La OA desligó a Macri de un conflicto de intereses con el Correo

La Oficina Anticorrupción (OA) desligó a Mauricio Macri de cualquier conflicto de interés en el episodio del Correo Argentino SA. El organismo resolvió que no hubo faltas a la ley de ética pública en la decisión de aceptar la oferta de la empresa controlada por el holding de la familia del Presidente, que buscaba saldar su deuda con el Estado en su concurso preventivo.

El organismo de control elaboró una extensa resolución, en la que dictaminó que, según lo estipulado por la ley de ética pública y la ley procesal civil, "Macri tendría vedado intervenir en cualquier actuación relacionada con la empresa Correo Argentino SA". Sin embargo, según la OA, "no surgió intervención alguna del Presidente ni en la aceptación de la propuesta del Correo ni en ningún otro asunto vinculado a dicho concurso de acreedores".

Para la OA, el hecho de que el ex Ministerio de Comunicaciones haya aceptado -en el marco de la audiencia judicial- la oferta de Correo Argentino SA no acreditó un conflicto de interés.

"La mera organización jerárquica de la administración pública no conlleva un conflicto de intereses por la actuación de cualquier funcionario en un asunto vinculado a los intereses particulares del Presidente", señaló la opinión técnica del organismo que conduce Laura Alonso.

La resolución de la OA llegó como reacción al dictamen que, a principios de 2017, había elevado la fiscal general en lo Comercial Gabriela Boquin luego de que el Gobierno aceptara la oferta de Correo Argentino SA para saldar su viejo crédito con el Estado.

La fiscal consideró que el acuerdo (que se revirtió luego del escándalo) hubiera sido "abusivo" y que hubiera implicado "una condonación de la deuda" por más de $4277 millones. Pero, además, advirtió por el posible conflicto de interés por la relación de Macri con los actuales accionistas del Correo Argentino SA. "Habiendo relación de dependencia jerárquica entre el Presidente, el jefe de Gabinete y los ministros, la existencia de conflicto de interés surge palmaria", había advertido la fiscal.

Con duras críticas a la fiscal, la OA hizo una cerrada defensa de las actuaciones de Macri, del por entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y del funcionario que dio el sí en la audiencia con el Correo Argentino SA, el exdirector de Asunto Jurídicos de ese ministerio, Juan Manuel Mocoroa.

La ley

El organismo de control resaltó que "el Presidente no dirige, administra, representa patrocina o asesora ni presta servicios al Correo Argentino SA" y que tampoco tuvo vínculo en los tres años previos, los supuestos que prevé la ley de ética pública para definir los conflictos de intereses.

Sin embargo, sí corrió para Macri su deber de excusación, dado que el Correo Argentino SA es controlada por Socma Americana y sus accionistas son integrantes de la familia del Presidente: sus hijos (que heredaron las acciones de Mauricio en el holding), sus hermanos y su padre, que según el documento detentaría "el usufructo vitalicio de esas acciones".

De acuerdo al escrito del organismo, sin embargo, la aceptación de la propuesta del Correo corrió únicamente por cuenta de Mocoroa y por instrucción directa de Aguad. "La relación jerárquica no implica el carácter transitivo de las prohibiciones de los superiores a los inferiores", insistió la OA.

La Justicia intentó dilucidar si Macri tuvo algún papel en el concurso del Correo. Tal como reveló LA NACION, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) le elevó al por entonces fiscal del caso, Juan Pedro Zoni, un informe con seis encuentros entre Macri y funcionarios del exministerio de Comunicaciones para que se investigue si el Presidente pudo haber influido a la hora de tomar la decisión para sellar un acuerdo en el concurso.

Para la OA, sin embargo, no surgió en las actuaciones una participación de Macri. El Presidente no firmó ningún papel ni figuró en los documentos.

El Gobierno había tomado nota del cortocircuito con el Correo Argentino cuando emitió el decreto 201/2017, que aprobó un procedimiento especial de representación del Estado (con intervención directa del procurador del Tesoro) en los casos en que pudiera existir un conflicto de intereses aparente que suscite dudas en la ciudadanía.