La OA denunció a Aníbal Fernández por fraude con fondos públicos

Cuando Aníbal Fernández se tomó una pausa de la Casa Rosada, entre 2012 y 2015, combinó su actividad en el Senado con la política deportiva. En abril de 2013, logró conquistar la presidencia de la Confederación Argentina de Hockey (CAH). Aunque había intentado separar los cargos públicos de su dirigencia en ese deporte, los roles se entremezclaron cuando, a principios del año pasado, volvió al frente de batalla y se sumó al gobierno.

Un contrato millonario muestra que Aníbal Fernández virtualmente estuvo parado -en un mismo día- de los dos lados del mostrador. Documentos oficiales a los que accedió LA NACION revelan que el 26 de febrero de 2015 la CAH recibió $ 56 millones de fondos públicos de la Jefatura de Gabinete y que apenas unas horas después el quilmeño quedó al frente de esa cartera.

La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, denunció ayer al ex funcionario en Comodoro Py por presunto abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y defraudación por administración fraudulenta. Para la denunciante, hubo una secuencia temporal del trámite que buscó "evitar que Fernández aparezca como solicitante y otorgante al mismo tiempo", además de "una confusión total entre los roles descriptos".

La fecha clave es el 26 de febrero de 2015. Por la mañana, el entonces jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, firmó un convenio de cooperación y asistencia financiera con la CAH para "instalar canchas de césped sintético para hockey en cada provincia del país". La cartera coordinadora de ministros otorgaba un monto no reintegrable de $ 56 millones en cinco cuotas mensuales consecutivas.

Esa misma tarde, a las 19, Aníbal Fernández (que en ese momento se desempeñaba como secretario general de la Presidencia) juró para asumir como jefe de Gabinete. Así, se sentaba en la misma silla desde la que se había otorgado, horas atrás, el convenio con la CAH, que él comandaba.

Aníbal Fernández señaló que al momento de la firma del contrato se había tomado una licencia de la CAH para evitar incompatibilidades. Sin embargo, el texto del acuerdo del 26 de febrero de 2015 era claro en su encabezado. "La Jefatura de Gabinete de Ministros, representada por el señor contador público Jorge Milton Capitanich, por una parte, y la CAH, representada por su presidente, doctor y contador público Aníbal Domingo Fernández (...), acuerdan en celebrar el presente convenio", dice el documento.

Al pie del acuerdo, sin embargo, Fernández no firmó, sino que lo hizo Mario Galliano, secretario de la CAH y su subalterno en esa institución. En diálogo con LA NACION, Aníbal Fernández rechazó que hubiera incompatibilidades. "No está mi firma, ni desde el gobierno ni desde la CAH", señaló.

"Razón ética"

Consultado acerca de por qué su nombre figura en el encabezado del convenio en representación de la CAH, respondió: "Yo no leí ese documento porque no firmé". Y reconoció: "Tomamos la decisión de que Galliano firmara el comunicado por una razón ética, no fue casualidad". Más tarde, en un comunicado a través de Facebook, repitió sus argumentos y embistió contra Alonso.

El convenio estipulaba instalar canchas de césped sintético en todas las provincias para ayudar a los puntos del país en donde hay escaso financiamiento. LA NACION accedió a algunas de las facturas que confeccionó la empresa contratada, Commercial Carpets SA, en donde se observa que se pagó por cancha un valor de $ 1.164.019 más "viáticos pasajes y estadía de instaladores", por otros $ 53.371. El monto es igual en cada caso, sin indicar en qué provincia se realizó el trabajo ni registrar distinciones por las distancias dispares.

La OA solicitó en su denuncia que se estipule si existieron sobreprecios debido a diferencias entre el presupuesto inicial y lo que finalmente se hizo. Fernández respondió que la empresa contratada "es la única homologada por la International Hockey Federation" y que la firma consiguió un costo muy barato porque congeló el precio de los insumos, que son importados, a un valor de $ 9,60 por dólar.

"Todo este proceso está auditado por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) de este gobierno", agregó. No hizo mención, sin embargo, a que el polémico convenio lleva su nombre en el encabezado, ni que asumió en la Jefatura de Gabinete -que otorgó el beneficio- horas después de la firma del contrato.