrió pidió un amparo para que el ex jefe de la AFIP sea separado del cargo. Carrió fue perseguida por Echegaray cuando éste estaba al frente de la agencia impositiva. Pero el propio Prat-Gay también fue perseguido y difamado por Echegaray.

La oficina de Echegaray hizo trascender en su momento que el ahora ministro tenía una millonaria cuenta en dólares en Suiza, en el banco HSBC, que no había declarado. Prat-Gay era sólo el administrador de una cuenta de la familia Fortabat. Cuando Echegaray se dio cuenta de que no podía investigarlo como mero administrador, ordenó iniciar una investigación separada y especial contra Prat-Gay. Ninguna de esas decisiones las firmó Echegaray, sino dos secuaces suyos en la AFIP de entonces. Lo mismo hizo con la denuncia judicial contra los titulares de aquellas cuentas en Suiza. Tampoco la firmó él. El nuevo jefe de la AFIP, Alberto Abad, un hombre con prestigio y conocedor de la estructura impositiva, despidió a esos sicarios de Echegaray. Prat-Gay denunció luego penalmente a Echegaray por haberlo difamado manipulando el secreto fiscal; esa causa está abierta todavía.

Así las cosas, los prófugos de General Alvear son sólo la cara más mediática y grosera de una herencia mucho más ardua.

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